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Empleados de Medicina Legal rechazan colaboración de la FAES

Personal del IML sostuvo que podría tratarse de una medida represiva. El SEJES enfatizó en que la intervención es "delicada".

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En tres sedes. Militares están en las oficinas de San Salvador, Santa Ana y San Vicente.

En tres sedes. Militares están en las oficinas de San Salvador, Santa Ana y San Vicente.

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Empleados del Instituto de Medicina Legal (IML) y el Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES) manifestaron su descontento ante la intervención de personal de Comandos de Sanidad Militar en la institución.

Aunque hasta el momento ningún sindicato se ha manifestado por el involucramiento de los militares, SEJES publicó, a través de su cuenta de Twitter, su postura al respecto.

"La cobardía de los trabajadores del Instituto de Medicina Legal ha permitido la militarización de dicho Instituto. Como organización sindical lo advertimos desde que se quería plasmar en las reformas constitucionales que Medicina Legal pasara a tutela de la Fiscalía", manifestó.

Posteriormente, el secretario general de SEJES, Stanley Quinteros, expuso que la situación debe manejarse con cuidado ante el acceso que el personal militar podría tener.

"Es delicado por que se están militarizando los procedimientos administrativos que realizarán los auxiliares de autopsias, entre estos el levantamiento de cadáveres, extracción y ubicación de pruebas, etcétera", enfatizó Quinteros.

Mientras que otros empleados del IML, que pidieron reservar la identidad, agregaron que no están de acuerdo porque podría tratarse de una "medida de represión" hacia los trabajadores con la que podrían buscar intimidarlos a través de los militares.

"Estamos en oposición. Lo más complicado es que ellos están entrando a las salas de autopsia, andan en los procedimientos. Eso indica que tal vez es un pretexto para ocultar ciertas peritajes que resulten de conveniencia. Tenemos conocimiento de algunos médicos que la Fiscalía ha querido intervenir, en el sentido de que se cambian resultados de peritajes y cuando se han opuesto han sido procesados penal y administrativamente", argumentó uno de ellos.

Por su parte, un funcionario que estuvo en el área administrativa de Medicina Legal en años anteriores explicó que no ve a mal que estén haciendo uso del personal del Batallón de Sanidad Militar.

"Diferente fuera que la presencia de ellos (militares) asuma una función que no les corresponde, muy propia del servicio esencial. Pero en este caso, en el Batallón hay personas que conocen de salud, ya si opinan o intervienen sí podría afectar el peritaje. Pero quien debe de responder es el perito o patólogo", sustentó.

Añadió que es de esperar que la situación no tenga un "trasfondo" conducido a otros intereses.

De momento la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha informado que no hay periodo establecido para la colaboración que están recibiendo de los militares. Estos se encuentran presentes en el IML desde el lunes.

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