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Estado perdió $2 mill en multas por negligencia en CCR

Fiscalía investiga 48 casos. Dos tenían que ver con la corrupción en ANDA durante la gestión de Carlos Perla. Otros juicios caducados tenían relación con irregularidades en Alcaldía de Santa Ana, Hospital Rosales y MOP.
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Incautación. La Fiscalía y la PNC incautaron ayer 48 expedientes de auditorías y juicios caducados entre 2005 y 2007.

Incautación. La Fiscalía y la PNC incautaron ayer 48 expedientes de auditorías y juicios caducados entre 2005 y 2007.

Responsabilidad.  Tras la revisión de los expedientes incautados, la FGR deducirá responsabilidad penal.

Responsabilidad. Tras la revisión de los expedientes incautados, la FGR deducirá responsabilidad penal.

Estado perdió $2 mill en multas por negligencia en CCR

Estado perdió $2 mill en multas por negligencia en CCR

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La Unidad de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR) incautó ayer 48 expedientes de auditorías y juicios de cuentas (a instituciones públicas) que caducaron entre 2005 y 2007 en la Corte de Cuentas de la República (CCR). Tras la caducidad de esos casos, el Estado dejó de percibir $2.2 millones por las irregularidades encontradas en la administración del expresidente de ANDA Carlos Perla; por irregularidades detectadas en el manejo de fondos del Hospital Rosales, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Alcaldía de Santa Ana y otras instituciones y alcaldías.

La razón por la que caducaron los juicios de cuentas en las cámaras Cuarta y Quinta de Primera Instancia fue porque cuatro jueces no emitieron en el tiempo reglamentario las sentencias condenatorias. De acuerdo con el jefe fiscal de la Unidad de Intereses del Estado de la Fiscalía, Mario Salazar, la incautación de los expedientes es para revisar cada uno de los 48 casos y determinar las responsabilidades penales en las que podrían haber incurrido los jueces de cuentas o sus colaboradores jurídicos.

“Esta incautación que hemos venido a hacer es para continuar con las investigaciones que la Fiscalía ha comenzado a raíz de las denuncias que el exmagistrado de esta institución (Johel Humberto Valiente) interpuso (en mayo de este año) por la caducidad de los juicios de cuentas”, explicó Salazar, antes de la incautación.

Los cuatro jueces que en esa época estaban asignados a las cámaras son: en la Cámara Cuarta de Primera Instancia, la jueza Rosa Guadalupe Jiménez Larín y el exjuez interino Mauricio López Ardón, quienes son cuestionados por no emitir una sentencia para condenar a ANDA por las irregularidades en las licitaciones y contratos con la empresa SETERS, S. A. de C. V., y por irregularidades en el Hospital de Maternidad. La multa que ANDA tenía que pagar por las irregularidades encontradas ascendía a $149,398.84.

Los otros dos jueces son Roberto López Araniva y Jorge Alberto Ramírez, quienes supuestamente dejaron caducar 45 de las 48 auditorías y juicios de cuentas. Entre los casos más relevantes hay irregularidades en el MOP, por las que funcionarios de esa institución tendrían que haber pagado una multa de $1,162,977.14.

Otro de los casos es el de auditorías en el Hospital Rosales, donde las irregularidades totalizaron una multa de $568,826. También están incluidos expedientes de la Alcaldía de Santa Ana, cuyos funcionarios tendrían que haber pagado una multa de $89,272.82.

Sobre estos casos, y todos los demás, la Fiscalía no brindó mayores detalles sobre cuándo fueron hechas las auditorías ni sobre los proyectos o licitaciones auditadas ni quiénes eran los titulares de las instituciones o los alcaldes condenados durante el período en que se cometieron todas estas irregularidades.

Salazar solamente se limitó a decir que el caso es llevado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador y que después de la revisión de los 48 expedientes deducirán si los jueces o colaboradores jurídicos deben asumir una responsabilidad penal por dejar caducar los juicios de cuentas.

Para la incautación de estos expedientes también apoyó la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

Jueza se defiende

Uno de los cuatro jueces de cuentas, Rosa Guadalupe Jiménez Larín, dijo ayer a LA PRENSA GRÁFICA que no hay caso en su contra, ya que hay pruebas que respaldan la legalidad de su trabajo.

“Me siento en paz, qué bueno que finalmente se aclarará todo. Yo firmé los tres juicios, pero no se emitió la sentencia porque el otro juez (Mauricio López Ardón) no firmó y de eso hay constancia”, aseguró ayer Jiménez Larín.

Tras una publicación de LA PRENSA GRÁFICA sobre la caducidad de juicios a ANDA y al Hospital de Maternidad, el exjuez interino López Ardón aceptó que no firmó los tres juicios y argumentó que lo hizo para no formar parte de un supuesto fraude procesal.

“Yo había llegado a la cámara para sustituir a un juez. Cuando llegué me comenzaron a presentar varios juicios que aparentemente ya habían caducado y querían que yo los firmara, pero no lo hice porque les cambiaron fecha para que pareciera que habían sido firmados en el tiempo reglamentario”, señaló.

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  • juicios caducados
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