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Estado se queda con una finca y dos ranchos del exdiputado Rivera

El CONAB también distribuyó $630,579.93 entre cinco instituciones vinculadas a la seguridad. Los fondos provienen de incautaciones al crimen organizado en distintos procesos de extinción de dominio.
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El Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) anunció ayer el traspaso de tres propiedades extinguidas al exdiputado del PCN Wilver Rivera Monge, quien fue condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero desde julio del año pasado.

Rivera Monge está preso desde el 22 de septiembre de 2014, luego de que una semana antes la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de blanquear dinero para la estructura de narcotráfico liderada por Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, alias “Repollo”, condenado a 77 años de prisión por ese delito.

El CONAB entregará un cuerpo de propiedad en Quintas Recreativas de Apaneca, departamento de Ahuachapán, a la FGR; un rancho de playa ubicado en el departamento de La Paz al Ministerio de Defensa; y otro en el departamento de La Libertad a la Policía Nacional Civil (PNC). Todos eran propiedad del exparlamentario condenado, según informó ayer el director del CONAB, David Omar Molina.

Las autoridades informaron que el rancho consignado a la PNC será utilizado para la creación de una base de la Policía Rural, mientras que el rancho de playa que administrará Defensa será ocupado por unidades militares especializadas.

El consejo también distribuyó $630,579.93 incautados al crimen organizado: al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública le pasó $220,702.98 (corresponde el 35 %), a la FGR le pasó $220,702.98 (35 %), al CONAB le fueron cedidos $94,586.99 (15 %), al Ministerio de la Defensa le otorgaron $63,057.99 (10 %), y a la Procuraduría General de la República un total de $31,529 (lo que equivale al 5 %).

El monto repartido es producto del total de dinero extinguido en distintos procesos judiciales, que asciende a $552,358.42 más algunos depósitos a plazo administrados por el CONAB, con los que se obtuvieron intereses por $23,850.97 en 2015 y $10,431.43 en 2016, además del arrendamiento de algunas de las propiedades extinguidas, por lo que se generaron más de $40,000.

Las autoridades explicaron que, del dinero repartido ayer, cerca de $78,354.54 provienen del patrimonio extinguido directamente al exdiputado del PNC Rivera Monge.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que el dinero que recibió el ministerio será canalizado hacia las unidades policiales de Investigación Financiera y Extinción de Dominio, a la Dirección Antinarcóticos (DAN) y a la División Central de Investigaciones (DCI).

“Este dinero será destinado a las unidades de la Policía que están relacionadas con el combate de estos delitos y que tienen varias necesidades de transporte, comunicaciones, informática, y seguramente podremos abarcar otros apoyos a otras unidades policiales”, dijo el ministro.

El presidente del CONAB y viceministro de Seguridad, Raúl Antonio López, explicó que el dinero repartido proviene de casos como la acusación de cuatro peruanos por lavado de dinero en 2015, la detención de hombres que se conducían con droga en una moto en 2014, la captura de dos hombres con $77,000 ocultos en un carro en 2015, entre otros. López mencionó al menos a 20 personas procesadas, a quienes les fue extinguido parte del dinero consignado ayer a las instituciones.

“Esto, primero, es una señal clara de que en El Salvador se acabó la impunidad”, dijo el funcionario a modo de promoción.

El director del CONAB señaló que no existen remanentes en el traspaso del dinero de procesos judiciales culminados en 2016 en los tribunales, y que si existiesen, estos deberían ser los procesos judiciales terminados en diciembre del año pasado, los cuales serán incluidos en el monto distribuido el próximo año, correspondiente a los casos de 2017.

Las autoridades afirmaron que, en vista de los procesos pendientes en extinción de dominio, esperan que la cuantía a distribuir continúe subiendo el próximo año.

El CONAB se encarga, desde mediados de 2015, de administrar los bienes que están en proceso de extinción o que ya fueron extinguidos en distintos procesos judiciales originados por el crimen organizado.
 

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