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Exmagistrado CSJ: La tregua sí fue una política gubernamental, pero fracasó

La FGR presentará hoy la solicitud de imposición contra los capturados por el caso tregua en el Juzgado Especializado de Instrucción, en San Salvador.
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Foto TCS.

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Exmagistrado CSJ: La tregua sí fue una política gubernamental, pero fracasó

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El abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulises del Dios Guzmán, cuestionó las políticas de seguridad que, según él, se implementaron en el gobierno del expresidente Mauricio Funes, durante el contexto de la tregua entre pandillas. Para el magistrado, se repitieron “costumbres” de gobiernos anteriores, según dijo en una entrevista matutina.

“Pareciera ser fácil juzgar su política y que se condene (al expresidente Funes), pero habría que tener cuidado, porque el fracaso de esa política gubernamental también es aplicable al gobierno anterior y al anterior”, expresó.

Para el abogado, toda la orientación y línea de trabajo que se ejecutó en el periodo presidencial anterior fueron construidas de políticas fracasadas de gobiernos anteriores, entre ellas la tregua entre pandillas, al extremo en el que las pandillas lograron un mayor control territorial y se volvieron “inaguantables”.

“Si era una tradición, significa que antes se daban beneficios a cambio de nada porque no había nada que ofrecerles (grupos criminales). Hubo una moneda de cambio que desplomó de 14 a 6 homicidio”, expresó Guzmán, quien además argumentó que esta baja de criminalidad provocó que las pandillas se fortalecieran y la represión sobre la sociedad se mantuviera.

Durante la entrevista televisiva Frente a Frente, el exdirector del Instituto de Medicina Legal (IML), José Miguel Fortín Magaña, aseguró que nunca le tuvo confianza al proceso de la tregua. “Toda la sociedad terminó siendo víctima de la tregua, hasta los políticos”, dijo Magaña.

Las medidas extraordinarias de seguridad

Luego de la masacre ocurrida en San Juan Opico, La Libertad, en marzo pasado, el Gobierno central propuso una serie de medidas especiales que ayudarían a combatir la violencia en el país. Entre estas se encuentra incrementar el control en las cárceles y bloquear las señales telefónicas, impidiendo instalaciones de nuevas antenas en un radio de 500 metros de los centros penales.

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El exmagistrado Guzmán también opinó sobre este tema, considerando como “dudosas” dichas medidas, debido a que no hay una efectiva ejecución de parte de las instituciones del Estado.

“Lo que pueda dar resultado no es un cambio de legislación sino de operatividad. Por ejemplo, controlar que entren teléfonos celulares a los Centros Penales no requiere de una reforma, siempre hubo y no sé si todavía habrá ingresos”, explicó, al tiempo que señaló que el bloqueo a las telefonías es también una especie de sanción para la población que vive alrededor de los penales.

Magaña también aseguró que la Fiscalía habría impedido investigaciones sobre personas desaparecidas mientras el proceso de la tregua se mantenía. “Las medidas extraordinarias eran necesarias, pero el control territorial no es para quince horas (en referencia al desplazamiento del Ejército y la PNC en Las Campaneras, Soyapango)”.

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“Si eventualmente hubiera un ataque de los pandilleros hacia las tanquetas o a los soldados, el desastre podría haber ocurrido... Las ametralladoras tienen la capacidad de traspasar casas”, dijo Guzmán quien también evaluó que la PNC y el Ejército no llegan a controlar sino a usurpar las colonias “introduciendo inseguridad a la población”.

Finalmente, Guzmán consideró imprescindible en la investigación sobre la tregua la captura del exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, ya que él es el que pueda colaborar a conectar los altos, medios y bajos mandos sobre cómo y quién daba las órdenes de ejecución en los Centros Penales, según el exmagistrado.

Por su parte, la FGR presentará hoy la solicitud de imposición contra los capturados por el caso tregua en el Juzgado Especializado de Instrucicción, en San Salvador.

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