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Exministro Lacayo y Sol Bang, acusados de peculado caso CEL-ENEL

La comisión especial, creada para investigar el contrato, detalló que la reestructuración de CEL ha sido un factor clave para comprender la problemática y que, precisamente, ese concepto fue “mal utilizado”. La FGR pedirá la captura de nueve, entre ellas Guillermo Sol Bang y Miguel Lacayo.
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La comisión especial creada en la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el contrato de la empresa italiana Enel con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) entregó hoy al fiscal general, Luis Martínez, el informe final de dicha indagación.

De acuerdo con el informe, se han cometido varios delitos en torno a este caso que ya prescribieron; sin embargo, el único que no ha prescrito es el de peculado.

Entre los imputados por este delito están Guillermo Sol Bang, Jorge Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas y  Thomas Hawk y otras tres personas más.

Además, entre los cómplices necesarios por el delito de peculado, están los exmiembros de la junta directiva de La Geo.

La FGR pedirá pasar a instrucción formal con detención a nueve personas: el ex ministro Miguel Lacayo, acusado de instigador del delito de peculado, Guillermo Sol Bang, Jorge Simán, Pedro Escalón, Julio Olano, Carlos Chavarría, Thomas Hawk, José Palomo, José Machado, por el delito de peculado.

La fiscalía dice que se pedirá sobreseimiento para varias personas: Jaime Torres, cómplice no necesario en el delito de peculado; Óscar Valdez Iraheta, Roger Avilés, Carlos Novoa, Mario Selva, José Gasteazoro, José Rodríguez, Porfirio Díaz, José Martínez y Paolo Pietrogrande,
.  Además, dijo que se demandará una responsabilidad civil por más de $1,000 millones, cómplices necesarios en el delito de peculado.

El comisionado Saúl Morales, miembro de la comisión especial, fue el encargado de entregar el informe esta mañana a Martínez. El comisionado aseguró que la investigación ha establecido una hoja de ruta para poder continuar con las indagaciones. También señaló que el análisis tomó en cuenta la contratación de los asesores financieros de CEL, en el momento en que se firmó el contrato para buscar un socio estratégico. Respecto a este punto, dijo que se tendría que haber acudido a la Asamblea Legislativa para el proceso de búsqueda de ese socio.

Agregó que la reestructuración de CEL también ha sido un factor clave para comprender la problemática y, precisamente, ese concepto fue “mal utilizado”. Además, indicó que se crearon leyes para respaldar en su momento el contrato, tal como se hizo.

Durante el resumen sobre el informe, Morales detalló que, entre 1989 y 1994, se dio una serie de privatizaciones para las que se emitía en cada una ley particular que las respaldara. Entre 1994 y 1999 se dictó una estructura jurídica que sirvió de andamiaje al contrato CEL-Enel.  

La reestructuración de CEL surgió luego de la aprobación de la Ley General de Electricidad, en 1996. Ello dio vida a GESAL, que posteriormente pasó a llamarse LaGeo.

La comisión concluye que la creación de GESAL es legal pero el traspaso de bienes no debía ocurrir de la manera en que se dio. La transferencia de bienes de CEL a GESAL no fue legal, agregó Morales, y a la vez dijo que un alto funcionario, es decir el ministro de Economía en ese momento, Miguel Lacayo, pidió que el contrato se cediera a LaGeo.

Asimismo, señaló que el asesor de CEL, Porfirio Díaz Fuentes, que avaló términos del socio estratégico, también trabajaba para Enel.

El representante de la comisión especial indicó que las reformas sucesivas de acuerdos de capitalización de Enel en GESAL permitieron el aumento de 8.5% a 12.5% de capital social.

Otras de las conclusiones del informe es que se obvió la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para el proceso de licitación del socio estratégico.

Morales destacó que el informe se redactó por unanimidad de todos los miembros de la comisión.

Por su parte, el fiscal opinó que hoy es un día histórico para El Salvador, y dijo que lo se busca es obtener una sentencia y sanción contemplada en la ley respecto a las irregularidades encontradas en el contrato.

“Esta investigación no ha crucificado a nadie, ni es una vendetta”, manifestó, al tiempo que detalló que el dinero perdido por el Estado será parte de la responsabilidad civil que se solicitará, y que se procederá a realizar embargos a las personas involucradas.

<blockquote class="twitter-tweet"><p>Lista de acusados <a href="http://t.co/y1A1IkHt0v">pic.twitter.com/y1A1IkHt0v</a></p>&mdash; LPGJudicial (@LPGJudicial) <a href="https://twitter.com/LPGJudicial/statuses/399959439882465280">November 11, 2013</a></blockquote>
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