"El respeto a los Derechos Humanos no es un asunto interno"

Tres relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU enviaron una carta a El Salvador por la Ley de Agentes Extranjeros.

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Pendiente. La Ley de Agentes extranjeros tiene dictamen favorable de diputados del oficialismo, a la espera de ser incorporado en agenda de una sesión plenaria.

Pendiente. La Ley de Agentes extranjeros tiene dictamen favorable de diputados del oficialismo, a la espera de ser incorporado en agenda de una sesión plenaria.

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La Ley de Agentes Extranjeros con que el gobierno de Nayib Bukele pretende apropiarse del 40 % de los fondos otorgados a organizaciones de la sociedad civil fue severamente cuestionada en una carta enviada por tres relatores de derechos humanos de la ONU y que fue hecha pública ayer.

La carta fue enviada por Clement Nyaletsossi Voule, relator especial sobre derechos de la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

En su misiva, los relatores realizan un análisis del contenido de la Ley de Agentes Extranjeros, y señalan una serie de vacíos, ambigüedades e incongruencias en el texto de la normativa, ya revisada y aprobada por los diputados de Nuevas Ideas en la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea oficialista.

Entre otras cosas, los relatores cuestionan que si bien puede haber restricciones en los derechos a la asociación o a la libre expresión, "en ninguna circunstancia las restricciones pueden ser tan onerosas que pongan en peligro el derecho en sí", ante la disposición de la normativa de imponer multas que van desde los $100 mil hasta los $250 mil.

Además, Nyaletsossi es preciso en una crítica: "es paradójico que algunos de los Estados que estigmatizan a las asociaciones en sus países que reciben fondos del extranjero estén recibiendo también fondos extranjeros (en forma de préstamos, financiación o asistencia), por lo general en cantidades considerablemente superiores a las que llegan a las ONG".

Por otra parte, los relatores también criticaron la disposición de la ley que establece que, una vez entrada en vigor, las asociaciones tendrán 180 días hábiles (casi nueve meses) para inscribirse, sin que puedan realizar actividades ni movimientos financieros hasta entonces.

Asimismo, los relatores consideraron que la ambigüedad de sus conceptos permitiría discrecionalidad en su uso, por lo que pidieron que, de discutirse, sea escuchando a la mayor cantidad de voces posibles, incluyendo a las organizaciones afectadas; algo que no sucedió en la Asamblea, ya que Nuevas Ideas únicamente escuchó a funcionarios del GOES para aprobarla en menos de una semana.

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