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Empresa y extranjero señalados de lavar $221,536 de EUA

Los fondos de la empresa proceden, según la acusación, de un programa de Estados Unidos que brindaba un subsidio gubernamental para fomentar la conectividad electrónica entre las personas.
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El Juzgado de Extinción en Dominio reprogramó la audiencia de sentencia en contra del call center Benson Communication y tres exempleados acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavar $221,536.90, para el próximo 16 de enero del 2017. La historia de este caso inicia con la incursión de Kevin Brian Cox, quien es acusado de apropiarse más de $30 millones del programa telefónico Lifeline, que es un subsidio de la agencia del gobierno federal de Estados Unidos para darle conectividad electrónica a las personas que no pueden pagarlo.

En enero de 2013, Cox creó la empresa Associated Telecommunications Management Services (ATMS), que seleccionó personas para que aplicaran a este beneficio. Pero, según reportes periodísticos internacionales y la acusación en el juzgado, Cox supuestamente exageró el número de clientes que  calificaron para el programa y se apropió del dinero que otorgaron las compañías telefónicas.

Las autoridades estadounidenses iniciaron entonces un proceso judicial en contra de Cox y dos acusados más, en Tampa, Florida, Estados Unidos.

En 2014 y a raíz del caso las autoridades extranjeras congelaron bienes y cuentas bancarias. En ese momento ATMS ya no existía, pero Cox decidió crear True Wireless, que actualmente funciona bajo la misma modalidad.  

Cox, según las notas publicadas y la acusación, decidió ser socio del call center que brindaba servicio a los clientes de True Wireless. Según la Fiscalía, entre 2010 a 2014, desde la cuenta de   True Wireless, Cox transfirió más de $34 millones a Brenson Communications, empresa registrada en El Salvador.

Durante ese tiempo, Cox depositó $2 millones al call center desde su cuenta personal. “Su nexo como persona natural y la compañía realizaron depósitos a la cuenta de Benson Communications”, explicó la jueza de Extinción.

La Fiscalía solicitó al Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador invomilizar cuatro cuentas (de Benson Communications y tres implicados), en enero de este año.

La defensa de Cox en El Salvador presentó una petición de devolución de esos dineros, pero los fiscales solicitaron entonces una medida cautelar al Juzgado de Extinción en Dominio.

La Fiscalía, además, acusa a Ana Maribel Monge, quien trabajó para la empresa desde 2009 a 2016. Las investigaciones señalan que en el 2011 Monge recibió una transferencia por el monto de $10,000; sin embargo, FGR no especificó de parte de quién.

 En ese mismo año Kevin Cox  realizó siete depósitos a la cuenta personal de Monge, que suman  un total de $46,500.

“Kevin Cox le hizo depósito desde su cuenta personal, no de la empresa, sino personal, a la señora. Este dinero también fue depositado a la cuenta personal”, explicó la jueza la acusación que presentó la FGR.

La Fiscalía, sin embargo, solo le encontró $1,280.44. El juzgado advirtió que probablemente hubo una mezcla con dinero lícito y aparentemente ilícito.   

Mientras que Fátima Hidalgo fue administradora única y propietaria de la sociedad. La FGR determinó que abrió dos cuentas bancarias, una para recibir dinero de True Wireless y otra de parte de Cox. “Y entonces nuevamente involucra sus cuentas personales con las de la empresas, para supuestamente lavar el dinero”, según lo que la FGR expuso.

La Fiscalía pide que los más de $39,000 inmovilizados pasen a manos del Estado. Pero los abogados de Hidalgo solicitaron al juzgado que se declare Tercera Persona de buena fe, argumentando que está relacionada con otra empresa, Ingenieros y Asociados, S. A. de C. V.

“Los abogados manifestaron que aparentemente este dinero le pertenece a la empresa del padre. Entonces eso lo vamos a ver en el marco de la prueba, para ver si es posible que de verdad es una tercera de buena fe”, aclaró la jueza.

Brenson Communications tiene una sede ubicada en Santa Tecla. Otra estaba en Santa Ana, pero en 2014 cerraron el centro de llamadas de Santa Ana debido a problemas financieros.

Públicamente trascendió a través de portales digitales que los empleados reclamaban sus salarios y prestaciones.

En 2015, el call center fue notificado de tener una multa de $4,790.94. Ese año acumuló 23 infracciones, según registros públicos. El último acusado es Phillip Hawel Baires y se le cuestionan $8,500.83, quien también fue socio de Cox.

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