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En vilo reintegro de $32 millones por casos de Probidad

De 16 juicios por enriquecimiento ilícito ordenados por Corte Plena entre 2015 y 2019, solo cuatro han alcanzado sentencias y apenas uno tiene una condena en firme, luego de agotarse todas las instancias de apelación.

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Ilustración de Moris Aldana

El reintegro de $32,476,942.66 a las arcas del Estado es una incógnita. Ese es el monto global contemplado en 14 de 16 juicios civiles ordenados por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2015 y 2019, que no han llegado a fases definitorias o cuyas condenas no han sido declaradas en firme.

De esos 16 juicios por enriquecimiento ilícito ordenados a raíz de investigaciones de la Sección de Probidad del Órgano Judicial, solo cuatro han llegado a sentencia y de ellos, el único que tiene una condena en firme es el que involucra al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores, al haber superado todas las instancias de apelación posibles, según detalló el magistrado de la Sala de lo Civil de la CSJ Óscar López Jerez.

Flores fue encontrado responsable de enriquecimiento ilícito por la Cámara Segunda de lo Civil en diciembre de 2016. Un año más tarde, la Sala de lo Civil fijó el monto a restituir al Estado en $608,737.28, que fue la cantidad original que la Sección de Probidad detectó como irregularidad en el examen realizado al patrimonio del extitular del ISSS y su esposa.

Los tres casos cuyas sentencias aún esperan por quedar en firme son los del expresidente Mauricio Funes; el ex secretario privado de la presidencia de Elías Antonio Saca Élmer Charlaix; y el alcalde de Olocuilta, Marvin Rodríguez.

Los casos de Funes y de Charlaix aguardan que la Sala de lo Civil resuelva recusaciones interpuestas por la fiscalía, indicó Óscar López Jerez, magistrado de esta sala.

El 28 de noviembre de 2017, la Cámara Segunda de lo Civil declaró responsable de enriquecimiento ilícito al expresidente Funes y a su hijo Diego Funes Cañas, por no justificar un incremento patrimonial combinado de $419,145.09.

Ambos se encuentran procesados por lavado de dinero y otros delitos en el caso Saqueo Público, en el que la fiscalía los acusa de participar en el desvío de $351 millones provenientes de partidas del Órgano Ejecutivo.

Élmer Charlaix, encontrado responsable de enriquecimiento ilícito el 4 de enero de 2018, fue condenado a devolver al Estado $17,983,893.06, entre irregularidades detectadas en su incremento patrimonial y el de su esposa. Esta condena es la responsabilidad civil más alta que se imputa a un exfuncionario enviado a juicio civil.

El caso del alcalde Marvin Rodríguez, quien fue condenado por una cámara de San Vicente a restituir $249,045.78, todavía no es apelado ante la Sala de lo Civil, expresó el magistrado Óscar López Jerez a LA PRENSA GRÁFICA.

Los juicios civiles de otros cuatro exfuncionarios esperan el desarrollo de sus respectivas audiencias probatorias: el expresidente Elías Antonio Saca; el extitular de la CSJ Agustín García Calderón; el exfiscal Luis Martínez; y el exdiputado de Cambio Democrático (CD) Douglas Avilés.

Además, cinco exfuncionarios del gobierno de Elías Antonio Saca recientemente fueron demandados por la fiscalía, bajo indicios de enriquecimiento ilícito: el exministro de Seguridad René Figueroa; el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) Jorge Hernández Isussi; la exviceministra de Comercio e Industria Blanca Jaco de Magaña; el exviceministro de Obras Públicas Carlos Roberto Morán Mancía; y el ex secretario particular de la presidencia Carlos Rosales Franco.

Otro exfuncionario demandado por enriquecimiento ilícito es el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) Nicola Angelucci. El último exfuncionario enviado a juicio fue el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes.

El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) Reynaldo Cardoza, quien fue enviado a juicio civil en 2015, fue exonerado de este por la Cámara Segunda de lo Civil en 2017, y en marzo de este año, un juzgado Especializado anuló un proceso de extinción de dominio presentado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Para hacer más efectivos los procedimientos de Probidad, Óscar López Jerez explicó que como magistrados propietarios de Sala de lo Civil, acordaron no conocer apelaciones sobre casos que ellos enviaron a juicio civil. Además espera que un proyecto de resolución similar sea discutido a nivel de Corte Plena.

Otra de las propuestas del magistrado es la notificación automática a la FGR para que investigue a todo funcionario que no presente declaración patrimonial de cese de funciones. De acuerdo con un informe de la Sección de Probidad del Órgano Judicial, 8,974 funcionarios no presentaron su declaración patrimonial en los últimos 10 años.

López Jerez también es de la opinión que los funcionarios no solo deben rendir cuentas por su patrimonio, sino por los recursos públicos para ejercer su cargo. "Se debe ordenar este país y todo el que se apropie de la Hacienda Pública debe estar obligado a restituir ese dinero", recalcó.

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