El impago de las pensiones será culpa de la Sala de lo Constitucional: Presidente Cerén

El presidente brindó una cadena nacional esta noche en la que criticó y sentó la “postura de su gobierno”, tras el fallo de inconstitucionalidad a la reforma de pensionas dada por la Sala esta misma tarde.
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“Mi gobierno no permitirá que la Sala ni nadie deje a los jubilados sin pensión”. Con esas palabras, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, criticó el fallo de inconstitucionalidad dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) esta tarde, con respecto a las reformas al sistema de pensiones aprobadas la semana pasada por la Asamblea Legislativa.

Según Cerén, “el impago de pensiones es culpa de la Sala de lo Constitucional y condeno estas medidas que son políticas y que solo buscan crear el caos y desestabilizar al país”. Además, agregó que “la Sala ha violado el debido proceso y emitido sentencias con la intensión de crear crisis y confrontación”.

“Llamo al pueblo salvadoreño a respaldar al gobierno en las medidas que tomaremos para asegurar el pago de las pensiones”, declaró esta noche el presidente, asegurando que “la anulación este día del mecanismo de pago deja sin fuentes de ingreso a más de 175 mil jubilados en El Salvador, de los cuales 78 mil pertenecen al sector privado”.

La Sala de lo Constitucional resolvió esta tarde que es inconstitucional la reciente reforma que realizó la Asamblea Legislacita al sistema de pensiones, con la cual se subió el techo obligatorio de compra de Certificados de Inversión Provisional (CIP) por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al Estado de un 45% al 50%.

Según los magistrados, la modificación produce una afectación “intensa” de los derechos fundamentales de los implicados, porque implica ampliar el riesgo sobre sus pensiones y limita el margen de inversión de las AFP en títulos no obligatorios con mejores tasas de interés.

 La resolución de la Sala se enmarca en el proceso de seguimiento que hace el tribunal de la sentencia emitida en diciembre del 2014, en la que los magistrados establecieron que las AFP están obligadas a comprar el 45% de los CIP.
 

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