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Entrevista | "Hay otros propósitos oscuros, no solo afecta el caso de El Mozote": Jorge Guzmán

Para el juez de la masacre de El Mozote, la reforma acabaría con la ilusión de justicia de las familias.

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Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera

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Jorge Guzmán es juez de instrucción de San Francisco Gotera. Gracias a él, el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños está reabierto desde 2016. Por gestión de él, el alto mando del Ejército de 1981 ha respondido desde el banquillo de los acusados por la masacre de 978 civiles, más de la mitad menores de edad.

Pese a los múltiples obstáculos interpuestos por los gobiernos de turno, el caso casi culmina la fase de instrucción. Con la reforma a la Ley de la Carrera Judicial publicada en el Diario oficial este viernes, jueces de 60 años de edad se verán obligados a dejar sus cargos "inmediatamente". A Guzmán, que está empapado de un caso que consta de más de 38,000 folios, le quedan siete días en el cargo. Tiene 61 años. La defensa de los acusados ha intentado bloquearlo. El Gobierno lo ha bloqueado y, con esta reforma, lo saca del tablero.

Guzmán explica lo que representa esta reforma en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas, a casi de 41 años de la masacre.

¿Qué representa esta reforma para el caso de la masacre de El Mozote?

Que el caso tendría que esperar a que tome posesión el nuevo juez que va a nombrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que le siga dando trámite. Pero ahí habría que diferenciar dos situaciones. Una de ellas, la más probable por la línea del señor Bukele, es que manden a un juez que venga con instrucciones de dilatar el caso hasta que se dicte una ley de justicia transicional que favorezca a los militares que están siendo procesados. Si viene un juez con una orientación dictada por el Ejecutivo, lo más seguro es que va a obstaculizar el caso, y, si es posible, a terminar con él.

La otra situación, la menos probable, es que llegue un juez independiente. Ahí, el único atraso sería que este juez se empape del caso, que actualmente está formado por 190 piezas de 200 folios cada una. Estamos hablando de más de 38,000 folios. Solo dedicándose a estudiar eso, estimo, podría tomarse tres meses. Pero, repito, esto es lo más improbable. Lo más seguro es que venga un juez alineado al presidente y a sus súbditos, a sus criados, que son los diputados de la Asamblea, y la misma Corte que también está alineada a él. Son sus instrumentos.

¿Es esta una acción contra la memoria histórica?

Sí, tras este cambio hay propósitos oscuros, no solo afecta el caso de la masacre de El Mozote, también a otros casos de memoria histórica que se pudieran tramitar aquí en el país. Este proceso ya está cerca de llegar a una fase de juicio. Estando tan cerca, ¿qué golpe creen que representaría para los familiares de las víctimas? Sería algo sumamente traumático para ellos.

¿Qué representa para la búsqueda de justicia y la garantía de reparación?

Este cambio acabaría con la ilusión que tienen los familiares de las víctimas de El Mozote de ver, después de más de 40 años, justicia. Las víctimas son las personas más importantes en el proceso. Son ellas quienes lo han motivado, presionado e impulsado. No son los jueces, no son los acusadores, no son los fiscales. Las víctimas vieron la apertura del proceso en 2016 como una luz al final del túnel. Estas personas han sido revictimizadas desde el principio. Y, al final, podrían terminar igual: sin haber logrado la justicia.

Después de todos los obstáculos, ¿es este el más grave?

El bloqueo al acceso de la información, la falta de acceso a los archivos militares y la actitud de los defensores con el objetivo de parar la marcha del caso, todos los obstáculos los hemos enfrentado. Pero con esta reforma, se trata de separarme a mí del caso. El problema es que se quiere favorecer a los militares procesados. El temor, aquí, es lo que ya mencionamos: que venga un juez con una orientación definida a terminar con proceso. Ese sí podría ser un golpe al proceso de El Mozote, Dios quiera que no sea así.

¿Ha recibido algún comunicado o llamada en la que se le explique que usted podría continuar al frente, como lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia?

No. Ni del Órgano Judicial, ni de nadie. Yo, simplemente, debo entender que en el artículo tres del decreto dice que el ejercicio de magistrados y jueces cesará cuando las personas que ejercen el cargo cumplan 60 años de edad. Eso me dice a mí, sin ninguna llamada, que quedo obligatoriamente cesante, de forma inmediata.

Yo no sé en qué se fundamenta él (Óscar López Jeréz, presidente de la Corte Suprema de Justicia) para estar diciendo eso. La reforma dice otra cosa. Él puede estar diciendo que esto va a ser "en forma escalonada", pero la reforma dice que al entrar en vigencia, ocho días después de su publicación, yo quedo cesante de forma inmediata. A la letra del decreto. Yo no sé por qué el presidente de la CSJ está negociando que flexibilicen eso.

Yo voy adecuarme a lo que el decreto dice. El artículo es claro, no hay otra cosa que hacer más que conformarse a él. Si ya se publicó, ya entra a contarse los días para que entre en vigencia, que son ocho después de su publicación. Ya con la entrada en vigencia, estamos fuera, sencillo.

¿En qué momento se encuentra el caso del Mozote?

Finalizando la fase de instrucción. Este caso ha estado parado durante los últimos dos meses. Existe una serie de acusaciones por parte de la defensa para intentar dilatar el caso, alegando mi falta de competencia territorial. Alegan que el caso es competencia del juez de instrucción de Osicala, porque los hechos ocurrieron en la población de Meanguera, que es jurisdicción del juzgado de instrucción de Osicala. Entonces, el defensor alega que el caso debió seguirse allá después de su apertura. Yo declaré sin lugar esa excepción pero la defensa, ni lenta ni perezosa, también apeló. Porque lo que les interesa es dilatar el caso.

Estamos esperando a ver qué resuelve la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente para volver a seguir el caso. Estamos ya finalizando la fase de instrucción. Solo faltaría que viniera a declarar la perito española, Soria Montañez, una perito norteamericana, Carlotta Silber, y a la perito guatemalteca.

¿Qué dicen del presidente de la República este tipo de acciones?

El señor Bukele ya ha demostrado que su idea es posicionarse de todas las instituciones del Estado que puedan ejercer algún tipo de oposición a sus intereses. No me cabe la menor duda de que el hecho de querer sacar a los jueces mayores de 60 años es por eso: para tener el control de casos emblemáticos, y que se resuelvan conforme a sus dictados. Y a los dictados, también, del ministro de defensa, que es uno de los más interesados en apoyar a los militares que están siendo procesados. De la forma en la que está actuando, está abonando a que se le recuerde como un presidente que violó los derechos humanos, más que como lo hicieron gobiernos de ARENA y del FMLN.

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