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Envían a prisión segunda red ligada a sicariato y exterminio

La Fiscalía dice que cinco policías élite y tres militares formaban parte de la estructura que mataba a cambio de dinero. Apelarán la liberación de otros seis imputados.

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Delitos.  Cinco policías son vinculados a la red de exterminio de pandilleros. Tres enfrentaron la audiencia ayer y otros dos todavía no son ubicados por las autoridades.

Delitos. Cinco policías son vinculados a la red de exterminio de pandilleros. Tres enfrentaron la audiencia ayer y otros dos todavía no son ubicados por las autoridades.

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Un segundo grupo que supuestamente se dedicó a exterminar pandilleros y asesinar a sueldo en el departamento de La Paz enfrentó la justicia ayer. El Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador decidió que 19 vinculados a la agrupación continúen en prisión mientras la Fiscalía General de la República (FGR) recaba más pruebas. Otros seis quedaron en libertad.

La Fiscalía aclaró que esta supuesta red de sicarios es diferente a la otra que fue enviada a prisión provisional el lunes anterior, por parte del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador. Las únicas coincidencias es que ambas operaron en La Paz, que tenían a policías en sus filas y que fueron desmanteladas en un operativo el jueves 23 de enero pasado. Pero eran independientes.

Las investigaciones sostienen que 33 personas se asociaron a esta red para identificar a pandilleros y asesinarlos en San Pedro Masahuat, El Rosario y Zacatecoluca, en La Paz. Ayer solo enfrentaron la audiencia 25 presentes y la resolución contra los ocho ausentes se conocerá mañana.

La Fiscalía vincula a cinco policías élite y tres militares a esta segunda agrupación de exterminio y sicariato. Los soldados y tres agentes son parte del grupo de 19 que van a estar en prisión mientras dura la etapa de ampliación de pruebas, que se denomina Instrucción. En el grupo de ocho ausentes hay dos agentes policiales.

Los policías que van a prisión son Giovani Antonio Pacheco, Cristian Alexander Laínez y José Vásquez. Basada en testigos y llamadas telefónicas intervenidas, entre febrero y noviembre de 2019, la Fiscalía sospecha que mataron a tres supuestos pandilleros el 8 de junio del año pasado, en San Pedro Masahuat, La Paz.

"Existe diversa cantidad de prueba pericial en ese caso, existen enlaces de llamadas telefónicas, está la escucha telefónica donde se establece la participación de estas personas, así como también de testigos presenciales que los observaron de un día antes y el mismo día que estaban ejecutando los hechos", dijo el fiscal.

José Martínez Escobar, abogado de los tres policías, señaló ayer que los agentes estaban en un operativo a 50 kilómetros de distancia de donde ocurrió el triple asesinato. "Es una acusación desproporcionada. Porque la investigación se basa únicamente en la declaración de un testigo que dice que los hechos ocurrieron a la 1 de la mañana. A esa hora mis clientes estaban a 50 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos cubriendo una emergencia que es documentable, un ataque a una patrulla de la Policía", defendió.

Un fiscal que pidió el anonimato detalló que los militares Juan Carlos Orellana Álvarez, Abdiel de Jesús Estrada Vásquez y René Alonso Morán Fabián son acusados de tres intentos de asesinatos. Los soldados, de acuerdo con las investigaciones, no pudieron matar a las víctimas porque las autoridades lo impidieron.

"Se les detiene a raíz de un operativo que se montó por parte de los investigadores del caso, en virtud de que se escuchó que iban a matar a tres personas. Es así que al montar ese dispositivo se establecieron controles vehiculares y efectivamente se encontraron estos tres soldados", dijo. Los imputados que no eran policías ni soldados ubicaban a las víctimas para ejecutarlas, según la FGR.

Sigfredo Martínez, abogado público de los soldados, dio a conocer que es la segunda vez que la Fiscalía acusa a los militares. El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca los exoneró de tener vínculos con pandillas el 19 de octubre de 2019, según Martínez, quien sospecha que habitantes de La Paz quieren que los soldados estén en prisión y por eso declaran en su contra.

El ministerio público acusa a la red de agrupaciones ilícitas, 19 conspiraciones de homicidios agravados, cuatro homicidios agravados y 12 intentos de homicidio. Además, hay un imputado por tenencia ilegal de arma de fuego. La jueza dio cinco meses para que la Fiscalía amplíe las pesquisas.

La resolución de la jueza es que seis salgan de prisión para la etapa de investigación, tras el pago de una fianza de $500 cada uno. Pero todavía no van a salir de la cárcel porque la FGR dijo que va a apelar en la Cámara Especializada de lo Penal.

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