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"Esta Sala no puede devolver una atribución que el Órgano Ejecutivo nunca ha tenido": la respuesta de la Sala a la nota de Bukele

La Sala le aclaró a Bukele que si en otros países el presidente y el Ministerio de Salud pueden limitar derechos fundamentales es "podría ser" por que así lo permiten sus constituciones, pero en El Salvador el Órgano Ejecutivo no tiene esas facultades según la Constitución vigente desde 1983. Le dice que si necesita restringir derechos su única opción es buscar consensuar una ley formal en la Asamblea Legislativa.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó este martes 23 de junio la respuesta a la nota que el presidente Nayib Bukele envió hace tres días. Foto: EFE/Rodrigo Sura, archivo

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó este martes 23 de junio la respuesta a la nota que el presidente Nayib Bukele envió hace tres días pidiendo que se le "devuelva sus facultades que expresamente le da la ley y que se le ha quitado vía sentencias".

La Sala menciona que dicho escrito contiene, entre otras cosas, "una interpretación particular" de artículos del Código de Salud y de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres que no han sido declarados inconstitucionales.

"En respuesta a su petición, esta Sala le aclara: en primer lugar, que en el sistema constitucional salvadoreño vigente desde 1983 y de acuerdo con la jurisprudencia constante de este Tribunal, el Órgano Ejecutivo nunca ha tenido facultades para limitar por sí mismo los derechos fundamentales de las personas. La reserva de ley formal para restringir derechos de las personas, es decir, la exigencia de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y sancionada por la Presidencia de la República, es una premisa básica y fundamental que no puede soslayarse. En consecuencia, esta Sala no puede "devolver" una atribución que el Órgano Ejecutivo nunca ha tenido en la Constitución vigente", se lee en el documento de ocho páginas dirigido a Bukele.

Además, añade que "esta Sala no le ha quitado al Órgano Ejecutivo 'todos los recursos legales' para controlar el avance del virus de la covid-19, ni lo ha convertido en un 'mero administrador de hospitales y un emisor de recomendaciones a la población'" sino que "lo que hizo este Tribunal, mediante sentencia de inconstitucionalidad" es "ejercer el control requerido por distintos ciudadanos al resolver sus demandas y declarar que tanto el Órgano Legislativo como el Ejecutivo (los dos, no solo este último) violaron la Constitución de la República al adoptar medidas que limitan derechos fundamentales sin que presentaran justificación suficiente y, en el caso de los decretos ejecutivos, sin competencia normativa alguna para intervenir de la manera en que lo hicieron sobre limitaciones a los derechos de las personas".

 
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La Sala agregó que dicha decisión "no es un obstáculo ni una prohibición para que el Órgano Ejecutivo haga su trabajo frente a la pandemia, sino un control establecido por la Constitución sobre la forma en que dicho trabajo debe ser realizado", que "el Órgano Ejecutivo no está habilitado por la Constitución para limitar derechos fundamentales y, por tanto, si para controlar la pandemia necesita imponer este tipo de restricciones, su única alternativa, conforme a una república democrática es consensuar una ley formal, aprobada por la Asamblea Legislativa en la que se establezcan dichas limitaciones, proporcionalidad, temporalidad, estricta necesidad, lo cual siempre estará sujeta al control de esta Sala".

"En cuanto a sus afirmaciones de que en otros países el presidente de la República y el Ministerio de Salud tienen atribuciones para limitar derechos fundamentales, esto podría ser porque sus disposiciones constitucionales así lo establecen, pero en nuestro país la Constitución dispone lo que con anterioridad y en reiteradas ocasiones se ha explicado", le indican.

La Sala concluye que "lo que corresponde al Órgano Ejecutivo es que cumpla con sus deberes constitucionales de construcción de consensos políticos, como lo exigen los artículos 86, 133, 135, 164 y 168" de la Constitución.

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