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El ex presidente Saca y su esposa fueron encontrados culpables de enriquecimiento ilícito

Antonio Saca y Ana Ligia de saca deberán restituir al Estado $3,892,698.71 y $589,608.82 respectivamente.

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Este martes 5 de enero se llevó a cabo la audiencia sobre el caso de enriquecimiento ilícito del expresidente Elias Antonio Saca y de su esposa Ana Ligia de Saca y en ella, la Cámara Primero de lo Civil condenó al expresidente Elías Antonio Saca a restituir al Estado $3,892,698.71 mientras que Ana Ligia de Saca deberá devolver  $589,608.82.

Adicionalmente, la condena  inhabilitó el ejercicio de cualquier cargo público por 10 años a Elías Antonio Saca.

El fiscal auxiliar del caso, Gerver Montoya, expresó que ha sido una resolución favorable para la Fiscalía porque se ha logrado condenar al señor Elías Antonio Saca y a su esposa. “Es una suma que no era lo que pretendíamos pero en su oportunidad vamos a esperar la resolución para analizarla y ver la posibilidad de una apelación". 

Explicó que aunque la pericia era de un monto mayor (5.1 millones), los señores magistrados hicieron sus análisis de interpretación "conforme a la independencia judicial que tienen" y se determinó un monto menor. Ante esto afirmó que cuando los magistrados detallen sus argumentos del monto los analizarán y con base en ellos verán si apelan.

Por su parte, Fausto Gutiérrez, abogado defensor de Saca sostuvo que "la representación fiscal no acreditó los elementos procesales para un enriquecimiento ilícito de naturaleza civil". Bajo ese sentido, el abogado afirmó que apelarán la decisión.

"Lo que dio origen a este proceso de enriquecimiento civil es el informe de probidad, es decir, son los mismos hechos por los cuales el señor Saca Gonzáles ya fue juzgado y condenado a restituir al Estado más de 300 millones de dólares. Esos son los elementos que se harán valer en la segunda instancia", expresó.

Por el momento no se ha detallado cuánto tiempo tiene el expresidente y su esposa para devolver el dinero, sino que esto se llegará a conocer en la segunda instancia. 

Gutiérrez también expresó que algo importante es que "en este caso específico no se ha probado traslados de dinero de cuentas del Estado hacia cuentas personales de Saca ni de cuentas de sociedades que él representaba. Únicamente se ha comprobado incremento patrimonial mas no así traslado de fondos".

También el abogado de Ana Ligia de Saca, Miguel Angel Flores Durel, se pronunció ante la resolución de la audiencia.

"Esto apenas empieza. Ella nos ha pedido que controlemos esta decisión judicial, la manera es un recurso de apelación. También se admite el recurso de casación, de manera que esto empieza, durará uno o dos años más. Hay por lo menos 5 motivos para impugnar esta decisión y lo vamos a hacer porque esta es la instrucción que tenemos por parte de la señora Ana Ligia de Saca".

En una audiencia probatoria realizada  el pasado diciembre en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador se determinó que el enriquecimiento ilícito del expresidente y su esposa había aumentado en más de $500 mil, superando en total los $5.1 millones.  

Al principio se le señaló por un monto de $3,970,013.23, pero la pericia financiera contable presentada por el Ministerio Público reflejó un incremento.

También, la Unidad Anticorrupción fiscal afirmó que la demanda en contra de la exprimera dama era por dos irregularidades en las que tuvo un incremento patrimonial no justificado de $589,608.42, pero con la pericia presentada en la audiencia ese monto aumentó a $718,904.93.

Según el Ministerio Público esas irregularidades fueron determinadas por depósitos que fueron realizados por empresas de Alías Antonio Saca, entre las que destacan Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.  y el grupo Samix. 

El caso se llevó a estudio y la audiencia fue programada para este martes finalizando con la condena del expresidente y su esposa. 

El expresidente Saca fue condenado a 10 año de prisión por peculado y lavado de dinero, habiendo desviado más de $3 millones de las arcas del Estado salvadoreño. Fue detenido el 30 de octubre de 2016 y figura en la lista de los tres expresidentes salvadoreños que han sido procesados por delitos de enriquecimiento ilícito o desvío de fondos públicos, junto a Mauricio Funes quien buscó asilo en Nicaragua y Francisco Flores, expresidente que falleció en el año de 2016.

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