España pide a ES capturar a militares del caso jesuitas

Documentación fue enviada a El Salvador para realizar los trámites correspondientes.
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Masacre.  Ocho personas fueron asesinadas en la UCA. Cinco de ellas de origen español; el resto, salvadoreños.

Masacre. Ocho personas fueron asesinadas en la UCA. Cinco de ellas de origen español; el resto, salvadoreños.

España pide a ES capturar a militares del caso jesuitas

España pide a ES capturar a militares del caso jesuitas

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El juez de la Audiencia Nacional español Eloy Velasco reiteró ayer la orden de detención de 17 militares salvadoreños para poder pedir su extradición a España en relación con el asesinato de seis jesuitas –cinco de ellos españoles– en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.

Velasco dio ayer traslado a INTERPOL de las 17 órdenes de detención y mandó copia al jefe de la Oficina Central de INTERPOL en El Salvador y a la Policía Nacional Civil (PNC) para que procedan a las detenciones, en cuyo caso España solicitaría la extradición. 

Entre los militares a los que el juez pide detener por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad destaca el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, cuya extradición fue solicitada por España a Estados Unidos, donde cumplía una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio. 

El resto son: el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Óscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Óscar Alberto León.

Velasco pidió en agosto de 2011 la detención de 20 militares presuntamente implicados en la matanza, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) limitó el alcance de las mismas a la búsqueda y localización, negando la captura y posterior entrega a España. 

Sin embargo, en agosto de 2015, la Sala Constitucional de la CSJ reconoció “el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley”. 

Velasco tuvo conocimiento, a través de un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de otro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de esa resolución de la sala en la que “se reconoce el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de una guerra internacional”. 

Dictaminaba así que el Estado “en cuyo territorio sucedieron los hechos” está obligado “a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la orden internacional de detención con fines de extradición emitida por el Estado Español”. 

De este modo, Velasco, a petición de las acusaciones en esta causa, ha decidido reiterar las órdenes de detención. 

La matanza tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, y a otros cinco sacerdotes –los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró–, así como el salvadoreño Joaquín López y López, Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

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