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Emergencia en penales sin aval judicial

Juzgados confirman que Gobierno aún no envía solicitudes para decretar emergencia en penales. Ley da potestad única a jueces penitenciarios. Entre críticas de abogados y Human Rights Watch, Seguridad justifica medida por detectar amenazas en cárceles.

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"Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, 0 visitas, 0 actividades, 0 patio, 0 tiendas, todos en sus celdas, incomunicados, 24/7, hasta nueva orden", solicitó el lunes por la noche el presidente de la república, Nayib Bukele, al director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza. El mensaje, publicado en Twitter, era una orden para decretar emergencia en todas las cárceles del país por segunda vez durante su gestión.

Pero la Ley Penitenciaria deja claro que el presidente no tiene la potestad para imponer la emergencia en las cárceles. Solo lo puede hacer la Dirección General de Centros Penales (DGCP) cuando detecte situaciones de indisciplinas o de fuerza mayor que pongan en riesgo la seguridad penitenciaria, aunque luego tiene que solicitar a un juez que lo avale.

El artículo 24 de la Ley Penitenciaria establece que solo los Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena pueden confirmar, modificar o revocar el estado de emergencia en una cárcel, situación que ayer por la tarde todavía no había ocurrido, según confirmaron dos voceros de las seis sedes judiciales penitenciarias de San Salvador y Santa Tecla.

Los jueces no se pronuncian sobre la emergencia en las cárceles porque la DGCP todavía no les ha enviado la solicitud para que la estudien. Los juzgados de San Salvador y Santa Tecla tienen a su cargo los penales de Quezaltepeque (La Libertad), La Esperanza (conocido como Mariona, Cuscatancingo), Cárcel de Mujeres (Ilopango) e Izalco (Sonsonate).

Una jueza, que pidió no identificarse, explicó ayer que la DGCP puede decretar la emergencia en las cárceles sin que antes se lo apruebe un juzgado. Pero luego tiene que enviar a la sede judicial un escrito para argumentar el porqué de la declaratoria. Y los juzgados, de acuerdo con la ley, van a decidir si la confirman, revocan o modifican.

El presidente Bukele ordenó la emergencia luego de que dos soldados fueron asesinados entre el sábado 29 de febrero y el lunes 2 de marzo (leer nota secundaria).

El primer militar, identificado como Santos Díaz Amaya, fue ultimado en Morazán; y el segundo, de nombre José Rigoberto Reyes Medina, fue atacado en Ahuachapán. Aunque ayer el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo que la medida respondía a amenazas en los centros penitenciarios.

"Tenemos informes de inteligencia penitenciaria que los privados de libertad tenían previsto desestabilizar el sistema producto de que han tenido o han estado incomunicados desde las cárceles hacia el exterior. Hemos incautado también algunos manuscritos 'wilas' donde también se estaban tratando de comunicar entre ellos dentro de las mismas cárceles para generar algunas medidas de desestabilización", dijo Rivas, sin revelar los penales donde detectaron las supuestas amenazas.

Esta es la segunda vez que la administración Bukele declara emergencia total en las cárceles. Lo hizo entre junio y septiembre de 2019, como parte de su plan para reducir la delincuencia. En esa ocasión, algunos jueces revocaron la medida.

Ayer los abogados penalistas Marcela Galeas y Carlos Avelar coincidieron en que la emergencia vulnera los derechos de los privados de libertad. "Tienen que justificar el porqué (la emergencia) es para todos los centros penales. No se ha hecho un estudio, no existen las condiciones para que se dé una emergencia general dentro de centros penales", cuestionó Galeas.

Y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, escribió en su cuenta de Twitter: "Abusiva medida del Pdte. @nayibbukele. No es admisible castigar a todos los presos del país por el delito que pueden haber cometido algunas personas en particular".

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