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Envían a prisión a tres policías señalados de torturar a adolescente

Investigaciones fiscales sostienen que los policías golpearon al joven, le hurtaron $80 y lo detuvieron de manera ilegal por seis días. Fiscalía dice que el adolescente no cometió el delito del que le trataron de acusar los agentes.

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Delitos.  La fiscalía acusa a los agentes José Mario Medina Magaña, Juan Ramón Durán y Rubén Ernesto Canales de los delitos de lesiones, fraude procesal, hurto y amenazas con agravación especial en contra de un adolescente de 16 años, según confirmó una fuente del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Delitos. La fiscalía acusa a los agentes José Mario Medina Magaña, Juan Ramón Durán y Rubén Ernesto Canales de los delitos de lesiones, fraude procesal, hurto y amenazas con agravación especial en contra de un adolescente de 16 años, según confirmó una fuente del Centro Judicial Isidro Menéndez.

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Era 6 de febrero de 2019 cuando la luz del sol empezaba a calentar la mañana en Soyapango. Juan, un adolescente de 16 años, viajaba ese día en su motocicleta hasta que vio cómo cuatro hombres, que vestían uniformes grises, se bajaron de un carro blanco estacionado a la orilla de la calle.

Lo interceptaron, lo amenazaron con un fusil, lo golpearon, le quitaron $80 y se lo llevaron hacia una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC).

Ese relato de Juan, un nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima, consta en las investigaciones que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Juzgado Primero de Paz de Soyapango contra tres agentes de la PNC que supuestamente participaron en la golpiza y detención ilegal del adolescente.

Los investigadores han identificado a los atacantes del joven como José Mario Medina Magaña, Juan Ramón Durán y Rubén Ernesto Canales, todos miembros de la Sección Táctica Operativa (STO), una unidad élite de la Policía para combatir a las pandillas.

La víctima sostiene en su declaración que recibió el ataque cuando el reloj marcaba las 7:30 de la mañana el miércoles 6 de febrero pasado, mientras se conducía por la calle principal de la colonia La Coruña del municipio de Soyapango, ubicado en el oriente de San Salvador.

Juan contó también que uno de los agentes le quitó la cartera y le sacó su carné de minoridad, la tarjeta de circulación de su motocicleta y el efectivo que portaba, dinero que le iba a servir, según dijo el adolescente, para cancelar el costo de unos repuestos de su motocicleta. Ese día viajaba hacia el taller.

Cuando los agentes descubrieron que Juan era menor de edad, lo obligaron a decir ante sus superiores en la PNC que tenía 18 años, para remitirlo a la fiscalía, sostiene el expediente de la FGR, de acuerdo con información confirmada por la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM).

Pero la tortura contra el adolescente solo comenzó aquel 6 de febrero. La víctima también ha contado a los fiscales del caso que cuando lo llevaron a la delegación, lo ataron a un tubo para continuar golpeándolo. Luego, dice que lo metieron a una celda donde permaneció detenido de manera ilegal por seis días.

La fiscalía también presentó pruebas ante el juez para demostrar que los agentes amenazaron al joven con desaparecerlo, junto con su familia, si se atrevía a contar lo sucedido. Los procesados le dijeron a la víctima que ya conocían su lugar de residencia.

Para justificar la detención de Juan, los policías le dijeron a la fiscalía que tenían pruebas de que el adolescente había cometido el delito de receptación, castigado por el Código Penal salvadoreño con cárcel desde tres hasta seis años.

El artículo 214 del Código Penal sostiene que la receptación es cuando una persona adquiere, recibe u oculta dinero u otros objetos que fueron obtenidos de manera ilícita. La ley establece que el delito se configura cuando la persona no ha participado en el ilícito previo.

Sin embargo, las investigaciones de la fiscalía sostienen que Juan no portaba ningún objeto ilícito cuando fue intervenido por la STO. El delito, aseguran, fue un invento de los policías para justificar la detención arbitraria.

Luego de que el juez Primero de Paz de Soyapango evaluó las pruebas de las investigaciones, decidió que los agentes José Mario Medina Magaña, Juan Ramón Durán y Rubén Ernesto Canales deben permanecer en prisión mientras la fiscalía robustece la pesquisa para que enfrenten una audiencia preliminar, dijo el CJIM.

Este es el segundo caso de mal procedimiento policial que llega a los juzgados salvadoreños en este mes. El 5 de julio, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó que tres agentes fueran enviados a prisión por sospechas de que participaron en el homicidio de una persona de la comunidad LGBTI, en febrero.

Los imputados en ese otro caso son Carlos Rosales, Jaime Mendoza y Luis Avelar, de la delegación de la colonia Flor Blanca, en San Salvador, quienes habrían participado en el homicidio de Nelson Díaz, una persona transgénero.

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