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Empleado de CCR señala castigo desigual en caso de venta de libros

Fue trasladado por archivar la denuncia contra una exjefa de auditores que hizo negocio con una alcaldía que auditaba. Él apunta a su jefa inmediata.
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21 de mayo de 2018 Conflicto de intereses Isabel Cristina Laínez, exjefa de los auditores que investigan irregularidades en Apopa, vendió libros de su autoría a la alcaldía. Fue removida.

21 de mayo de 2018 Conflicto de intereses Isabel Cristina Laínez, exjefa de los auditores que investigan irregularidades en Apopa, vendió libros de su autoría a la alcaldía. Fue removida.

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Salvador Molina era el jefe de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Él fue quien envió al archivo una denuncia ciudadana contra la jefa de auditoría 3, quien le vendió libros cristianos a la Alcaldía de Apopa, a la cual auditaba. Molina fue trasladado a la biblioteca de la CCR por archivar esa denuncia. Ayer defendió su decisión, y alegó que hay otros motivos detrás de su traslado.

Molina, quien fue trasladado a la biblioteca el 3 de mayo pasado, considera que la sanción que le impusieron es desproporcional por dos razones: porque la peor parte del castigo se la llevó él y no su jefa inmediata, Mirna Mercado Laínez, quien también firmó la inadmisibilidad de la denuncia; y también porque cree que sus conocimientos “se están desperdiciando” en la biblioteca.

“La licenciada Mercado le dio el visto bueno y firmó la resolución en que fue declarada inadmisible la denuncia. Si ella también firmó, ¿por qué razón no la han sancionado como a mí? ¿Será porque es amiga de la presidenta de la corte?”, señaló Molina.

¿Por qué no admitió la denuncia contra una funcionaria que recibió fondos públicos a cambio de libros de su autoría? Molina sostiene que no la admitió porque, según él, no era específica al señalar con nombre y apellido al alcalde de Apopa, Santiago Zelaya. Como la denuncia le pareció incompleta, según el exjefe de Participación, solicitó al denunciante una ampliación y aclaración.

El denunciante no respondió en los siguientes tres días hábiles, por lo que entonces, con la firma de su entonces jefa, archivaron la denuncia por la venta de libros.

“Yo nunca dije a los magistrados que la denuncia fue archivada porque yo consideraba que la actuación de la jefa de auditores, de vender libros, no reñía con sus funciones. Lo que yo dije es que había aspectos en la forma de la denuncia que tenían que ser corregidos. No me metí a conocer el contenido de la denuncia. No me gusta que mi imagen haya sido dañada y que digan que soy antiético, porque yo solo seguí el Manual de Procedimientos de Transparencia”, aseguró Molina.

El exjefe de Participación agregó que su función era procesar denuncias contra funcionarios que utilizan recursos públicos para fines ajenos a los aprobados. Pero, según él, no le correspondía calificar como correcto o incorrecto lo que hizo la jefa de auditores, Isabel Laínez, al vender 20 libros a la alcaldía que auditaba. A su juicio, eso es competencia del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

Mirna Mercado, quien era la jefa de Molina, reconoció ayer que firmó y dio el visto bueno para archivar la denuncia por la venta de libros. Pero también dijo que recibió una amonestación verbal y privada de parte de la presidenta. En la amonestación, según constató este periódico, se lee que es un llamado de atención para que la directora de Transparencia sea “diligente en su trabajo”. Mercado también justificó su firma diciendo que su subalterno tenía independencia.

Él, en cambio, insistió en que hubo un trato desigual: “Cuando me trasladaron, hasta el parqueo que tenía asignado me quitaron. Eso no es proporcional en comparación con la licenciada Mercado, ni en comparación con la falta que podría haber cometido al archivar esa denuncia”, insistió.

El exjefe de Participación Ciudadana señaló, por otra parte, que considera que su traslado hacia la biblioteca de la institución no obedece exclusivamente a que archivó la denuncia por la venta de libros. Según él, también tiene que ver con que quienes lo sancionaron pretenden desprestigiarlo para que en el futuro no se postule como candidato a una magistratura de la Corte de Cuentas.

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