Esperan que traslado de juez no afecte el caso El Mozote

El acusador particular del caso, David Morales, señaló que el juez trasladado había actuado apegado a derecho. Defensa estudia el traslado.
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Ataque.   Omar Ábrego fue lesionado de bala luego de prestar su servicio como seguridad personal del vicepresidente de la república, durante el lanzamiento de un plan de seguridad en el municipio de San Martín.

Ataque. Omar Ábrego fue lesionado de bala luego de prestar su servicio como seguridad personal del vicepresidente de la república, durante el lanzamiento de un plan de seguridad en el municipio de San Martín.

Esperan que traslado de juez no afecte el caso El Mozote

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David Morales, ex procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y acusador particular en el caso judicial de la masacre de El Mozote, dijo que esperaba que el reciente traslado del juez que realizó las exhumaciones no haya sido “en represalia por su actuación favorable a la justicia”.

“Destaco que fue un juez que en este caso actuó apegado a la ley y tratados de derechos humanos, en lo relativo a las exhumaciones”, dijo Morales.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobaron el pasado 9 de mayo remover al entonces juez de Paz de Meanguera (Morazán), Mario Óscar Díaz Soto, y trasladarlo hacia el Juzgado de Paz de Joateca (siempre en Morazán) con la finalidad de separarlo de las diligencias del caso El Mozote.

Desde el 15 de mayo pasado, el cargo que ocupaba Díaz Soto en Meanguera fue asumido por el juez de Paz de Joateca, Francisco Antonio Prudencio García.

Magistrados de la CSJ justificaron la decisión con que el juez comunicaba todos sus diligencias a instituciones que no eran partes del proceso judicial que está dirigiendo el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, del departamento de Morazán, y esto podría afectar la independencia de sus decisiones.

Según la consideración de un magistrado, lo único que tenía que hacer el juez a cargo de las diligencias era comunicar a las partes sobre los resultados, pero no pregonar sus resoluciones. Morales aseguró que no se puede descartar que se soliciten nuevas exhumaciones en las zonas donde ocurrió la masacre durante la guerra civil salvadoreña.

Uno de los abogados defensores de los militares implicados en el caso, Lisandro Quintanilla, dijo que desconocía los motivos oficiales por los que la Corte decidió remover al juez que realizó las exhumaciones.

Quintanilla afirmó que están evaluando las diligencias realizadas por Díaz Soto, las cuales se encuentran alojadas en un proceso judicial en el que se acumulan 56 piezas. Esto para poder formular solicitudes al juzgado en los próximos 15 días.

El Juzgado de Meanguera únicamente tiene pendiente la entrega de algunos restos recuperados en las exhumaciones a los familiares de las víctimas, pues ya comunicó a las partes y al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, sobre las diligencias ordenadas en el proceso judicial.

Luego de la derogación de la Ley de Amnistía, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera reabrió el caso en contra de 31 militares, entre ellos algunos de alto rango (13 ya fallecidos).

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