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Empresarios y sindicatos apelarán la decisión del Consejo del Salario

El sector agropecuario calcula que hay unos 30,000 empleos en riesgo durante el primer año, porque los pequeños productores no podrán absorber el costo.
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Los representantes del sector empresarial y los líderes sindicales pedirán a las autoridades del país que revisen la decisión que tomó el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), porque consideran que hay ilegalidades en el proceso que llevó a establecer un nuevo salario mínimo a partir de 2017.

La principal preocupación es que el proceso para elegir al Consejo Nacional del Salario Mínimo no cumplió con la ley vigente y además excluyó a varios representantes que habían resultado electos este mes. Fue este mismo consejo el que tomó la decisión de subir el salario mínimo de manera general en un rango de $200 a $300 a partir de enero próximo, pero excluyendo a tres dirigentes sectoriales.

Ricardo Soriano, del Movimiento Laboral Salvadoreño, dijo que el martes presentarán una demanda a la Sala de lo Constitucional por la ilegalidad del proceso y otra de tipo penal. Además, acudirán a la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Soriano agregó que han tenido problemas con la unidad de acceso a la información del Ministerio de Trabajo, puesto que no les han dado información sobre la afiliación sindical de los representantes electos, así como otros documentos del proceso. De hecho, agregó que tienen información que hubo 274 votos, pero Trabajo solo presentó a escrutinio 226.

El sindicalista agregó que el movimiento no se opone a la cantidad aprobada, sino a que esta no incluyó una serie de medidas que el CNSM había acordado antes, que buscan paliar efectos negativos que puedan surgir, como un aumento de precios.

En tanto, Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dijo que pronto presentarán al menos tres “recursos legales para poder, a través de las instancias correspondientes, dilucidar quién tiene razón”.

Acudirán a la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo, dos tribunales de la Corte Suprema de Justicia. También llevarán una demanda ante la OIT, donde hay convenios que el Estado ha suscrito y con los que está comprometido.

Cardenal dijo que en otras instancias decidirán qué parte tiene el argumento de mayor peso. “Si nosotros, que decimos que esto ha sido manipulado, que ha sido una decisión incorrecta y con ilegalidades; o el Gobierno, que quiere imponerse a la fuerza con maniobras que ya deberían estar en el pasado”.

Sobre las demandas, la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, comentó: “La ANEP tiene todo el derecho de interponer una queja (...), pero los decretos que han sido firmados entran en vigor en enero de 2017, los decretos se vuelven ley, y hay que cumplirlos; si no hay cumplimiento, puede haber sanciones”. Estas multas son de $57.14 por trabajador.

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, desestimó que las demandas en el sistema judicial puedan progresar: “Nuestras instancias jurídicas han estudiado a lo largo del año este tema, porque hay que decir, este tema no es improvisado, no surgió de la noche a la mañana, este tema se ha discutido a lo largo de todo el año”, aunque las demandas serán contra la conformación del CNSM, que se realizó hasta este diciembre.

Las empresas tendrán menos de un mes para prepararse para costear el incremento de salarios. Guevara consideró que el aumento debió darse en junio, así que las empresas debieron prepararse desde antes.

Los dirigentes de ANEP sostienen que este incremento acelerado del salario mínimo podría apuntar más a una búsqueda de futuros votos, porque dudan de su base técnica. Cardenal, presidente de la asociación, subrayó que la elección del CNSM “violenta el Estado de Derecho y además genera incertidumbre jurídica”, porque son cambios en las operaciones de las empresas dentro de un corto plazo.

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