Lo más visto

Más de El Salvador

Estado tiene un total de 4,997 documentos bajo reserva

Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) aseguran que hay abusos en las declaratorias de reservas. El Ministerio de Educación es la institución que más reserva tiene, con 761 casos, según las estadísticas del IAIP. Le siguen el Fondo Social para la Vivienda, con 571, y la Corte de Cuentas de la República, con 516.
Enlace copiado
Estado tiene un total de 4,997 documentos bajo reserva

Estado tiene un total de 4,997 documentos bajo reserva

Estado tiene un total de 4,997 documentos bajo reserva

Estado tiene un total de 4,997 documentos bajo reserva

Enlace copiado
Estadísticas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) muestran en su más reciente informe sobre índices de reserva, que abarca un período entre julio y diciembre de 2015, que hay 71 instituciones públicas, en las que no se incluyen alcaldías, que mantienen en reserva 4,997 documentos.

La reserva de información por parte de instituciones públicas ha sido criticada por los comisionados del IAIP, quienes alegan que en muchos de los casos los entes obligados no logran comprobar los motivos por los que declaran la reserva.

“El abuso en las declaratorias de reserva se patentiza cuando las instituciones del Estado no prueban el daño que se produciría revelar esa información a la categoría o bien jurídico que pretende proteger con la reserva”, expresó el comisionado Jaime Campos.

Las estadísticas del IAIP muestran que las cinco instituciones que tienen más documentos reservados son: Ministerio de Educación (MINED), con 761 casos; Fondo Social de la Vivienda (FSV), con 571; Corte de Cuentas de la República (CCR), con 516; Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), con 395; e Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), con 230 expedientes en reserva. Muchos de estos tienen una vigencia de siete años, el periodo que la ley establece, y que solo puede ser ampliado cinco años más por el IAIP si realmente amerita que el documento siga en esa categoría.

En el caso del MINED, la mayoría de documentos bajo esta categoría son de expedientes sobre procesos en la Sala de lo Contencioso Administrativo y auditorías.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece en el artículo número 19 las causas por las que se debe declarar reserva a algún documento, pero el artículo 21 de la misma ley advierte que para que se declare esa reserva la institución debe comprobar dos cosas: que difundir la información en referencia pudiera amenazar efectivamente el interés jurídicamente protegido, o que el daño que pudiera producirse con la liberación de la información sería mayor que el interés público por conocer la información que se mantiene en reserva.

Sin argumentos

Sin embargo, algunos de los comisionados del IAIP dicen que algunas de las instituciones no logran establecer que hicieron el estudio adecuado para comprobar ambos aspectos, cuando acuden ante ellos por procesos en los que los ciudadanos, o representantes de organizaciones civiles han apelado las declaratorias de reserva que han hecho las instituciones.

Campos es uno de los comisionados que considera que los entes obligados no realizan un mecanismo para verificar si es procedente o no la declaratoria de reserva, y que eso queda evidenciado cuando acuden a las audiencias en el IAIP.

El reglamento de la LAIP establece en el artículo número 17 que las instituciones públicas pueden reservar información de forma inmediata, es decir, en el momento que se produce esta; o reserva posterior. Esto ocurre generalmente cuando se solicita información.

En ambos casos debe cumplir con los requisitos que la ley ordena.

Mientras tanto, la comisionada Herminia Funes también mostró su preocupación por el tema de las reservas, pero en este caso porque si estas decisiones sobre la información de están haciéndose “de forma antojadiza”.

“Sería problemático que se estén haciendo índices de reserva sin un sustento legal, que sean índices elaborados de manera antojadiza y no con la suficiente base legal para que esta pueda sostenerse”, dijo Funes.

Lee también

Comentarios