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El país sigue siendo fuente y destino para la trata de personas

Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a El Salvador entre los países que hacen esfuerzos insuficientes para combatir ese delito.
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El salvadoreño Érick Araujo Flores solicitó hace tres años a quien fue su niñera en El Salvador que le ayudara a encontrar “amigas” en su país natal. La mujer lo contactó con su sobrina, entonces de 14 años, quien estaba siendo amenazada por una pandilla en su lugar de origen en El Salvador.

El sujeto ofreció llevar a la menor y a su familia a Estados Unidos, si ella accedía a tener relaciones sexuales con él.

Entre 2013 y 2014, Araujo Flores viajó tres veces a El Salvador y tuvo relaciones sexuales con la adolescente, por lo cual le pagó a la madre. En uno de esos viajes le habría dicho a la madre de la menor que él era la única esperanza entre su seguridad y ser víctimas de las pandillas. Fue así como aceptaron que él les financiara el viaje de forma indocumentada hacia Estados Unidos.

El caso del salvadoreño se conoció el mes pasado, luego de que fue sentenciado a 25 años de prisión por una corte federal en el estado de Virginia por tráfico sexual y turismo sexual.

Según una nota publicada por el periódico The Washington Post, fiscales federales aseguraron que el viaje de la joven y su madre fue el hecho que permitió que se conociera el caso y que el inmigrante fuera detenido, enjuiciado y condenado.

La acusación detalla que el salvadoreño alquilaba una casa a la madre y su hija muy cerca de donde vivía con su esposa y su familia. Para obtener los favores sexuales de la adolescente, a menudo las amenazaba con dejar de pagar el alquiler, no comprarles comida y denunciarlas ante inmigración.

La historia encaja con la definición de trata de personas, como se denomina al traslado con engaños o por coacción de una persona para explotarla con fines sexuales o laborales, principalmente.

A finales de la semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer el reporte anual sobre Trata de Personas en el Mundo, por mandato de una ley aprobada por el Congreso en 2000.

El reporte divide en cinco grupos a los países, de acuerdo con su nivel de cooperación y aplicación de las leyes para combatir ese delito, considerado como la “esclavitud moderna”.

El Salvador se ubica en el grupo dos (Tier 2, en inglés), lo que significa que existe el delito de trata de personas y que el Gobierno hace los esfuerzos para combatirlo, aunque sean insuficientes.

“El Salvador es un país fuente, tránsito y destino para que mujeres, hombres y niños sean sujetos de tráfico con fines sexuales y de explotación laboral”, dice el primer párrafo del capítulo dedicado al país. El Salvador se ha mantenido en el mismo escalón del ránking desde 2009.

Además, señala que en el país adultos y niños son forzados a la mendicidad, así como trabajo forzado en agricultura, servicios domésticos y el sector textil.

También inmigrantes de países vecinos como Honduras y Nicaragua son a menudo víctimas de ese flagelo.

De acuerdo con el informe, las bandas dedicadas a la trata de personas usan las agencias de empleos o las redes sociales para atraer a potenciales víctimas, ofreciendo empleos lucrativos.

Mujeres, hombres y menores de edad son también víctimas de trata con propósitos de explotación sexual en países como Guatemala, México, Belice y Estados Unidos, concluye el documento.

Asimismo, migrantes salvadoreños son obligados en territorio mexicano a ejercer actividades criminales y explotados laboral o sexualmente en su camino hacia Estados Unidos.

Marco legal

El reporte es muy crítico con el ordenamiento jurídico salvadoreño, en cuanto al combate de ese delito. “Corrupción, particularmente en el sistema judicial, permanece como un obstáculo en los esfuerzos de aplicación de la ley”, asegura.

Además, sostiene: “El Gobierno de El Salvador no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, hace esfuerzos significativos para lograrlo”.

Según el documento del Departamento de Estado, el Gobierno salvadoreño investiga y persigue los crímenes relacionados con tráfico sexual infantil, provee asistencia a algunas niñas, pero identifica pocas víctimas.

Otra crítica a El Salvador es que no se ha investigado ni se ha detenido a nadie relacionado con redes de explotación laboral.

También se hace notar que el marco legal para castigar la trata de personas no es similar a la legislación internacional acordada.

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