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Entrevista | “A la sociedad salvadoreña le hace falta educación que le fomente participación política ciudadana”

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Entrevista | “A la sociedad salvadoreña le hace falta educación que le fomente participación política ciudadana”

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Un vestido floreado, tacones blancos y una sonrisa destacan a Amalia Leiva mientras camina por el Parque Cuscatlán para ser entrevistada por LA PRENSA GRÁFICA en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se conmemora cada 28 de junio, y de las vulneraciones que aún sufre esta comunidad en El Salvador .

Leiva es activista y defensora de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ y en esta ocasión habla no solo sobre las violaciones hacia la comunidad por parte incluso del Estado, sino también del difícil camino que tienen que recorrer para encontrar justicia cuando acuden a buscarla.

Cuando era candidato para la alcaldía de San Salvador, en 2014, Nayib Bukele afirmó que la lucha de la comunidad LGBTI+ era importante y hasta dijo ser "heteroaliado". Ahora que es presidente, ¿cómo califican su gestión a favor de este sector de la población?

Hay que entender que Nayib Bukele tiene diferentes facetas en su vida. Hay que colocarlo como sujeto ciudadano, como ciudadano participante de la política pública y como funcionario público. En aquel entonces, cuando Bukele llamó a las organizaciones de sociedad civil, a los representantes activistas y defensores, era alcalde de San Salvador. Él se ha adaptado según la faceta política que le ha tocado. Hasta el día de hoy ni siquiera conocemos si tiene una postura personal, si mantiene un mismo discurso o una misma ideología.

En aquel momento estaba con el partido de izquierda (FMN), hablaba en pro de los derechos humanos, pero ahora, durante estos tres años de gestión, hemos visto que responde a una agenda política, social y económica de derecha, responde a los intereses de los más poderosos de este país. Ahora es el de mano dura, el hombre de los ideales, profamilia, visionario de los valores cristianos, hincándose ante evangélicos y católicos, que eso es lo que me parece lo más hipócrita del mundo. Ya no queda nada de eso porque esa era una faceta en el inicio de su vida política y ahora responde al partido que lo ha colocado en el poder. Hablar de derechos humanos con un partido de derecha es como pedirle a un árbol de peras que nos dé limones. Él se ha adaptado a su vida política y durante su gestión la brecha de desigualdad, injusticia, impunidad y violencia en contra de los derechos humanos ha aumentado.

¿Cuáles son las principales deudas y compromisos que tiene pendiente el Estado con la comunidad LGBTI+?

El Estado tiene deudas históricas, sobre todo en el tema de una vida libre de violencia para las personas LGBTI y esto abarca grandes esferas de la vida. Una vida libre de violencia involucra el derecho a la vida, a una ley o legislación que castigue y sancione, pero también que prohíba los actos de discriminación. También el tema del derecho al acceso al trabajo, a la identidad, a servicios de salud con calidad y calidez.

La cartera de deudas para el Estado en tema de derechos humanos LGBTI ha aumentado tanto que durante esta gestión no existe ningún compromiso y no hay ninguna iniciativa; al contrario, desde los primeros seis meses del mandato presidencial, se suspendieron todos los programas sociales y esto es un mensaje muy claro para nosotras. Deudas han habido y se van sumando con el tiempo.

Durante el régimen de excepción, Cristosal ha recibido alrededor de 18 denuncias de abusos contra miembros de la comunidad LGBTI+. ¿Conoce de cerca alguno de estos casos?

Tenemos el caso específico de mujeres trans. En algún momento del régimen, las autoridades visualizan que la capturada es una persona LGBTI y ocurren una serie de arbitrariedades y violaciones a derechos humanos. Entre los casos que conocemos está el de la compañera trans Keiry Mena, quien fue capturada y se dedicaba al rescate de animalitos callejeros. A las compañeras trans las exhibieron sin ropa, enseñando sus pechos, irrespetando su identidad.

De los que más se tienen conocimiento son de las identidades trans que han sido exhibidas sin el mayor descaro y deshumanizando completamente su dignidad. Tenemos entendido también que la mayoría de personas LGBTI, en el caso de mujeres trans, son enviadas a Mariona, que es uno de los centros penales que no respeta en nada en el tema de la identidad de género, pero desgraciadamente no se puede hacer nada. Cada vez que llega una crisis política a este país, siempre son los de abajo, las víctimas, las mujeres, los niños, los adolescentes, los ancianos, las personas con discapacidad, las personas de alguna etnia originaria, las personas LGBTIQ+, siempre somos los grupos históricos los que nos estamos sumando a ser las víctimas. Y ahora se suma una nueva población, que es la juventud.

¿Cómo es el acceso a la justicia para personas de la comunidad LGBTI?

En diversos informes que las organizaciones han presentado se ha evidenciado que cuando a las víctimas se les hace el abordaje de asesorías jurídicas, las víctimas hablan de la desconfianza y no credibilidad que le tienen a las instituciones de justicia. La que más está por el suelo, donde la población LGBTI no confía, es la Policía Nacional Civil y en Fiscalía un poco más. En el tema de credibilidad institucional estamos mal, de un 100 % digamos que solo el 35 % denuncia y el otro 65 % prefiere no hacerlo y se abocan a las organizaciones sociales para que sean el puente y realizar el proceso.

Con el tema del acceso a la justicia, ¿cuál justicia? Nunca hemos tenido. El Estado cree que porque ha judicializado tres casos de crímenes de odio ya se solventó todo un problema sistemático y estructural como lo es el tema de la impunidad ante las muertes por pertenecer a la comunidad. Sí, es cierto que se han judicializado esos casos, pero cuando usted ve la sentencia judicial hay una deshumanización completa y asquerosamente de la víctima. Solamente leer la sentencia del juez en el caso de Camila Díaz es horrible, leer el lenguaje tan peyorativo que ocupan, ni siquiera reconoce a Camila como una mujer trans. Es grave, no me hablen de justicia porque eso no es justicia y lo meten como homicidio agravado, en ninguno de los casos hay una tentativa por crimen de odio. Claro, la Fiscalía lo presenta, pero qué es lo que dicen los jueces, que sólo por ser trans lo han matado cuando hay grandes señas de tortura en todo el proceso de la muerte de la víctima.

No hay credibilidad y tampoco hay justicia, porque de más de 500 agresiones y muertes que hemos tenido solo se han judicialilzado tres. No podría hablar de una acceso a la justicia eficaz y eficiente, como tampoco podría hablar de un acceso a la justicia que les responda a los ciudadanos LGBTI.

Ante la conmemoración de la marcha del orgullo, ¿cuál es el motivo principal para este 2022?

La marcha llevaba un emblema que reivindicara la Ley de Identidad de Género. La Asamblea Legislativa tiene que acatar lo resuelto por la Sala de lo Constitucional. Tenemos que trabajar y hacer incidencia de frente con lo que tenemos. La resolución de la Sala le dio un año a la Asamblea para que cree una legislación que permita el cambio de nombre por razones de identidad de género. Además, debe invalidar el artículo en la Ley del Nombre de la Persona Natural que nos dificulta poder hacer el cambio de nombre. Hay dos vías de hacerlo. Que no nos quieran reconocer el sexo y el género se los comprendo, pero el nombre, que es la primera carta de presentación, por lo menos que invalidaran ese artículo para que pudiésemos procesar el cambio de nombre en nuestros documentos de identidad, pasaporte y acta de nacimiento, eso sería un gran avance.

Ante un régimen de excepción y una constante vulneración de derechos, ¿qué retrocesos ven ustedes?

El régimen de excepción invalida garantías constitucionales, invalida los principales derechos constitucionales. Para las personas LGBTIQ+ no es solamente el arresto arbitrario, no es solamente la presunción de inocencia, no es solamente la violación a su privacidad y su intimidad, no es solamente el tiempo de arresto que sufren dentro de los penales o de los centros de retención, sino que también hay una impunidad en todo esto. Entonces, no es que salgan nuevos fenómenos, sino que se agravan, es decir, ya había un charco de sangre aquí, pero con lo que está pasando se está haciendo más grande. Hasta el momento yo no sé cuántos hombres gays están detenidos, pero que no han asumido su orientación sexual, posiblemente después de que esta pesadilla acabe, si es que termina, podemos verlo cuando ellos digan "yo por miedo a la represalia de lo que pasaba en el centro penal no quise hablar de mi orientación sexual". Nos faltará este ejercicio.

A su juicio, ¿cuál es la mayor preocupación de las personas de la comunidad durante esta coyuntura?

La pérdida del Estado de Derecho, la pérdida absoluta del equilibrio y separación de poderes, pero sobre todo la centralización del poder absoluto. Yo escuchaba a unas personas LGBTIQ+ mayores de 40 años y decían que era bien triste, porque recordaban aquellos episodios en la guerra civil cuando de la nada te agarraban porque estabas en la calle o te acusaban de algo. Dicen que es bien fuerte, porque es como volver a estar repitiendo. Ahora ya no estamos viendo a gente armada disparar, pero los policías y los militares, si no les caes bien, te agarran y te llevan. Es como abrir esa gran herida del pasado que tenía El Salvador y nunca sana.

¿Ha sufrido alguna vulneración a sus derechos desde que se implementó por primera vez el régimen?

Con policías y militares sí, porque me los encuentro todos los días. Es inevitable porque estan por todas partes. Te preguntan de dónde sos, te quieren tocar y como Amalia es multifacética, se adapta a las circunstancias, entonces te preguntan para dónde vas y dónde trabajas, obviamente ni loca puedo decir dónde trabajo. Ese acoso y la sexualización es la violencia que más me ha tocado afrontar. Te quieren tocar, te quieren manosear, que les dé mi número... y con tal de sobrevivir y de salir ilesa yo me adapto. He tenido que mentir para sobrevivir. Por supuesto que también hay intimidaciones u hostigamiento, pero es algo con lo que voy a tener que todavía convivir por un poco más de tiempo, lastimosamente.

¿Qué le falta a la sociedad salvadoreña y al Estado para garantizar los derechos de la comunidad?

Yo voy a decir las palabras que una gran mujer de América Latina tiene, una de las grandes consentidas de la literatura, la docente Gabriela Mistral. Ella decía: "ama, pero si no sabes amar mucho, no enseñes a niños". Yo creo que a la sociedad salvadoreña le hace falta una verdadera educación, una educación que le fomente participación política ciudadana, una educación que le permita entender las diferencias del otro y de la otra y entender que hay que celebrar la diferencia, y no lamentarlas. La educación no solamente se queda en saber restar, sumar, multiplicar o dividir. La verdadera educación debería de ser todo un sistema que te prepara para la vida que te dice que la persona que está a la par tuya, sea morena, blanca, rubia o pelo oscuro, es igual de humana.

Creo que a la sociedad le falta eso y creo que está en las manos de las futuras generaciones que estamos dejando y que lo están cuestionando todo, la famosa "generación de cristal". Esa generación es la que posiblemente desmorone esos fundamentalismos de gente retrógrada, gente clasista, gente religiosa, creo que eso es lo que le hace falta a El Salvador. Por eso la Marcha del Orgullo, más que una fiesta es una marcha reivindicativa política y como bien lo decía la matriarca de la lucha: "no hay orgullo para algunas sin libertad para todas".

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  • participación política ciudadana
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