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Exfuncionario de Funes y Saca asesoró red de lavado: FGR

La Fiscalía cuenta con el testimonio de clave Olimpo que incrimina al expresentador de televisión. La defensa aseguró que empresas dieron servicios al OIE.
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Audiencia. Hernández y su contador fueron llevados ayer a la sala 4-A del Centro Judicial.

Audiencia. Hernández y su contador fueron llevados ayer a la sala 4-A del Centro Judicial.

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Irving Tóchez, quien fue presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) durante el Gobierno del expresidente Mauiricio Funes, y presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) durante la administración del expresidente Antonio Saca, fue quien, según una investigación fiscal, asesoró a la supuesta red que lavó más de $8 millones de dólares entre 2006 y 2008 para Saca. Esa red, según la Fiscalía General de la República (FGR), fue dirigida por el expresentador de televisión, Jorge Hernández, quien ayer enfrentó la audiencia inicial.

Tóchez fungió también como el titular de la empresa auditora Tóchez Fernández, la cual auditó a las empresas de Saca durante su mandato. En la segunda etapa del caso Destape a la Corrupción fue capturado el empleado de Tóchez Fernández, Milton Romeo Avilés, por presuntamente realizar auditorías fraudulentas a las sociedades del expresidente.

La empresa auditora de Tóchez fue allanada por la Fiscalía en febrero pasado, en el marco de la investigación penal en contra de Mauricio Funes.

La Fiscalía acreditó, en el proceso contra Hernández y otros cuatro imputados, el testimonio de una persona con clave Olimpo. Dicho testigo, a quien no se conoce que se haya otorgado un criterio de oportunidad, le contó a la Fiscalía que la estrategia de la red de lavado era justificar el dinero recibido desde las cuentas del Estado, durante la administración Saca, como cobros de deudas en el extranjero, con lo que se evitaba, entre otras cosas, el pago de impuestos. Según el testigo, este asesoramiento fue recibido por parte de Irving Tóchez.

En al audiencia inicial celebrada ayer, el abogado defensor del expresentador de televisión, Lisandro Quintanilla, dejó entrever que la exesposa y socia de Hernández, Flor de María Ventura, fue quien testificó en contra de la presunta red de lavado de dinero.

La investigación fiscal señaló que Hernández justificó en su contabilidad el dinero recibido como recuperación de deudas en el extranjero a favor de la empresa Inversiones Rivera Crespín S. A. de C. V. En dicha sociedad figura como miembro de alguna de sus juntas directivas el ahora imputado por lavado de dinero, Carlos Agustín Gamero Quintana. Dicha empresa fue absorbida el 29 de noviembre de 2007 por Jorge Hernández a un precio de $426,400.

Además de Gamero Quintana y Hernández, en el proceso también son señalados por blanqueo el contador de Hernández, Esteban Cañas; el empresario Enrique Guatemala; y el abogado y empresario Laabin Nimrod Tóchez Maravilla, este último sobrino del expresidente de la Corte de Cuentas (CCR), Rosalío Tóchez Zavaleta.

Según la investigación fiscal, Gamero Quintana tiene relación en las juntas directivas de Oficina Salvadoreña de Servicios Administrativos, Group Corporation, Garantía en Dirección Empresarial (en la que también participó el imputado Esteban Guatemala, esta compañía formó parte de la red de empresas con las que el expresidente Saca se apropió de un terreno en la que construyó una casa de más de 5,000 metros en la colonia Escalón) e Investments Gruop.

Mientras que a Tóchez se le vincula a la sociedad RM. Los investigadores señalaron que todas estas empresas fueron parte de la presunta estructura de lavado de dinero dirigida por Hernández. La red supuestamente operó de la siguiente manera: el exjefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial y ahora procesado por lavado de dinero, Francisco Rodríguez Artega, abrió cinco cuentas en las que recibió más de $145 millones desde la cuenta subsidiaria del Estado en concepto de “gastos reservados” durante la administración de Saca. De estas cuentas, la sociedad Marketing and Services, propiedad de Hernández y su exesposa, recibió $5,396,020 entre 2006 y 2008. Este dinero fue movilizado a las cinco empresas antes mencionadas y a las sociedades vinculadas a Saca: Grupo Samix y Promotora de Comunicaciones.

Además, $2,785,020 de las cuentas de Arteaga pasaron también a la sociedad RM, la cual depositó a Marketing and Services $421,000. La empresa RM fue creada en 1998 por quien fungió como presidente del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Publicos (INPEP) durante la gestión de Funes, Andrés Rodríguez Celis, y posteriormente fue comprada por Tóchez Maravilla en junio del 2006. Otra empresa que también recibió dinero del Estado por medio de Marketing and Services fue la sociedad Unicentro, la cual obtuvo más de $600,000 y fue comprada por Hernández a Jorge Emilio Zedán en el 2005. Según la Fiscalía, Unicentro es la empresa propietaria de la frecuencia del canal 29, en donde ahora funciona el canal televisivo comandado por miembros del FMLN. Hernández intentó justificar el dinero recibido en la empresa Unicentro, argumentó que recibía $50,000 mensuales en concepto del arrendamiento de frecuencia.

El abogado Luis Servellón, otro defensor, dijo que las empresas acusadas por la Fiscalía de conformar una red de lavado realizaron consultorías lícitas para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) durante la administración Saca.

“Yo no soy un delincuente”, reitetó ayer Hernández ante la jueza que conoce su caso. La titular del Juzgado Noveno de Paz decidirá hoy por la tarde si el expresentador de televisión, su contador , Gamero y Tóchez Maravilla (estos últimos en calidad de reos ausentes) van a prisión preventiva o si son procesados en libertad.

La jueza señaló que la situación jurídica de Enrique Guatemala será decidida luego de la resolución, ya que este no nombró abogado defensor.

$8
 Millones  es lo que presuntamente blanqueó Hernández.

$50
 mil es lo que Hernández dice que recibe mensualmente por arrendar el canal 29.

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