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Exdiputado de CD y su esposa a juicio civil por enriquecimiento

Magistrados de CSJ decidieron de forma unánime abrir un juicio por enriquecimiento ilícito en contra del exdiputado Douglas Avilés y su esposa, quienes no justificaron el origen lícito de $315 mil.
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De manera unánime los 15 magistrados que integran el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron ayer a favor de enviar a juicio al exdiputado de Cambio Democrático (CD) Douglas Avilés y a su esposa, Brenda Cecilia Quezada, en su calidad de asesora de la presidencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) desde el 19 de enero de 2012, por encontrar indicios de enriquecimiento ilícito en el patrimonio de ambos.

Los magistrados aprobaron el informe elaborado por la Sección de Probidad de la Corte en el que se determinó que Avilés y Quezada no pudieron justificar la procedencia lícita de $315,222.69.

Según el examen final de Probidad, la cifra cuestionada está compuesta por la suma de $20,398.40, que es el total injustificado del período 2009-2011 en el que Avilés fungió como diputado suplente; más $47,136.77 que suman las irregularidades encontradas a Quezada como funcionaria de la CCR, entre 2012 y 2014; y $247,824.29 que no pudo justificar Avilés en el mismo período como diputado propietario.

El informe votado por Corte Plena ayer muestra que Probidad había encontrado inicialmente 20 irregularidades en las declaraciones patrimoniales presentadas por Avilés y su esposa, hallazgos que sumaban más de medio millón de dólares sin justificación.

Sin embargo, debido a los documentos de descargo presentados por Quezada, el 6 de junio, y por Avilés, el 1.º de septiembre pasado, este monto disminuyó en más de $200 mil. Entre los montos justificados se cuenta, por ejemplo, $15 mil otorgados al exdiputado por Reinaldo Alcides Carballo en el marco de la campaña electoral de 2012.

Según el documento de Probidad, en el período entre 2012 y 2014, Quezada no pudo justificar completamente $10 mil en depósitos realizados en una cuenta de un banco; $30,060 en depósitos realizados en una cuenta corriente de otro banco; $5885.34 en pagos de tarjeta de crédito que no tienen relación con retiros en sus cuentas bancarias; y $1,191.43 de diferencia negativa entre ingresos y gastos declarados.

En el mismo período, Avilés no pudo justificar finalmente la procedencia de $70,821.34 depositados en tres cuentas de un mismo banco; $47,010.42 depositados en dos cuentas de otra institución financiera; $95,930.70 con los que pagó tarjetas de crédito; y un diferencial negativo de ingresos y gastos declarados por $33,925.06.

En alguno de los casos, los esposos intentaron justificar su patrimonio a partir de la extensión de un crédito por parte de una persona particular por $126 mil; sin embargo, el hecho de que no presentaron el documento que comprobase el contrato mutuo a favor del prestamista, y la incoherencia en algunas fechas, provocó que la CSJ lo desestimara.

Entre las justificaciones presentadas también se cuenta otro préstamo por $19 mil presuntamente emitido en 2011 por una mujer en favor del exdiputado. Además, Avilés no pudo justificar el crecimiento patrimonial por $20,398.40 en el período 2009-2011, cuando fue diputado suplente. Dicha cifra responde a $9,772.94 en pagos de tarjeta de crédito que supuestamente habían sido cancelados con viáticos, más $10,625.46 con los que pagó una tarjeta de crédito. En ambos casos el diputado argumentó que el dinero lo había obtenido de viáticos entregados a su favor; sin embargo, Probidad concluyó que “el valor pendiente de justificar no se relacionó con dicho detalle de viáticos”.

Un magistrado de la CSJ informó que el caso será remitido para el conocimiento de la Cámara de lo Civil de Santa Tecla, La Libertad. Las dos cámaras de lo Civil de San Salvador están conociendo juicios de otros exfuncionarios. Previo al caso de Avilés, la Corte abrió juicio por enriquecimiento ilícito a los expresidentes de la república Mauricio Funes y Antonio Saca; al exdirector del Seguro Social Leonel Flores; al diputado Reynaldo Cardoza; y al ex secretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix.

Exdiputado se declara inocente

El exdiputado declaró recientemente a LA PRENSA GRÁFICA que a su parecer a la raíz de toda la evaluación de Probidad existe un acto de venganza de parte del expresidente de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez en contra de su esposa.

Según el exparlamentario, Tóchez se encargó de emitir avisos al Tribunal de lo Laboral, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Sección de Probidad de la Corte en contra de Quezada. Además, según Avilés, el extitular despidió a su cónyuge en 2013 y ella posteriormente fue amparada por la Sala de lo Constitucional para volver a su cargo.

“Tal como lo expresamos en los escritos, sistemáticamente demostramos que hubo omisión de documentos, duplicidad de montos señalados. Se había hecho uso de una fórmula para calcular ingresos y egresos, que en mi caso preliminarmente solo se tomaba como parte de mis ingresos lo que declaraba en el Ministerio de Hacienda como salario de un diputado, pero el resto del salario de un diputado lo constituyen los gastos de representación, transporte y comunicación, en tanto no son gravados no son reportados al Ministerio de Hacienda”, aseguró Avilés.

El exfuncionario aseguró que enfrentará el proceso en su contra sin hacer uso de argumentos políticos, sino mostrando los documentos que acreditan la legalidad del patrimonio de su familia. No obstante, recomendó a los magistrados de la CSJ que revisen el trabajo de la Sección de Probidad.

“Sería altamente relevante que la Corte revisara el grado de profesionalismo con que está realizando su trabajo la Sección de Probidad, y los avances técnicos que está teniendo... Puedo demostrar que se me entregaron cuadros con sumas equivocadas, incluso alguna sumas a mi favor”, dijo.

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