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Excúpula militar salvadoreña, dispuesta a declarar en proceso por masacre El Mozote

"Estamos satisfechos porque se ha avanzado en el proceso y es un hecho histórico en el que por primera vez se ha sentado en el banquillo de los acusados a los altos mandos del Ejército que en esa época de la guerra eran intocables", dijo Wilfredo Medrano, abogado y miembro de la organización que representa a las víctimas y sus familiares, Tutela Legal "María Julia Hernández".
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Mujer observa listado de nombres de víctimas de la masacre en El Mozote. Foto archivo/LPG.

Mujer observa listado de nombres de víctimas de la masacre en El Mozote. Foto archivo/LPG.

Excúpula militar salvadoreña, dispuesta a declarar en proceso por masacre El Mozote

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Varios exmiembros de la cúpula del Ejercito salvadoreño que comandó los primeros años de la guerra civil (1980-1992) dijeron hoy estar dispuestos a declarar en el proceso que afrontan por la masacre de El Mozote de 1981, tras 36 años de silencio, informó a Acan-Efe un portavoz de las víctimas.

El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (noreste) comunicó hoy a siete militares retirados, de los nueve citados, los cargos que afrontan por la matanza de unos 1,000 campesinos, en lo que es el primer proceso que abre la Justicia salvadoreña por un crimen de lesa humanidad.

"El juez preguntó a los imputados si querían declarar (en el proceso) y muchos de ellos dijeron que sí declararán, previo a un consulta con sus abogados", relató Wilfredo Medrano, abogado y miembro de la organización que representa a las víctimas y sus familiares, Tutela Legal "María Julia Hernández".

No obstante, el letrado señaló que los militares pueden negarse a rendir testimonio más adelante.

Entre los asistentes a la audiencia se encontraban el exministro de Defensa José Guillermo García, deportado en enero de 2016 desde Estados Unidos, donde fue juzgado en 2012 por crímenes de guerra en el conflicto bélico salvadoreño, en un juicio civil en el que se le condenó a indemnizar a las víctimas con 54 millones de dólares.

Medrado detalló que a la "audiencia especial intimatoria" no asistieron el capitán Juan Ernesto Méndez Rodríguez, oficial del batallón que perpetro la masacre, y el General Juan Ramón Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea entre 1970 y 1989 y prófugo por la masacre de 5 jesuitas españoles en ese último año y es requerido por la Audiencia Nacional de España.

"El juez les advirtió a sus abogados que la intimación (notificación de los delitos que se les imputan) es un acto procesal personal y que los iba a citar por segunda vez y si no llegaban los iba a llamar por apremio", es decir, forzados por la Policía, señaló.

El activista explicó también que para mañana está citada la "estructura de mando que tenía el batallón Atlacatl", unidad elite del Ejército que perpetró la masacre y también se le atribuye la de los padres Jesuitas de 1989.

"Estamos satisfechos porque se ha avanzado en el proceso y es un hecho histórico en el que por primera vez se ha sentado en el banquillo de los acusados a los altos mandos del Ejército que en esa época de la guerra eran intocables", apuntó Medrano.

Esta audiencia es un acto previo a la toma de "declaraciones indagatorias", en la que los "acusadores particulares" nombrados por las familias de las víctimas podrán intervenir con "el objetivo de ligarlos con los hechos que se les están imputando".

Este proceso fue retomado luego de la anulación de la Ley General de Amnistía de 1993 por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, misma que bloqueaba todos los procesos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 1992.

La resolución que anuló dicha ley en julio del 2016 también otorgó la categoría de crimen de lesa humanidad a esta masacre, uno de los mayores ataques contra civiles perpetrados por algún ejército latinoamericano y que diferentes sectores han comparado con las matanzas nazis.



 

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