Estudiantes fueron las más afectadas por las desapariciones

Cifras de la Policía Nacional Civil revelan que cuatro de cada diez mujeres que fueron reportadas como desaparecidas durante 2020 eran adolescentes o jóvenes estudiantes. Expertas urgen al Estado a visibilizar el tema y no seguir ignorándolo.

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Lucero Prado tenía 15 años al momento de ser reportada como desaparecida y la última vez que la vieron fue en el Centro Urbano José Simeón Cañas de Mejicanos, el 10 de febrero de este año; mientras que Josseline Abigail Anaya Cruz tenía 18 al momento de ser vista por última vez, el pasado 21 de abril, en el cantón El Zunza, de Izalco, Sonsonate. Ambas tienen en común el haber sido reportadas como desaparecidas en redes sociales y estar en el rango de edad más afectado por este delito durante los últimos meses.

Las estadísticas de las desapariciones de mujeres ocurridas durante todo 2020 revelan que, lamentablemente, la mujeres jóvenes en etapa escolar corren el peligro más alto. De 525 vulneraciones registradas por la Policía Nacional Civil (PNC) el año pasado, 220 (el 42 %) fueron salvadoreñas identificadas como estudiantes.

Según Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres de ORMUSA, este dato también debe relacionarse a otros tipos de violencia que sufren las mujeres.

“Hay mujeres que huyen, pero eso no quiere decir que esa desaparición, aunque sea voluntaria, no deba ser atendida por las autoridades”.

Krissia Aquino, Vocera de Alerta Raquel.

"Lo hemos dicho desde hace muchos años, que la desaparición está vinculada al feminicidio y eso es un riesgo sumado. Hay una necesidad de establecer mecanismos de alerta temprana que permitan atender el problema de una mujer desaparecida, pero también atender otros delitos como la trata, la explotación sexual, que son delitos que están a la base de las desapariciones", declaró.

Similar opinión tiene Krissia Aquino, vocera de Alerta Raquel, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Ixchel para apoyar la búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas.

"De febrero (2021) hasta la primera semana de junio contabilizamos 72 mujeres desaparecidas, de las cuales hemos emitido alerta en redes sociales. De ellas 49 están en la edad de los 12 a los 18 años, lo cual concuerda con los datos de la Policía y corrobora el peligro al que se exponen las estudiantes y las mujeres jóvenes", dijo.

Pese a las cifras emanadas desde la misma PNC, su director, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, sugirió a finales de marzo de este año que estas desapariciones no deben verse solo como delitos, sino como cambios de domicilio o migración. En mayo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, solicitó a los familiares de los desaparecidos que dejaran de publicar sus denuncias en redes sociales.

"Hay mujeres que huyen y tenemos de esos casos, pero eso no quiere decir que esa desaparición, aunque sea voluntaria, no deba ser atendida, porque si huye es precisamente porque hay otras causas que no han sido atendidas por mucho tiempo, como la violencia intrafamiliar que esas mujeres pueden sufrir en sus casas, amenazas o falta de oportunidades laborales. También esos son aspectos que necesitan atención", agregó Aquino.

“Hay que atender las desapariciones, pero también otros delitos contra la mujer que están a la base y que están relacionados, como feminicidios”.

Silvia Juárez, Investigadora de ORMUSA.

Visibilización

Tanto Silvia Juárez como Krissia Aquino concuerdan en señalar que el comportamiento de las autoridades respecto al tema de los desaparecidos, tanto hombres como mujeres, deja mucho que desear. Ambas creen que el Estado intenta mermar el tema para que no dañe la imagen del Plan Control Territorial.

"Hemos emitido pronunciamientos para denunciar la actitud de las instituciones porque consideramos que no le están dando la importancia que merece y lo hacen porque contradice el discurso político del Plan Control Territorial, porque bajan los homicidios pero suben las desapariciones", expuso Aquino.

"Si bien el mecanismo de las redes sociales no es oficial y no tiene un registro ni una base de datos, es una herramienta de último recurso a la que recurren las familias y las personas, a falta de un sistema que garantice el acceso basado en derechos humanos", señaló Juárez.

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