Equipo gestor Ley Probidad acude a CSJ tras sanción

Recurso será interpuesto mañana en la Sala de lo Constitucional. Instituciones lamentaron que Sánchez Cerén sancionara una ley que, según ellos, no tiene dientes. Por hoy, hay 13 funcionarios procesados por enriquecimiento.
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El equipo gestor de la Ley de Probidad presentará mañana un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de conocer la sanción de la normativa por parte del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

La ley fue aprobada en la última plenaria de 2015 y desde ese momento ha sido criticada porque le quita la facultad a la Corte en Pleno de la CSJ de abrir juicios por enriquecimiento ilícito y se la traslada a la Sala de lo Civil, a pesar de contravenir expresamente lo establecido en la Constitución de la República.

“Como grupo gestor a más tardar el jueves (mañana) estaremos presentando la demanda de inconstitucionalidad, pidiéndole a la sala que suspenda el efecto de esa ley por la figura de la regulación deficiente y la omisión de mandato de la Constitución de hacer juicios por enriquecimiento ilícito de todos los expedientes que se tienen”, expresó Javier Argueta, jurídico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

De acuerdo con Argueta, el recurso de inconstitucionalidad se basa en varios aspectos: retrocede el combate a la corrupción, una ley que incumple los convenios internacionales, una ley que incumple directamente la Constitución y lo que establece el artículo 240, se une a eliminar las potestades de la Corte Suprema de Justicia de enjuiciar por enriquecimiento ilícito todos los expedientes que se tienen.

Hay que recordar que el presidente de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, indicó a finales de 2015 que hay 13 funcionarios y exfuncionarios que son investigados. Con la ley aprobada, según miembros del equipo gestor, no tendrían mayores problemas.

Freno a la investigación

Para Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), es lamentable la sanción que ha hecho el presidente de la República.

Castro también coincide en que buscan frenar el combate a los casos de corrupción ante los últimos procesos que fueron iniciados por la Sección de Probidad y la ley que estaba vigente desde 1959.

“De parte de la Asamblea Legislativa y de los partidos políticos que votaron por esta ley y ahora también el Órgano Ejecutivo, a través del presidente que sanciona esta ley, lo que nos queda claro es que no hay interés de combatir la corrupción y lo que se pretende es frenar el trabajo que está haciendo la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia”, expresó Castro.

Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, expresó el lunes durante una entrevista televisiva que la ley estaba pendiente de ser sancionada, vetada u observada. Sin embargo, una certificación del Diario Oficial reveló que esta fue sancionada antes de Navidad.

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