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Exigen que se prohíban los castigos corporales como correctivo en menores en El Salvador

UNICEF insiste en la importancia de hacer reformas al Código de Familia, el Penal y la LEPINA. Jueza aseguró que la mayoría de casos que reciben son por maltratos.

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Urgente.   Organismos internacionales hicieron énfasis en la urgencia de tipificar como delito el castigo corporal en menores.

Urgente. Organismos internacionales hicieron énfasis en la urgencia de tipificar como delito el castigo corporal en menores.

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Que se considere un delito el castigo corporal como una forma para corregir a menores es la exigencia que diferentes organismos internacionales hacen al Estado salvadoreño, específicamente a la Asamblea Legislativa por ser la instancia encargada de legislar.

En normativas como el Código de Familia, el Código Penal y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) hay vacíos que permiten que los padres o responsables de niños y niñas menores de edad puedan ser castigados sin considerar el daño físico o emocional que esto pueda causar.

Organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño, instancia creada por las Naciones Unidas luego de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) exigen a El Salvador a que tome medidas sobre este asunto a la brevedad posible.

"El Comité está profundamente preocupado por el hecho de que los castigos corporales a los niños sigan siendo legales y sigan estando justificados desde el punto de vista cultural", consideró el Comité en las últimas observaciones y recomendaciones que hizo al país y que fueron socializadas por el CONNA hace algunas semanas.

El Comité da dos opciones para que se tipifique como delito el castigo corporal en menores sin ninguna excepción: que se apruebe una ley específicamente para esto o que se reformen el artículo 215 del Código de Familia, el artículo 204 del Código Penal y el artículo 38 de la LEPINA.

La representante adjunta de UNICEF en El Salvador, Begoña Arrellano, dijo que con la aprobación e implementación de la LEPINA se legisló sobre el maltrato que reciben los menores en espacios como la escuela "pero queda en el ámbito donde los niños y niñas pueden ser más corregidos que es el hogar".

Partiendo de lo anterior, hizo un llamado a los diputados para que reformen o aprueben lo necesario para que también se castigue a los padres o responsables que golpeen a menores.

"La prohibición del castigo corporal debe de ir acompañada de ese tipo de políticas y acciones para que realmente se rompa el círculo de violencia desde el principio, desde los primeros años de vida ", explicó la representante adjunta de UNICEF.

Desde la perspectiva de la institución que representa Arellano, el castigo corporal en menores viola el derecho que este sector tiene a ser protegidos con igualdad ante la ley, también viola su derecho a la integridad física y al respeto a su dignidad humana.

Quien también hizo eco a la importancia de legislar para prohibir los castigos corporales fue la jueza especializada en niñez y adolescencia, Ruth Martínez, esto durante la presentación de las observaciones y recomendaciones que hizo el Comité.

"Tenemos que prohibir los castigos corporales, esa es una deuda grande y muchísimos de los casos que ingresan son por castigos, por tratos degradantes y obviamente también por tipos de violencia sexuales o sociales", aseguró la jurista.

Martínez recalcó la importancia de que el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, instancia creada a partir de la LEPINA, tenga más un enfoque preventivo que reactivo.

"Nosotros como jueces de niñez y las juntas de protección de alguna forma somos un sistema reactivo cuando una amenaza o vulneración de derechos reacciona, pero el sistema es mucho más amplio y si tuviésemos políticas públicas y sociales más efectivas posiblemente los casos no llegaran al ámbito de reacción", dijo Martínez.

Por otra parte, el Comité recomendó al Estado salvadoreño a que "establezca una base de datos nacional sobre todos los casos de malos tratos y descuido de niños y lleve a cabo una evaluación exhaustiva del alance, las causas y el carácter de este tipo de violencia".

Lo anterior debido a que el Comité mostró la preocupación por el registro de 45,925 casos de malos tratos y descuido que afectaron a más de 52 mil menores, esto solo durante 2012 y 2015.

Además le recomendó al país investigar todos los casos de malos tratos y descuidos y sancionar a los autores.

De igual forma pidió reforzar los programas de concienciación y educación, que lo niños participen en la formulación de una estrategia integral de prevención y lucha contr a los malos tratos hacia ellos que ocurren dentro de las familias o en las comunidades.

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