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“El desalojo es inhumano y la prepotencia del señor juez es inaceptable”: Arzobispo sobre desalojo de comunidad El Espino

El Arzobispo de San Salvador enfatizó en que es “inaceptable” la forma en que las familias de la comunidad El Espino fue desalojada el pasado mes de mayo.

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“Si se les va a quitar de esos lugares, debe dárseles una forma digna de vivir, no solamente desalojarlos por desalojarlos o ofrecerles $5 para que se callen”. Con estas palabras, el Arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, condenó enérgicamente el desalojo que se realizó el pasado mes de mayo en la comunidad El Espino.

“Debe haber una actitud justa, de bondad, de ganancia para las personas”, sostuvo el Arzobispo, agregando también que, con esta medida, se ha eliminado el derecho humano en esta situación. “¿Dónde quedó el derecho del pobre, de la persona vulnerable que es a la que principalmente debe proteger el Estado? Parecería que volvemos a los tiempos de la Colonia, donde se le quitó las tierras a nuestros hermanos”, cuestionó el líder eclesiástico.

"¿Dónde quedó el derecho del pobre, de la persona vulnerable que es a la que principalmente debe proteger el Estado?"

De igual forma, Escobar Alas reiteró que, como Iglesia Católica en El Salvador, están de lado de las familias desalojadas y exigen una solución digna y humana para ellos. “Estamos totalmente unidos con el IDHUCA. El Padre Tojeira me habló de esta situación y como Iglesia estamos a favor de estas personas. Estamos en absoluto desacuerdo con la manera en que se ha manejado el caso. El desalojo es inhumano y la prepotencia del señor juez es inaceptable”, declaró.

El pasado 16 de mayo, las 77 familias que conforman la comunidad El Espino fueron desalojadas del terreno que ocupaban en una propiedad privada. El proceso comenzó en julio de 2014, cuando la familia propietaria interpuso una demanda a los habitantes de la comunidad por invasión de la propiedad privada. El 9 de junio de 2015 se dio a conocer el fallo en el que se estipulaba que los pobladores tenían que desocupar el terreno.

A partir de entonces se buscó la forma de proceder con el desalojo de las familias en diversas ocasiones. Sin embargo, los habitantes de la zona han utilizado todo recurso legal a su alcance para obtener una prórroga de la sentencia y que no se vieran en la obligación de desocupar sus viviendas.

El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Humano informó el mes pasado que se le iba a proporcionar un cheque a cada familia con un monto de $12,000 a las que no posean otra propiedad y de $4,000 a las familias que sí tengan otros inmuebles. Sin embargo, los pobladores que aún quedaban no estuvieron de acuerdo.

Sin embargo ese mismo 16 de mayo se comenzó, nuevamente, con los desalojos con la supervisión del juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma. Miembros de la PNC y trabajadores de la alcaldía llegaron al lugar a las 6 de la mañana para sacar las pertenencias y lugareños del terreno, propiedad de la familia Dueñas.

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