Loading...

Entrevista | "Lo importante es que casos como el de Manuela no vuelvan a suceder": Carmen Martínez

La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los alegatos del Caso Manuela, tanto los de sus defensores como los del Estado. Una de las litigantes habla sobre las expectativas tras dos días de audiencia.

Enlace copiado
¿Quién es? Carmen Martínez Gerente regional del Centro de Dchos. Reproductivos. Trayectoria: Abogada feminista con una maestría en derechos humanos y litigante en caso Manuela.

¿Quién es? Carmen Martínez Gerente regional del Centro de Dchos. Reproductivos. Trayectoria: Abogada feminista con una maestría en derechos humanos y litigante en caso Manuela.

Enlace copiado

Carmen Martínez, gerente regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, fue una de las litigantes en en la audiencia del Caso Manuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en conjunto con otras organizaciones salvadoreñas que luchan por hacer justicia a mujeres que han sido condenadas por catalogar sus emergencias obstétricas como abortos.

Después de dos días de audiencia, Martínez accedió a hablar con LA PRENSA GRÁFICA para profundizar en su desarrollo y lo que esperan de ella.

¿Cómo califican ustedes el desarrollo de la audiencia y el aporte de los informes periciales que se presentaron?

El balance general que desde el Centro podemos hacer es que fueron jornadas intensas, pero positivas. Vemos avances en el caso de cara a la responsabilidad internacional que tiene El Salvador frente a este tema. Hay dos elementos que quedaron claros con el aporte de los peritos, uno es el tema de la emergencia obstétrica que sufrió Manuela, que no es ella la que está en tela de juicio, sino que ella sufrió serias violaciones a sus derechos humanos y se tradujeron luego en una malinterpretación de la emergencia obstétrica que ella tuvo con base a estereotipos de género. Eso quedó claro. Lo segundo que quedó claro con ambos peritajes, uno científico y el otro más jurídico, es que el caso de Manuela se da dentro de un contexto de criminalización total de un servicio de salud reproductiva, que en este caso es el aborto, y cómo la interpretación de esta norma impacta sobre las mujeres que como Manuela tienen emergencias obstétricas. Los jueces mostraron mucho interés en ambos peritajes.

La representación del Gobierno salvadoreño intentó reprochar a los peritos que no tomaron en cuenta en sus informes el "instinto maternal" que debía tener Manuela, ¿qué les pareció a ustedes ese enfoque?

Desafortunadamente el Estado ha caído, no solo en la audiencia ante la CIDH sino durante todo el caso, en ocupar una estrategia de defensa que se basa en un alegato estereotipado, es decir, sugieren el rol que debe tener una mujer por tener una capacidad reproductiva. Eso se vio en la audiencia y es desafortunado, porque ambos peritajes mostraron como ese estereotipo de instrumentalización del cuerpo de la mujer solo por sus capacidades reproductivas, que además ya es una jurisprudencia desarrollada por la Corte y que ha calificado esto como un estereotipo negativo, afectó a Manuela. Lo que sí queremos resaltar es que ambos peritajes fueron técnicos y mostraron cómo el estereotipo influye en el personal de salud y en el personal de justicia al tratar a las mujeres afectadas.

“El caso de Manuela no es aislado, pero representa a otros casos de mujeres que han sido criminalizadas y formado parte de un entramado de violencia de género”.

Carmen Martínez, litigante caso Manuela.

¿Qué impacto tiene que el caso de Manuela llegue a una instancia continental como la Corte Interamericana?

Esto nos permite fortalecer y mostrar la violación a los derechos humanos que cometió El Salvador en contra de Manuela y su familia. Por un lado, queda claro cómo el tratamiento de emergencias obstétricas en El Salvador no ha sido conforme a los estándares internacionales y que además la criminalización de estas mujeres cumple con ciertas características: mujeres jóvenes, en calidad de pobreza, sin acceso a la educación básica, mucho menos a la reproductiva. Todo eso se traduce en una errónea prohibición para acceder a un servicio de salud reproductiva adecuado. El caso de Manuela no es aislado, pero representa a otros casos de mujeres que han sido criminalizadas en las mismas condiciones, discriminadas y formando parte de un entramado de violencia de género.

Los representantes del Estado salvadoreño dijeron que en el país se capacita al personal médico en temas de aborto seguro y atención médica ideal en emergencias obstétricas, ¿ustedes han logrado corroborar eso?

Más allá de que ellos lo afirmen, lo tienen que probar. Tienen que demostrar cómo están capacitando a sus funcionarios. Ojalá que sea así y que expliquen cómo esas capacitaciones están calando y ejerciendo un cambio en la aplicación de una política pública o en los servicios de salud reproductivo. Como litigantes no estamos para nada seguras que esa aseveración sea cierta, pero le toca al Estado comprobarlo. No tenemos conocimiento de que eso se esté haciendo y que los casos de Manuela no se estén repitiendo. Morena Herrera, de la Colectiva Feminista, dijo en la audiencia que recientemente han tenido conocimiento de un caso de una niña de 11 años que está siendo atendida por un parto forzado, como consecuencia de la violencia sexual. ¿Cómo el Estado dice estar dando capacitaciones y por otro lado nos enteramos que existen casos como este? No quedó claro desde cuándo vienen capacitando, porque, como dije antes, ya las instituciones internacionales han demostrado lo contrario.

También se mencionaron las reformas que se intentan hacer al artículo 133 del Código Penal salvadoreño para incluir causales de aborto que sean legales, ¿qué opinan de esa propuesta?

Tenemos conocimiento de varios intentos, pero son eso, intentos de propuestas legislativas que buscan reformar esa norma que es completamente restrictiva y que va en contra de los compromisos internacionales que El Salvador ha asumido, no solo ante la CIDH, sino ante el sistema de Naciones Unidas. Lo que sabemos es que eso no se ha discutido en la Asamblea Legislativa, que ha quedado solo en papel, como algo simbólico no como algo válido. El Salvador no ha podido alinearse y no ha tenido un debate serio. Eso demuestra la falta de voluntad y los estereotipos arraigados en la sociedad salvadoreña, porque ni siquiera quieren debatir esa posibilidad.

¿Qué expectativas tienen ustedes sobre lo que decida la Corte Interamericana en el caso de Manuela?

Como litigantes, junto a la Colectiva Feminista en El Salvador, lo que queremos es que la Corte establezca que la protección de derechos de las mujeres le corresponde al Estado y que reconozca otros elementos, como que la divulgación de la información médica de mujeres que son atendidas por emergencias obstétricas a las autoridades policiales y judiciales constituye una detención arbitraria, una vulneración a la vida privada y al derecho a la salud, que fue algo que quedó en evidencia en el caso de Manuela. También que quede claro que detener y esposar a las mujeres cuando reciben atención obstétrica de emergencia por varias horas constituye una violación a la libertad personal, a las garantías judiciales, al derecho a la salud. También que se vea que la penalización absoluta del concepto del aborto constituye una forma de discriminación y violencia de género. También queremos que la familia de Manuela pueda acceder a la justicia y reparación, que la Corte más allá de este caso determine medidas de no repetición para que este tipo de casos no vuelvan a suceder. Lastimosamente Manuela no está viva para contar su testimonio. También pedimos que se revisen las sentencias contra mujeres que actualmente están detenidas por emergencias obstétricas y que se permita a las mujeres salvadoreñas tener acceso a educación sexual y reproductiva en igualdad.

Tags:

  • Manuela
  • Aborto en El Salvador

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines