Exembajador Ochoa Pérez enfrenta mañana audiencia por apropiación de $41,040

Fiscalía solicita que exembajador siga el proceso en libertad, con restricciones.

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Silencio. Sigifredo Ochoa Pérez no quiso dar declaraciones  a su llegada al juzgado donde la Fiscalía lo acusa de apropiarse de $41,040 de fondos públicos en el alquiler de un inmueble.

Silencio. Sigifredo Ochoa Pérez no quiso dar declaraciones a su llegada al juzgado donde la Fiscalía lo acusa de apropiarse de $41,040 de fondos públicos en el alquiler de un inmueble.

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El Juzgado Segundo de Paz de Salvador programó para mañana la audiencia inicial contra Sigifredo Ochoa Pérez, exembajador de El Salvador en Honduras, acusado por la Fiscalía General del República (FGR) de alterar en $800 el precio de alquiler del local donde funcionaba la embajada salvadoreña en el vecino país, para apropiarse de ese excedente entre 2005 y 2009.

En la audiencia, la jueza debe definir las medidas con que van a continuar Ochoa Pérez y los otros dos imputados durante la etapa de ampliación de pruebas, llamada Instrucción. La FGR pide que sigan el proceso en libertad, con restricciones.

El también exdiputado Ochoa Pérez llegó ayer al juzgado para conocer la acusación que le hace la fiscalía por el delito de peculado (apropiación de fondos públicos). Lo hizo acompañado de su abogado Marlon Granados Pinto, quien en 2015 fue aspirante a fiscal general.

"En este momento no podemos dar declaraciones. Han intimado al coronel. Tenemos que leer la documentación y una vez que ya tengamos claro la imputación podemos dar las declaraciones respectivas. Queremos que se respete la legalidad en el país", dijo Granados.

Las investigaciones fiscales involucran a Walter Alfredo Amaya Escalante, exministro consejero salvadoreño en Honduras, y la hondureña Soledad Funes Donaire de Ramírez, como cómplice por ser la propietaria del local alquilado. Los tres acusados deben responder por el desfalco de $107,920 entre 2005 y 2015.

La Fiscalía sospecha que, en junio de 2005, Ochoa Pérez pactó con Donaire dos contratos de alquiler para el mismo local, donde funcionaría la embajada salvadoreña. El primer acuerdo era de $2,200 mensuales por el inmueble, que era el precio real, y el segundo de $3,000, con un sobreprecio ilegal de $800.

El contrato de $3,000 lo firmaron para que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRES) hiciera un desembolso con sobreprecio; mientras que el otro convenio lo pactaron a escondidas porque era el precio real del inmueble, según la Fiscalía. El acuerdo era que Donaire le entregara esos $800 a Ochoa cada mes.

Ochoa Pérez dejó de ser embajador en Honduras en diciembre de 2009, pero Walter Alfredo Amaya Escalante, en su calidad de ministro consejero en la sede diplomática, continúo el cobro de ese sobreprecio hasta mayo de 2015. La fiscalía asegura que Ochoa se apropió de $41,040; Amaya, de $59,000; y Donaire, de $7,880.

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