Empleados PGR afianzan bono de $500 para enero

Suspendieron labores ayer por retraso en la entrega de prestación
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Discusión.  Silvia de Bonilla, defensora pública, discute con un representante del sindicato de la PGR antes de reunirse con personal del Ministerio de Hacienda. Tras esa reunión, los empleados terminaron la protesta.

Discusión. Silvia de Bonilla, defensora pública, discute con un representante del sindicato de la PGR antes de reunirse con personal del Ministerio de Hacienda. Tras esa reunión, los empleados terminaron la protesta.

Empleados PGR afianzan bono de $500 para enero

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Empleados de la Procuraduría General de la República (FGR) suspendieron labores ayer por la mañana para protestar porque aún no les habían depositado el bono de $500 ofrecido para enero por la procuradora general, Sonia Cortez de Madriz.

Defensores públicos y empleados de la Unidad de Familia de la PGR se sumaron a la protesta que duró cerca de cinco horas. Deysi de Rodezno, una de las empleadas y quien lideró la medida, calculó que unos 250 empleados suspendieron labores para exigir el pago inmediato de la bonificación.

La procuradora general les hizo llegar un memorándum en el que les solicitaba paciencia para la entrega de la prestación. En esa nota se lee: “La entrega del bono correspondiente a 2012 se está realizando ante el Ministerio de Hacienda, gestión que se encuentra en su etapa final, ya que en breve se emitirá la autorización”.

Un grupo de empleados se reunió al mediodía con personal del Ministerio de Hacienda. Según Silvia de Bonilla, representante de los promotores de la huelga, les garantizaron que a más tardar el viernes les depositarán los $500 ofrecidos por Cortez de Madriz.

“En el Ministerio de Hacienda nos dijeron que ya se habían autorizado los $700,000 para el bono y que ahora todo estaba en manos de la PGR. Me pareció transparente la gestión y por eso decidimos suspender la medida”, afirmó De Bonilla.

Los defensores no precisaron la cantidad de diligencias que suspendieron para exigir el bono. De Bonilla aseguró que ningún procesado se quedó sin que se le asignara un defensor público.

Sin embargo, usuarios que intentaron realizar pago de cuotas alimenticias o iniciar nuevas demandas tuvieron que retirarse sin realizar sus trámites porque el acceso al edificio anexo de la PGR permaneció bloqueado.

Noel Aragón, un usuario que reside en San Miguel, no pudo completar un trámite por despido injustificado que le correspondía hacer en la oficina de la procuraduría de San Salvador.

Otras exigencias

Los empleados de la PGR protestaron divididos. Los que cerraron el edificio dijeron estar descontentos con la directiva del sindicato institucional, organización que no apoyó la huelga.

Los empleados que suspendieron labores firmaron una hoja en la que pidieron que se anule su afiliación al sindicato. Según ellos, el sindicato ha conseguido aumentos selectivos. “Pedimos nivelaciones salariales para todos. Yo cumplo las funciones de un defensor público, pero gano la mitad del salario. No tenemos vacaciones y tenemos sobrecarga de trabajo. Hay gente del sindicato que tenía plaza de motorista que ahora le han dado una plaza de $1,200 que es lo que debe ganar un defensor”, señaló una defensora que pidió no ser identificada.

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