Equipo gestor pidió incluir el juicio civil en la Ley de Probidad

La indicación la hicieron en octubre de 2015, cuando se reunieron con la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa.
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Inconstitucionalidad.  Integrantes del equipo gestor de la nueva Ley de Probidad Pública insistieron ayer, durante la entrevista “Frente a frente” de TCS, que la ley aprobada en diciembre del año pasado por la Asamblea Legislativa es inconstitucional.

Inconstitucionalidad. Integrantes del equipo gestor de la nueva Ley de Probidad Pública insistieron ayer, durante la entrevista “Frente a frente” de TCS, que la ley aprobada en diciembre del año pasado por la Asamblea Legislativa es inconstitucional.

Equipo gestor pidió incluir el  juicio civil en la  Ley de Probidad

Equipo gestor pidió incluir el juicio civil en la Ley de Probidad

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El equipo gestor de la Ley de Probidad Pública aclaró ayer que el 26 de octubre del año pasado indicaron en la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa que el juicio civil por enriquecimiento ilícito no estaba contemplado en los dos anteproyectos de ley que se estaban estudiando y sugirieron incorporarlo.

“Ambos proyectos omiten el juicio por enriquecimiento ilícito que contempla la LEIFEP (Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data de 1959) ante la Cámara de lo Civil (de la Corte Suprema de Justicia), lo cual debe corregirse”, expuso el equipo gestor ante los diputados de la comisión en octubre pasado, según una copia de la presentación que utilizaron en ese momento y que recordaron ayer en una publicación.

La aclaración del equipo gestor, integrado por FUSADES, ANEP, FUNDE, DTJ, CEJ, ISD y UFG, surge a raíz de las declaraciones que ha hecho la diputada del FMLN Jackeline Rivera, quien aseguró que el equipo gestor no propuso incluir el juicio civil por enriquecimiento ilícito en la ley.

“El grupo gestor no propone un juicio civil por enriquecimiento ilícito, hasta ahora se dan cuenta ellos... En la propuesta de los detractores de esta ley no iba incluido el juicio civil”, manifestó ayer Rivera, durante la entrevista “República” de canal 33.

Además, el martes pasado la diputada consideró que la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el equipo gestor ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia obedece a “un miedo” a que la nueva Ley de Probidad se aplique de la misma manera para todos, incluidos los funcionarios públicos de periodos anteriores.

Sin embargo, durante la entrevista “Frente a frente” de Telecorporación Salvadoreña (TCS), Roberto Rivera, presidente de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), institución integrante del equipo gestor, recordó que la ISD es querellante en el juicio contra el expresidente Francisco Flores, quien está siendo procesado por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.

Javier Argueta, director jurídico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quien también participó en la entrevista “Frente a frente”, dijo que la nueva Ley de Probidad “salió peor que la de 1959”. En ese sentido, consideró que “debe ser declarada inconstitucional”.

En la entrevista también participó Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), quien indicó que el Gobierno, así como los diputados que aprobaron la nueva Ley de Probidad, sabían que sería declarada inconstitucional por violar la Constitución de la República. “¿Por qué meterse a esta batalla que algunos sabían que estaba perdida de antemano?”, cuestionó Rubio.

En la entrevista “República”, junto a la diputada Rivera, estuvo el diputado de ARENA Ricardo Velásquez Parker, quien coincidió con el equipo gestor en que la legislación aprobada representa “un retroceso”. “La ley de enriquecimiento ilícito de 1959 es una ley obsoleta y permite que el funcionario se burle de la ciudadanía... (Pero) si la Ley de Enriquecimiento Ilícito es obsoleta, lo que aprobó la Asamblea es un retroceso”, dijo. Y añadió que el Órgano Legislativo debe tener la capacidad de elaborar leyes que respeten lo que se establece en los tratados internacionales.

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