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Entrevista | "La Asamblea podrá convocar a referéndum cuando sea necesario": miembros del Equipo Ad hoc, que estudió reformas a la Constitución

Luego del estudio de la Constitución, el Equipo Ad hoc considera que deben realizarse 200 reformas.  Las principales propuestas  cambiarían el funcionamiento de la CSJ, el TSE, Presidencia y Asamblea, entre otras.

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Equipo. Los miembros del Equipo Ad hoc fueron entrevistados el sábado 31 de julio.

Equipo. Los miembros del Equipo Ad hoc fueron entrevistados el sábado 31 de julio.

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El sábado 31 de julio el Equipo Ad hoc informó que ya habían terminado la redacción de las 200 reformas a la Constitución que propondrán al presidente de la República, Nayib Bukele, el próximo 15 de septiembre.

Luego de la conferencia que ofrecieron para detallar las reformas que consideraron más importantes, LA PRENSA GRÁFICA entrevistó a tres de los seis miembros del equipo. En un principio la entrevista estaba concertada para que la brindara el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, pero a última hora declinó.

Atendieron las preguntas el secretario del equipo, Adolfo Muñoz (AM), el miembro más reciente Harold Cornejo (HC) y el consultor externo, el español Cayetano Núñez (CN).

¿Por qué consideran que deben realizarse reformas a la Constitución de la República a menos de 40 años de su creación?

AM: Yo contestaría con otra pregunta, ¿Por qué no? Es decir, no hay un momento histórico o una situación más habilitante para una reforma de la Constitución de la República (Cn) que la necesidad.

La problemática en nuestro país no tienen que ver tanto con la reforma a la Constitución sino con los medios para poderla llevar a cabo. Porque tenemos una Constitución que es semirígida, en cuanto a la posibilidad de modificarla y eso implica que cada vez que va a haber una reforma lleva un aparataje que lo sobredimensiona a lo que realmente es. Al final se hicieron todas las reformas posibles para un futuro y que permite no estar constantemente modificando la constitución, a corto o mediano plazo y que tenga una vigencia y que tenga una constitución de las reglas básicas del estado perdurable, moderna y transparente.

HC: Sería modernizar el contenido del lenguaje. Ya no se habla de diputados, sino diputaciones, ya no se habla de magistrados sino magistraturas. Otro por ejemplo, que la justicia es gratuita, que es en el artículo 183 si no mal recuerdo, pasa a formar parte del artículo 172 y queda derogada en ese momento esa redacción y esa es la reforma específica.

De las 200 reformas, ¿cuáles consideran que son las más importantes?

HC: De las reformas judiciales son siete grandes puntos los que se están tocando, entre ellos la separación de las funciones administrativas de los funcionarios dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los magistrados resuelven suspender o inhabilitar abogados, cuestiones así, mientras que la administración de justicia como tal, está cayendo en una mora, entonces el principio de pronta y cumplida justicia queda en un segundo plano. El otro es el presupuesto del Órgano Judicial, los magistrados dedican excesiva cantidad de tiempo a cuestiones administrativas, por eso proponemos el Consejo de Administración del Órgano Judicial que se va a encargar de estas cuestiones. Además la Sala de lo Constitucional no va a formar parte de Corte Plena, sino que pasa a ser un Tribunal aparte del Órgano Judicial, que va a gozar de su presupuesto, pero que se va a dedicar a ser realmente el guardián de la Constitución, aplicar los procesos constitucionales, inconstitucionalidades, habeas corpus, amparos, habeas data, el conflicto entre órganos, entre otros temas que le competen.

Además, otra propuesta es que el control de los abogados y notarios, suspenderlos, rehabilitarlos, autorizarlos, etcétera, pasa a ser parte del Colegio de Abogados y Notarios.

Respecto a los jueces y magistrados de segunda instancia, ya no sería la Sección de Investigación Judicial, sino que será el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) quien tenga esa atribución. La Sección de Probidad pasaría a ser la Contraloría General del Estado y el Instituto de Medicina Legal pasa a ser una entidad autónoma como debe serlo, una entidad imparcial y pasa a llamarse Instituto de Ciencias Forenses. El CNJ pasa a formar parte del Órgano Judicial como tal.

¿Quién estaría a cargo de la Contraloría General del Estado?

Sería como una especie de mutación de lo que actualmente es la Corte de Cuentas de la República (CCR). No es que la CCR desaparezca, es decir la función de auditoría del Estado siempre va existir lo que se ha considerado es actualizarlo y modernizarlo. La Contraloría no solo verá la cuestión de las cuentas sino que también tendrá facultades de investigación en cuanto a las facultades que tiene Probidad.

AM: Para mí lo más relevante es la participación de la ciudadanía en cuanto al poder de decisión. Me quedaría con las instituciones de la democracia directa.

CN: Se está exagerando pero no es más que un complemento de la democracia representativa, podemos justificar ideológicamente, pero realmente estamos en eso, no vamos a sustituir nunca a la democracia representativa.

¿Han tocado las cláusulas pétreas?

AM: No. De hecho, dentro de los deberes ciudadanos se establece la consulta popular, para efectos de integración centroamericana.

La iniciativa para reformar la Constitución le compete a la Asamblea Legislativa, pero acá lo ha hecho este equipo y se lo va a presentar al presidente...

AM: Esta no es una iniciativa de reforma, estamos haciendo un estudio de la Constitución, del cual puede ser que se derive una iniciativa si se sigue el proceso que establece el 248 de la Constitución, que diez diputados vayan y lo presenten. Nosotros estamos proponiendo sobre la base del estudio que hemos realizado y las propuestas ciudadanas que nos han hecho llegar.

Entre las reformas mencionan la regulación de la política monetaria, ¿a qué se refieren?

Lo que sucede es que en el orden económico hay que regular todas las situaciones y no podemos perder de vista que en un futuro la política monetaria del país puede variar. Incluso, los desarrollos tecnológicos, tal como está redactado actualmente el artículo correspondiente, estamos en la edad de piedra. No hay forma de posibilitar que se consideren otros aspectos a futuro en cuanto a la materia de la regulación monetaria; no hemos dicho nombre de ninguna, sino que damos la potestad para que pueda ser regulado.

Así como van aumentar los requisitos para los candidatos a magistrados, ¿no han pensado hacerlo también para la Asamblea Legislativa, alcaldes y otros cargos?

AM: Lo que sucedería es que estaríamos siendo más elitistas en el acceso a los derechos políticos, en este caso al voto pasivo y eso sería regresivo para la población en general. La Asamblea es uno de los elementos de la democracia representativa, en la que por el principio de equidad no puede haber discriminación entre todas las personas que pueden optar par ser parte de ello porque representa al pueblo. No puede emplearse el mismo criterio para ambas instituciones.

Entre las reformas está la ampliación de las atribuciones de la Asamblea Legislativa en todos sus ámbitos, ¿qué implica eso?

AM: La más importante es la de convocar a referéndum al pueblo cuando esta figura sea necesaria.

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