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Exjueces denuncian desobediencia a resoluciones judiciales

Aseguran que la Corte Suprema y el Órgano Ejecutivo dan un mal ejemplo y que esas acciones están en contra de la sociedad democrática del país, debido al nombramiento de 70 nuevos jueces. 

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Un grupo de ex jueces de diferentes departamentos de la zona oriental del país denunció la desobediencia por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Órgano Ejecutivo ante decisiones judiciales de medidas cautelares y el nombramiento y traslado de jueces, con base al decreto legislativo número 144 de mes de septiembre del presente año.

Los ex jueces aseguraron, en una conferencia de prensa brindada en un hotel de la ciudad de San Miguel, que los nuevos nombramientos no tienen las cualidades indispensables que deben de caracterizar a los jueces, las cuales son imparcialidad e independencia, debido a que el magistrado de familia fue nombrado en un decreto inconstitucional.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó a finales de agosto reformas a la ley de la carrera judicial, con lo que se enviaron al retiro a jueces mayores de 60 años de edad o con más de 30 años de servicio y realizaron traslados por razones judiciales de conveniencia de servicio.

Los ahora denunciantes forman parte de los jueces que desde el mes de septiembre han sido cesados de sus cargos. “La Corte ha desobedecido una resolución judicial y es un mal ejemplo de este órgano que irrespete las decisiones judiciales. Interpone apelación ante medidas cautelares sobre nombramientos, pero a la vez aplica el decreto al hacer nombramientos y traslados” dijo Sidney Blanco, ex juez del Tribunal de Sentencia de San Miguel.

Para los denunciantes, la violación a la resolución ha sido reiterada ya que la Corte Suprema continúa aplicando la reforma que, señalan, es inconstitucional desobedeciendo el mecanismo de elección de jueces que contempla la constitución de la República.

“Hay necedad de la Corte a darle prioridad a las directrices que proceden del Ejecutivo. Estamos preocupados que el máximo organismo responsable de mantener el respeto a las decisiones judiciales, no lo hace” dijo Blanco.

Ante la situación, la Cámara de familia de oriente ordenó a la Corte Suprema de Justicia no aplicar el decreto 144, como medida cautelar ante las demandas presentadas por jueces afectados por el decreto. Además, la cámara ordenó a la CSJ y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de tomar acciones en contra de los derechos del adulto mayor.

Ante eso, Sidney Blanco dijo que “es una resolución que solo debe de revertirse a través de un mecanismo de ley. Las decisiones deben de acatarse y solo pueden ser desatendidas a través de una resolución de una autoridad distinta que las deje sin efecto y esto no ha ocurrido”.

Los ex jueces aseguran que el presidente Nayib Bukele, por medio de su apoderado legal, compareció al proceso de familia para impugnar la decisión de no aplicar el decreto. “Estamos en presencia de una Corte Suprema de Justicia y un poder ejecutivo que desobedecen resoluciones judiciales. Hay confabulación para violentar la constitución e irrespetar las decisiones judiciales” agregó Blanco durante su participación.

Los denunciantes ven como un mal ejemplo que desde la CSJ y el órgano ejecutivo inviten a particulares y otras autoridades a desobedecer resoluciones judiciales. “Va en contra de la propia naturaleza de una sociedad democrática que se debe al respeto de las decisiones emanadas de las autoridades judiciales” dijo el ex juez de sentencia de la ciudad migueleña.

“Se deben de cuestionar al órgano elector (CSJ) y también a los que aceptan los cargos a pesar de ser inconstitucionales, a pesar de ser procedimiento irregular y que esos nombramientos o traslados de un decreto que viola la constitución” dijo Sidney Blanco.

Un grupo de ex jueces de diferentes departamentos de la zona oriental del país denunció la desobediencia por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Órgano Ejecutivo, durante una conferencia de prensa brindada en San Miguel.

Mientras que Antonio Guzmán, ex juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, aseguró que hay un doble vicio de ilegalidad “porque se están haciendo en operatividad a un decreto 144 que es inconstitucional. Y en segundo lugar porque desobedecen las medidas cautelares dictadas por la cámara de familia de San Miguel”.

Guzmán aseguró que en la sesión de Corte Plena de nombramientos de nuevos jueces hubo seis jueces que no votaron porque expresaron que habían medidas cautelares vigentes. “El autor intelectual de todas las irregularidades sin duda es el señor (Nayib) Bukele, que tiene como finalidad el dominar y someter al órgano judicial para controlar casos emblemáticos que pudiesen afectar a la gestión del Ejecutivo” expresó el ex juez.

En septiembre, la Asamblea emitió el decreto inconstitucional mediante el cual se cesó de sus cargos a más de 200 jueces por ser mayores de 60 años. El día 26 de septiembre, la CSJ se dispuso a llenar las vacantes que se liberaron de forma inconstitucional y realizaron una serie de traslados de los jueces que han denunciado las injerencias a la independencia judicial.

Los nombramientos de 98 jueces transgredió lo ordenado por la Carta Magna para el nombramiento de jueces y magistrados. El artículo 187 de la Constitución establece que el Consejo Nacional de la Judicatura es una institución independiente, encargada de proponer candidatos para los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de las Cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz.

Además, el artículo 182 numeral 9 de la misma Constitución señala que es atribución de la Corte Suprema de Justicia nombrar a los magistrados de Cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura. Los nombramientos de 98 jueces hechos por el pleno de la Corte no se realizaron mediante ternas enviadas por el Consejo Nacional de la Judicatura, por lo tanto son inconstitucionales.

La semana pasada, en una sesión de la Corte Plena se realizó el nombramiento de 70 nuevos jueces de forma irregular. Alex Marroquín, magistrado de la Sala de lo Civil, hizo una propuesta relacionada a las vacantes, producto de las renuncias por el decreto legislativo 144, y llevaba una lista de jueces para nombrarlos en propiedad.

Los 70 nuevos funcionarios judiciales tomarán posesión de sus cargos a partir del próximo 1 de noviembre. Los nombramientos se realizaron a pesar que algunos magistrados señalaron que no se podían efectuar por la existencia de la medida cautelar decretada por la Cámara de Familia de San Miguel.

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