Exdirectivos FESFUT nunca declararon su patrimonio

Rodrigo Calvo, Reynaldo Vásquez y Carlos Méndez Florez Cabezas, quienes estuvieron al frente de la federación, no presentaron declaraciones patrimoniales ante la Corte Suprema de Justicia.
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Para extradición.  Reynaldo Vásquez Romero, expresidente de la FESFUT, está a la espera de un proceso de extradición a EUA.

Para extradición. Reynaldo Vásquez Romero, expresidente de la FESFUT, está a la espera de un proceso de extradición a EUA.

Exdirectivos FESFUT nunca declararon su patrimonio

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Los últimos presidentes de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) no declararon su patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según información proporcionada por esa oficina. Probidad notificó el pasado 5 de enero que ni Rodrigo Calvo, quien estuvo en la FESFUT entre 2009 y 2014; Reynaldo Vásquez, quien entre 2009 y 2010 presidió la comisión normalizadora; ni Carlos Méndez Florez Cabezas, quien presidió entre 2010 y 2014, presentaron su declaración jurada de patrimonio.

El artículo 2 de la Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios, que regía a Probidad hasta diciembre pasado, establecía que esta era aplicable para todos los funcionarios públicos. Las personas que “de cualquier manera administren, manejen bienes o fondos del Estado o del municipio, o dispongan de ellos ya sea por disposición de ley, reglamentos o por designación oficial” se consideran funcionarios públicos.

La Federación Salvadoreña de Fútbol recibe fondos públicos a través del Instituto Nacional de los Deportes (INDES). Para este año tiene designados $550,000 anuales del Presupuesto General de la Nación, ya aprobado. Antes de 2014 recibía $1.7 millones anuales, 35 % de este monto destinado exclusivamente para gastos administrativos. Fue precisamente en la administración de Calvo que la federación recibió reparos de parte de la Corte de Cuentas de la República (CCR) por hacer uso indebido del presupuesto estatal designado.

“Se ha revisado los archivos que lleva esta oficina y no se ha encontrado registros que alguna institución los haya reportado como obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio en el cargo que los requieren”, contestó el subjefe de la Sección de Probidad de la Corte, Carlos Guillermo Quiteño, a una solicitud gestionada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema.

La Sección de Probidad confirmó que, tal como lo dispone el artículo 2 de la ley, los directivos de la federación sí son entes obligados a presentar su declaración patrimonial

La FESFUT se vio salpicada a finales del año pasado por el escándalo de corrupción en la FIFA. Son cuatro salvadoreños involucrados en una red que recibía sobornos a cambio de venta de derechos de televisión y de organización de partidos, según una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EUA). Uno de esos nombres ya salió a la luz. Es el de Reynaldo Vásquez, quien está a la espera de un proceso de extradición hacia EUA.

Según la investigación estadounidense, la empresa Media World le pagó al menos dos sobornos por $450,000, a través de dos transferencias cablegráficas realizadas entre noviembre de 2011 y octubre de 2012. Por eso uno de los cargos imputados al exdirectivo es lavado de dinero, y también es requerido por asociación delictuosa en la creación de una estratagema para estafar.

Trámite en la CSJ

El magistrado de sala de la Corte Suprema Rodolfo González confirmó el viernes de la semana pasada que están a la espera de recibir la documentación de Estados Unidos para completar la extradición. Vásquez fue capturado el 15 de diciembre de 2015 y está recluido en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la PNC.

El expresidente de la FESFUT también tiene procesos judiciales pendientes en El Salvador. El pasado 6 de enero el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador lo sobreseyó del delito de estafa agravada en perjuicio del Banco Industrial, S. A. de C. V.

Pero le queda pendiente el proceso en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, donde es procesado por el delito de estafa agravada, por un monto de $125,000, en perjuicio patrimonial de la Sociedad Factotal, S. A. de C. V.

También tiene abierto un expediente en el Juzgado Segundo de Sentencia, donde enfrenta el delito de apropiación o retención de cuotas laborales en contra de 58 empleados de su empresa Mobilia, S. A. de C. V., por retener más de $163,000 en concepto de cuotas alimenticias, AFP, Seguro Social y créditos hipotecarios. En ese caso pagó una fianza de $200,000 para tener la oportunidad de continuar con el proceso en libertad y con medidas sustitutivas al arresto.

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