Empresa y Policía en disputa por hallazgo de uniformes

La empresa de textiles y la PNC se acusan mutuamente de incumplimiento de contrato. No hay capturas, confirma director de la Policía.
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Investigación.  La Policía todavía no determina si los uniformes encontrados en una bodega son falsificados o corresponden a un contrato con una empresa que data de 2011 y fue caducado por  supuesto incumplimiento.

Investigación. La Policía todavía no determina si los uniformes encontrados en una bodega son falsificados o corresponden a un contrato con una empresa que data de 2011 y fue caducado por supuesto incumplimiento.

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La Policía Nacional Civil (PNC) adjudicó, en junio de 2011, parte de un contrato para la fabricación de uniformes a Ignacio Argueta Chica, el propietario de la maquila donde la Policía encontró 501 camisas de uniformes oficiales esta semana. Según Argueta Chica, fue la propia Policía quien dio por finalizado ese contrato de adjudicación por falta de fondos para cancelarlo.

Sin embargo, el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que fue la empresa Archi Industrias, S. A. DE C. V., de la que Argueta Chica es administrador único propietario, quien incumplió los lineamientos para la elaboración de las prendas. Ramírez Landaverde también ventiló que otra posibilidad es que se trate de un caso de falsificación.

La licitación pública 21/2011 de la PNC era por un valor total de $544,531, para la confección de uniformes policiales, según las bases de la licitación publicadas en el sitio institucional Comprasal.

Ese contrato se repartió así: el 51.01 %, es decir $277,791, se pagaron a José Ricardo Martínez Gómez; el 41.07 %, es decir $223,679.5, se otorgó a MAQUIBORDABBA, S. A. DE C. V.; y el 7.92 % restante, o sea $43,060.1, se dio a Argueta Chica.

Esa licitación pedía que se fabricaran, entre otras prendas, 743 camisas manga larga y 5,202 camisas de diario, de color blanco y con logo de la institución.

Las prendas descritas en el documento, que según el director eran para la Subdirección de Tránsito Terrestre, son similares a las 501 que encontró la PNC el pasado 20 de enero en una bodega sobre la prolongación de la alameda Juan Pablo II, en San Salvador.

De acuerdo con la versión policial, los propietarios de la bodega rentaron el espacio a una empresa maquilera que no cumplió con el contrato de arrendamiento.

Argueta Chica confirmó esta versión. “Teníamos como año y medio de no estar en ese lugar. Lo que LA PRENSA GRÁFICA dice es cierto: por falta de pago ya no pudimos acceder ahí y los dueños de la bodega le metieron candado”, dijo Argueta, quien atendió a este periódico en su oficina de la Colonia Médica, en San Salvador.

La PNC llegó a esa locación tras recibir una denuncia ciudadana de que varios hombres, supuestos pandilleros, habían llegado al lugar a sustraer los uniformes. El empresario dijo que desconocía si supuestos pandilleros habían acudido al lugar, debido a que no tenían acceso al inmueble.

El contrato fue adjudicado el 16 de junio de 2011. Según Argueta, era para fabricar camisas blancas, de uso diario, y sombreros. La Policía también encontró nueve rollos de tela azul oscuro y escarapelas de la institución en el allanamiento de la bodega.

“La tela era para hacer unas cachuchas y unos sombreros. El contrato no incluía pantalones. Las camisas que están ahí son las que ellos devolvieron, por algún motivo”, justificó Argueta. No obstante, esa misma tela encontrada puede utilizarse para hacer pantalones de los uniformes.

El director de la corporación alegó que el contrato se caducó por el incumplimiento de parte de Industrias Archi. “El producto que entregó la empresa se rechazó porque no se ajustaba a los términos del contrato y fue devuelto”, explicó ayer Ramírez Landaverde.

“La PNC nos debe una factura de $10,000 y el contrato se cerró, quizás por la misma competencia. Nos dijeron que no habían provisionado los fondos”, denunció Chica. Según el empresario, han interpuesto como empresa una demanda en un Juzgado de lo Mercantil por este caso.

La policía cree en la posibilidad de que los uniformes hayan sido confeccionados de forma ilegal. Así justifica Ramírez Landaverde el hecho que no haya capturas por este caso. “Las personas que fueron encontradas en el lugar (bodega) colaboraron dando aviso de la situación, porque el producto no es de su propiedad”, dijo el director. La utilización de los uniformes en hechos delictivos, como ha sucedido en otros casos, no se ha confirmado, agregó el director.

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