Estafan a 1,300 personas con ofrecimiento de visa a Canadá

Después de dos años, ofertantes han incumplido promesa de visas de trabajo. Personas de escasos recursos pagaron más de $500,000, cuyo destino se desconoce. El caso ya está en la FGR.
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Una red de empresas y organizaciones salvadoreñas y guatemaltecas ofreció visas de trabajo a Canadá a más de 1,300 salvadoreños a finales de 2015. El programa estableció que los beneficiarios debían pagar montos entre $450 y $2,000 para viajar al país del norte en los primeros tres meses de 2016; sin embargo, hasta la fecha no les han cumplido con los viajes y nadie sabe a dónde fue a parar más de medio millón de dólares que transfirieron los interesados en calidad de anticipos.

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El programa fue pensado inicialmente para beneficiar a familiares de policías y oficiales en peligro por la inseguridad, según fuentes cercanas al proyecto.

De acuerdo con la versión de los empresarios salvadoreños, a finales de 2015, Carlos Coll, representante legal de la marca USATOURS (Servicio Ejecutivo Internacional, S. A. de C. V.), convocó al exdiputado suplente de ARENA y ahora jefe de la Junta de Vigilancia de GANA, Érick Campos, a una reunión para plantearle el negocio de las visas.

Campos aseguró a este periódico que su contraparte le ofreció que se convirtiera en el administrador de reclutamiento en El Salvador del programa “Progresa”, y que para ello fundara una empresa, pacto del cual nació la sociedad Employee to Business, conocida como E2B, registrada a su nombre.

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El trato era el siguiente: Campos se encargaría de reclutar y certificar al personal, iba a cobrar un adelanto de $450 a cada uno de los interesados para los gastos de viaje, los chequeos médicos y viajar a la embajada de Canadá en Guatemala. Posteriormente Verónica Pimentel, representante del Frente de Comités de Mujeres Rurales (FRECOMUR) en Guatemala, y Samuel Orlando Álvarez Barbero, representante legal de la empresa guatemalteca INTERCAMBIO, iban a activar sus contactos con granjas agrícolas en Canadá para enviar a los salvadoreños a un trabajo de tres meses con posibilidad de volver a ser contratados.

Documentos muestran que tanto Álvarez como Pimentel tenían licencias de reclutamiento para operar en Alberta y British Columbia, Canadá. Campos aceptó el proyecto y convocó a algunos amigos para que fueran parte del negocio. El exdiputado suplente le dijo a Ernesto Rivas, Habid Iglesias y Oswaldo Martínez que crearan una empresa de reclutamiento para apoyarle en el proceso. Es por esto que Iglesias y Rivas crearon la sociedad Pío de Pietrelcina en El Salvador a finales de 2015, según consta en el Centro Nacional de Registros (CNR).

Según Campos, la promesa de sus contrapartes en Guatemala era que los empresarios salvadoreños se iban a quedar, inicialmente, con $12.50 menos el Impuesto del Valor Agregado (IVA) del anticipo de cada persona para los gastos administrativos de las empresas, y posteriormente, Campos iba a recibir $100 por cada una de las personas enviadas a trabajar a Canadá.

Las empresas comenzaron a funcionar a finales de 2015. En aquel momento Oswaldo Martínez, quien es empleado del área administrativa de la Fiscalía General de la República (FGR), empezó a activar sus contactos en Sensuntepeque, Cabañas, para reclutar a personas interesadas en esa zona.

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Por su parte, Habid Iglesias, según relató él mismo, utilizó los contactos que le habían quedado de su participación en campañas electorales de ARENA para convocar a personas en la franja sur del país. Producto de las operaciones, Campos remitió más de medio millón de dólares a Carlos Coll, y este, según la versión del empresario salvadoreño, le entregó algunas facturas por transporte de personas a México, a pesar de que nunca se movió a nadie hasta dicho país. Esto debido a que el plan de viaje contemplaba que las personas debían viajar a México por tierra y desde ahí tomar un avión hacia Canadá. Sin embargo, esto nunca se efectuó debido a que no llegaron a El Salvador los contratos colectivos que los intermediarios prometieron a los beneficiaros del programa.

Hacia inicios de 2016, cuando tenían que empezar a viajar los primeros grupos que ya habían sido certificados, los representantes guatemaltecos dijeron que debido a una helada y a un incendio ocurrido en Alberta, Canadá, el proyecto debía posponerse.

El programa se pospuso cuatro meses, y en ese momento Coll y los representantes de Guatemala dejaron de contestar las llamadas de sus contrapartes en El Salvador.

Campos señaló a los guatemaltecos Pimentel y Álvarez como los responsables de haberse quedado con el dinero de los anticipos de las personas que estaban en el programa. El empresario asegura que sus socios en el exterior lo han dejado solo y que no se dignan ni a responderle las llamadas telefónicas desde que empezaron a posponer las fechas de los viajes.

Iglesias, por su parte, comentó que ha conocido de manera extraoficial que fueron suspendidas las licencias de los representantes guatemaltecos para reclutar personal a Canadá. Según él, la licencia de Verónica Pimentel está congelada por un proceso judicial en Canadá, mientras que la de Álvarez fue suspendida definitivamente porque una reclutadora publicó que cobraría $3,000 a los beneficiarios de un proyecto vinculado a esa persona. Por lo tanto, Iglesias dijo que es Carlos Coll quien debe conocer el paradero del dinero abonado por los salvadoreños.

Actualmente la Unidad de Patrimonio de la Fiscalía General de la República tramita una demanda por estafa agravada que Campos interpuso contra su contraparte en Guatemala: Pimentel, Álvarez y Coll. Mientras que Iglesias también demandó a Campos por no dar soluciones a las personas que certificó.

“Ya he escuchado esa mentira”

Las personas que dieron dinero como adelanto en el pago por su derecho a la visa de trabajo hacia Canadá están, en su mayoría, molestas, según se lee en mensajes de algunos chats grupales que mantienen con los representantes locales del programa.

Una de las presuntas víctimas consultada por LA PRENSA GRÁFICA dijo que, a su parecer, los argumentos de Iglesias y Campos, como contraparte en El Salvador, ya no se sostienen. “Yo ya he escuchado esa mentira varias veces, que lo dejaron solo, dice”, aseguró una afectada, refiriéndose a Campos, a quien considera un tipo “tosco” para atender a todos los interesados.

Uno de los puntos en común que señalan las víctimas es que no existió un acuerdo acerca del monto a cobrar por parte de las empresas que los reclutaron. A algunos les cobraron $200, $450 y a otros les ofrecieron programas de hasta $2,000. Según los empresarios involucrados, el monto correspondía a la etapa del proceso en la que iba cada persona.

Campos asegura que luego de tener el impase con sus socios en el exterior, ha empezado a contactar con empresarios estadounidenses para remitir a las personas que ya tenía acreditadas para las visas de trabajo. Y de esa forma, según él, a la fecha ha logrado enviar alrededor de 100 personas. Sin embargo, sus socios y los beneficiarios han criticado la manera en la que Campos ha priorizado algunos grupos por sobre otros para realizar los envíos.

Tanto Campos como Iglesias han empezado a devolver el dinero a quienes desean abandonar el programa, pero debido a que lo están reintegrando con fondos personales, les han pedido tiempo a los interesados para completar las devoluciones.
 

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