Escala debate por estado de excepción

Un magistrado de la CSJ dice que medida debería aplicarse en todo el país. Un exmagistrado, en cambio, dijo que no es conveniente porque GOES podría intervenir hasta en el rol de la prensa. Ciudadanos opinan divididos.
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¿ Qué significa Estado de Excepción?

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El anuncio gubernamental sobre la posibilidad de decretar un estado de excepción, ante los últimos acontecimientos criminales en el país, ha generado un debate acerca de los alcances que podría tener esa medida. Por un lado, están los que apoyan la idea diciendo que no hay otro camino, pero por el otro están los que la desaprueban y argumentan que la intención del Gobierno es controlar a los ciudadanos, e incluso, controlar los contenidos que los medios de comunicación publiquen acerca de la violencia.

El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Leonardo Ramírez Murcia, es de los que apoyaría la declaratoria del estado de excepción, pero con la condición de que se decrete en todo el territorio nacional, sin excepciones, y no solo en algunos sectores o municipios.

“El estado de excepción es una medida extraordinaria que si se aplica, y esta es mi apreciación personal, debe hacerse en todo el territorio, porque las pandilleros tienen contactos en casi todo el país, es que en realidad los pandilleros forman parte de una red que fácilmente se podría mover a otros lugares donde el estado de excepción no haya sido declarado”, declaró ayer Ramírez Murcia.

El funcionario también explicó que de aprobarse esta medida, el Órgano Judicial necesitaría, al menos, dos semanas para diseñar un plan para ser efectivo ante las capturas masivas que realizarían la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.

“Si no hay otro camino hay que hacerlo, pero el sistema judicial necesitaría dos semanas, como mínimo, para construir un diseño en el que designe a un juzgado especializado para conocer todos los casos de las capturas, que serán bastantes; luego el otro problema es dónde van a meter a todos los capturados”, consideró Ramírez Murcia.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) también se sumó al debate ayer y emitió un comunicado en el que consideró que el Gobierno busca “controlar a los ciudadanos” (Ver página 8).

Once ciudadanos consultados ayer por este periódico opinaron divididos en cuanto a la medida. Unos dijeron que “hasta mucho se ha tardado el Gobierno en declarar una medida como esta, porque hay que tener mano dura otra vez”. Mientras que otros dijeron que “no es justo que las personas buenas, honestas y trabajadoras tengan un horario para llegar a casa y no poder circular libremente por algunos lugares”.

Otros, un poco más pesimistas, dijeron: “De todas formas la situación de criminalidad no va a cambiar ni con esta medida”.

El exmagistrado de la CSJ Ulices del Dios Guzmán es otro de los que consideran inconveniente el estado de excepción, porque podría prolongarse mediante decretos legislativos bajo el argumento de que aún se sigue combatiendo la criminalidad. “No lo veo para nada conveniente, el Gobierno podría solicitar a la Asamblea Legislativa que después de cada 30 días se renueve el decreto argumentando que todavía continua luchando contra el crimen, entonces puede llegar un momento en que la población se acostumbre a ese régimen con derechos suspendidos y las cosas se queden así”, opinó el abogado penalista.

Guzmán va más allá y afirma que el estado de excepción podría afectar, incluso, el rol de los medios de comunicación: “Como uno de los derechos constitucionales que se suspenderían es el de la libertad de expresión, el Gobierno podría ordenar a los medios de comunicación qué clase de contenidos sobre violencia puede publicar y cuáles no”, dijo.

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, afirmó, en cambio, que podrían imponer restricciones de movilidad, pero no restricciones a la libre expresión. “De ninguna manera, eso no está en el radar de discusión... Un estado de excepción, por ejemplo, puede regular el tema de las llamadas telefónicas en torno al rastreo de llamadas, etcétera, sobre todo en las zonas que pueden considerarse conflictivas”, ejemplificó durante una entrevista en Canal 10.

El criminólogo Carlos Ponce coincidió, por su parte, con Guzmán diciendo que es inconveniente la medida, porque considera “peligroso que se confiera poderes excesivos” al Gobierno. “No logro entender cómo darle más poderes al mismo grupo de personas que han estado en puestos clave durante el recrudecimiento de la violencia y la evolución de las pandillas, y no pudieron hacer nada, mágicamente los convertirá en los funcionarios competentes y audaces que debiesen haber sido desde un principio”, comentó Ponce.

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