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Esto es lo que magistrados explicaron a medios de comunicación sobre sentencias

Cuatro magistrados propietarios y un suplente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia explicaron esta mañana a representantes de medios de comunicación los alcances y efectos de las sentencias sobre Ley de Amnistía, bloqueo al cobro del recargo del 13% a la energía y emisión de bonos por $900 millones.
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Los magistrados Armando Pineda (presidente de la Corte Suprema de Justicia), Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz (suplente) de la Sala de lo Constitucional explicaron esta mañana los alcances de sus últimas sentencias a representantes de medios de comunicación.

La reunión fue realizada en un salón del Centro de Capacitaciones Luis Poma, de la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL) y estuvieron presentes representantes de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), LA PRENSA GRÁFICA, Grupo Megavisión, Tecnovisión Canal 33, El Diario de Hoy y un entrevistador de un canal del oriente del país. Los medios fue organizada por los medios presentes.

Los medios de comunicación han tenido reuniones con otros sectores para tener conversaciones sobre el clima del país tras las sentencias. Esta misma semana hubo una reunión en el Hotel Sheraton Presidente con los secretarios generales y miembros de partidos políticos. En esa oportunidad estuvieron presentes Medardo González, secretario general del FMLN; Jorge Velado, Ana Vilma de Escobar y Milena Calderón por ARENA; Guillermo Rodríguez y Antonio Almendáriz, del PCN; Rodolfo Parker, secretario general del PDC; y Andrés Rovira, Guillermo Gallegos y Nelson Guardado, de GANA.


Ley de Amnistía

El presidente de la Sala de lo Constitucional aclaró que si bien él no acompañó algunas de las sentencias eso no significa que se hubieran aprobado a sus espaldas. De hecho, dio garantía de la legalidad de los procesos.

Meléndez explicó que la sentencia sobre la Ley de Amnistía deja sin efecto una disposición de 1993, pero activa la de un año anterior, que también abarca crímenes cometidos durante la guerra, excepto los señalados por el informe de la Comisión de la Verdad.

El magistrado señaló que esa demanda fue interpuesta por personas afines al FMLN. Meléndez hizo una consideración histórica y jurídica de los términos de la sentencia e hizo hincapié que el fallo gira alrededor de la "justicia transicional" o retributiva y no tanto en el ámbito penal. Se refiere, dijo, al "privilegio de las víctimas".

El magistrado Ortiz dijo que esta sentencia pone en el tapete el debate si la sociedad salvadoreña apuesta a la democracia o si aún estamos atados al autoritarismo
Ortiz señaló  "falsos presupuestos ético-políticos" para la paz, como el "perdón y olvido" y el "derecho de las víctimas a conocer la verdad atenta contra la reconciliación".

Para él, esta sentencia resuelve el tensionamiento y hace énfasis en la justicia retribuitiva, con énfasis en la dignificación de las víctimas, además de que ayuda al rescate de la memoria histórica.

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Bonos y suplentes

Blanco habló sobre la sentencia de los $900 millones en bonos, basada en una demanda contra el mecanismo utilizado para aprobarlos. En el análisis se determinó que la Asamblea Legislativa no cumplió los requisitos establecidos por la Constitución para hacer el llamamiento de un diputado suplente (como muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir del diputado propietario).

En el marco de esta discusión surgió el debate, por conexión (ya que no fue presentado en la demanda) sobre la legalidad de los diputados suplentes y se estableció que, al igual que los propietarios, deben ser electos por los votantes.

En todo caso, señaló, se valoró que los 84 diputados propietarios son suficientes para las votaciones exigidas en la Constitución (43 para mayoría simple y 56 para mayoría calificada y la muy rara mayoría absoluta de tres cuartas partes, 63, para materia de soberanía), ya que nunca se exige que una votación sea unánime.

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Recargo del 13% a la energía

González se refirió a la "reserva de ley" para basar el fallo contra la aplicación de un recargo del 13% a la factura de la energía eléctrico, y que consiste en que disposiciones en materia penal y de impuestos solo pueden ser aprobadas por representantes del pueblo.

El 13% se pretendía ejecutar a través de un decreto ejecutivo. Sobre la suspensión de un acto, en este caso el cobro del recargo, González dijo que ya se ha hecho antes en anteriores sentencias de la Sala de lo Constitucional.

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  • sala de lo constitucional
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