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"El presidente Bukele muestra intolerancia ante la crítica internacional"

La representante de Amnistía Internacional dijo que seguirán documentando las violaciones de derechos humanos y  las harán saber al Estado.

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Erika Guevara Rosas,  directora de Amnistía Internacional

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional

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Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), brindó una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA para hablar del papel que desempeña actualmente el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Destacó la importancia de la intervención de la comunidad internacional ante las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo con el régimen de excepción y habló también de los ataques hacia los periodistas.

Usted había solicitado reunirse con el presidente Nayib Bukele para entregarle el informe de violaciones de derechos humanos que pudieron constatar durante el régimen, pero él no accedió. ¿Cómo interpreta esa respuesta de parte del mandatario?

Sin lugar a dudas el presidente ha mostrado una intolerancia ante la crítica y ante el escrutinio internacional, ha convertido de toda persona que haga algún señalamiento en el enemigo. Nosotros formamos parte de ese grupo que está conformado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que estamos denunciando el fracaso de sus políticas públicas, por ejemplo.

Bukele dijo que el país es soberano y que tomará las decisiones que considere convenientes, "quienes quieran apoyarnos son bienvenidos ... pero los que no mejoran, apártense", recalcó. ¿Qué piensa de este mensaje hacia la comunidad internacional?

Es un mensaje sin lugar a dudas no solo a la comunidad internacional, sino también a la sociedad civil salvadoreña que durante años ha venido en muchas ocasiones a reemplazar la responsabilidad estatal de protección de los derechos humanos. Lo que queda claro en ese mensaje es que el presidente está diciendo que él y solo él tiene la respuesta a los graves problemas en materia de derechos humanos que atraviesa el país. Sabemos por experiencia que ese tipo de enfoques unilaterales lo único que generan es un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, donde la población es la que tiene que pagar el alto costo.

¿Por qué la comunidad internacional debe estar pendiente de lo que sucede en El Salvador?

Tiene que estar pendiente por dos razones. La primera porque hay una obligación de compartir la protección de los derechos humanos a nivel mundial, es por eso que los Estados participan de múltiples mecanismos multilaterales como una apuesta importante para hacerse rendir cuentas unos a los otros.

Segundo, y mucho más importante en el caso de El Salvador, es porque hoy día tiene síntomas y señales muy similares a las que hemos visto en otros países como Nicaragua, Venezuela y Colombia, donde el contexto de graves violaciones a los derechos humanos se ha convertido en una norma. Así que la comunidad internacional tiene que prestar especial atención sobre todo para prevenir esa espiral de violaciones a los derechos humanos.

En un contexto de intolerancia total al escrutinio internacional, donde se cierra todo el espacio de participación democrática de la sociedad civil, es claro que las consecuencias son devastadoras para la vida de las personas.

La comunidad internacional también ha estado pendiente de los ataques que han sufrido los periodistas, que incluso han sido espiados. ¿Amnistía Internacional se involucró en ello?

Hemos documentado con mucha preocupación el tema de la vigilancia cibernética a través del uso de Pegasus, que se ha utilizado en otros países para vigilar a personas defensoras, periodistas y que sabemos, por la propias compañía que generalmente se le vende a los Estados.

Hasta el momento no ha habido investigaciones. En ese contexto, con la llegada del régimen de excepción, se levantan todas las alarmas, sobre todo porque suspendieron garantías de derechos humanos que bajo las leyes internacionales El Salvador está obligado a cumplir.

No pueden suspenderse garantías básicas como el debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa adecuada frente a situaciones de detenciones. Y es así como decidimos desplegar una misión de nuestro equipo de crisis, un equipo que desplegamos solo en situaciones en donde la sistematización de violaciones a los derechos humanos podrían constituir responsabilidad penal internacional.

¿Qué ha podido constatar Amnistía Internacional en esta visita a El Salvador durante el régimen de excepción? 

El propio Estado refiere que son 36,000 personas las que han sido detenidas en un período un poco más de dos meses que han duplicado ya la cifra de personas privadas de libertad que ya existían en el país. Hay una preocupación por los altos niveles de hacinamiento que han alimentado  la violencia, en ese contexto de violaciones al debido proceso. Las  detenciones arbitrarias y las audiencias que se dan de 500 a 600 personas sin defensoría pública adecuada, etcétera. 

Hay dos temas que a mí me gustaría resaltar y que son muy emblemáticos de esa indolencia, sobre todo no solo con las víctimas que han sido detenidas, sino con sus familiares que han reportado varias muertes y que  han ocurrido bajo custodia del Estado. Hasta este jueves 2 de junio se tiene un registro de por lo menos 23 personas que en este contexto del régimen de excepción han muerto en situación de detención bajo la custodia del Estado. 

Conocemos el caso de William Galeas que fue detenido junto con su madre y hermana, pero a los días de ser detenido, una funeraria le anuncia a la familia de la muerte de esta persona. Hasta este momento, no hay ninguna autoridad del Estado que se haya personado para dar información sobre la situación que llevó a la muerte de William.  Esto demuestra las falencias en la implementación de un régimen de excepción que está colapsando las instituciones del Estado, que no tienen capacidad de respuesta en una muerte bajo custodia, que tendría que ser investigada imparcial y expeditamente por el Estado. 

También se ha denunciado críticamente la situación de detención de niñas, niños y adolescentes a través de la reformas legislativas al Código Penal y Código Procesal  Penal, donde se ha disminuido la edad de responsabilidad penal por un lado y por otro lado, pues son niñas niños y adolescentes de comunidades históricamente marginalizadas, personas que viven en situación de pobreza, en un contexto que se conoce mundialmente de reclutamiento forzado por parte de la maquinaria criminal de las pandillas. No solo no han sido protegidos por el Estado frente a estas violaciones a sus derechos humanos, sino que hoy día, están siendo castigadas precisamente por ser pobres y por ser parte de comunidades marginalizadas. 

¿Cómo evalúa el trabajo del Gobierno frente a la falta de información en Centros Penales y el trato hacia las familias de los capturados? 

Lo que nosotros hemos denunciado en estas conclusiones preliminares es que la implementación de este régimen de excepción ha requerido de la colaboración al más alto nivel de todos los poderes del Estado,  que en su colaboración, en su coordinación han sacrificado los derechos humanos de las personas. 

Yo personalmente me reuní con el Procurador General de la República (René Escobar), quien claramente me manifestó que su labor es implementar la visión del Gobierno del presidente Bukele, a pesar de que se trata de una institución autónoma independiente, cuyo mandato constitucional es la defensa pública efectiva de toda persona que ha sido sujeta a un procedimiento judicial. 

Lamentablemente, es en ese contexto en donde este régimen de excepción te muestra con preocupación que no es la excepción. Es una nueva forma de Gobierno en donde se utilizan herramientas creadas para otras circunstancias para suspender las garantías en este caso de personas detenidas, pero que en el futuro podría ser para suspender las garantías y los derechos humanos de otras poblaciones en otros contextos, en donde lamentablemente la falta de contrapesos por parte de las otras poderes del Estado genera una situación de arbitrariedad e impunidad frente a políticas fallidas del Gobierno. 

Según algunos funcionarios, el régimen podría quedar permanente, ¿qué piensa de ello? 

Sería insostenible mantener un régimen de esta naturaleza, no solo por la suspensión de los derechos, sino por lo que supone al gasto público, lo que supone seguir deteniendo a personas sin tener condiciones carcelarias, es decir, logísticamente es casi inimaginable pensar en ello, por las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas, y si tienen cabida para una persona más estos centros de detención, donde ya han víctimas que han sido violentadas de diferentes maneras.

Es muy preocupante las pocas alternativas y opciones que tienen las familias de las víctimas, porque las instituciones encargadas de velar por su representación como la propia Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos,  no está cumpliendo con su mandato de manera adecuada.

Hasta el momento,  son las organizaciones de derechos humanos  las que siguen reemplazando la responsabilidad de instituciones del Estado, son quienes están llevando la representación, quienes están documentando los casos.

Las familias también tendrán que seguir levantando la voz para romper esta narrativa, que por un lado, solo se están deteniendo terroristas cuando ni siquiera se están presentando evidencias. Por otro lado, para que también se pueda desmantelar esta estrategia de comunicación que presenta una realidad que dista mucho de la experiencia que están viviendo las comunidades.

¿Seguirá Amnistía verificando las violaciones en el régimen de excepción?

Sí. Nosotros continuaremos nuestro trabajo de investigación. Además vamos a seguir haciéndole llegar esta información al Estado para que asuman esa responsabilidad de no continuar violentando los derechos humanos, a pesar de que ya se les ha señalado múltiples ocasiones.

¿Qué opina de las reformas al Código Procesal Penal que criminalizan a los periodistas?

Hemos visto, desde la llegada del presidente Bukele, una intolerancia a la crítica que se traduce en ataques a la libertad de expresión, a la estigmatización y al hostigamiento en contra del periodismo independiente, de crítica.

Hoy está esa estigmatización se está convirtiendo en política pública a través no solo de las reformas legislativas, sino también de la censura que se ha generado a los medios de comunicación.

Esta orden de ataque que se da desde las redes sociales y que se han trasladado de la esfera virtual a la esfera física de amenazas en la vida de personas.


¿Quién es?

Erika Guevara  Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Trayectoria: Defensora de derechos humanos. Trabajó también para ACNUR y para la ONU.

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