Exministro condenado por crímenes llegará hoy a El Salvador deportado por EUA

El pasado 15 de diciembre, el tribunal confirmó la orden de deportación contra García dictada por el juez de inmigración de Miami Michael C. Horn, que había sido apelada por la defensa del exministro.
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El exministro de Defensa José Guillermo García, de 82 años, condenado en 2012 en Estados Unidos por crímenes de guerra, llega hoy a El Salvador procedente del país norteamericano, donde un tribunal de apelaciones ratificó la decisión de un juez de Miami de que fuera deportado.
 
El pasado 15 de diciembre, el tribunal confirmó la orden de deportación contra García dictada por el juez de inmigración de Miami Michael C. Horn, que había sido apelada por la defensa del exministro.
 
La inminente llegada a El Salvador del exfuncionario fue confirmada este viernes por asociaciones pro derechos humanos del país centroamericano.

A su llegada, un grupo de activistas realizaba una protesta por los crímenes de los que el exministro estaba siendo procesado:

 
El exministro fue juzgado en Florida en el año 2012 por crímenes de guerra en el conflicto bélico salvadoreño (1980-1992), en un juicio civil en el que se le condenó a indemnizar a las víctimas con 54 millones de dólares.
 
El caso arrancó en 1999 tras la demanda presentada por el Centro por la Justicia y la Responsabilidad norteamericano contra García, quien ejerció como ministro entre 1979 y 1983.
 
El Departamento de Seguridad de Estados Unidos, amparado en una ley de 2004 que permite expulsar del país a violadores de derechos humanos, llevó el caso a un tribunal de inmigración de Florida, donde se dictó la orden de deportación.
 
En su escrito el juez consideró "inconcebible" que la tortura a gran escala que se produjo en El Salvador entre 1979 y 1983 pudiera llevarse a cabo sin el conocimiento del entonces ministro de Defensa y añadía que el propio García "protegió" a los torturadores, negó las masacres e impidió la investigación de los asesinatos.
 
Según el fallo judicial, hay pruebas suficientes de que el exministro de Defensa participó en once crímenes de guerra cometidos en El Salvador durante su etapa al frente de las Fuerzas Armadas.
 
De acuerdo con la sentencia, el exministro salvadoreño estuvo implicado en el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980, así como en las masacres de más de mil campesinos en la región de El Mozote, en 1981.
 
Además, se le relaciona también con el asesinato de cuatro monjas estadounidenses, también en 1981 en El Salvador, y de la tortura de ciudadanos salvadoreños.
 
En referencia al caso, el procurador de los Derechos Humanos, David Morales, dijo a Acan-Efe, cuando se conoció la orden de deportación, que pedirá el enjuiciamiento en el país del exministro.
 
"Él fue el gran director de la represión, el impulsor de las más grandes violaciones a los derechos humanos en El Salvador en la década de los años ochenta" cuando se produjeron "matanzas sistemáticas de población civil y se practicó la tortura generalizada de los presos políticos", expuso Morales.
 
Agregó que "existe un obligación del sistema de justicia de El Salvador y de la Fiscalía de procesarle por estos graves crímenes" porque "la amnistía o prescripción no operan jurídicamente para los crímenes atroces en los que se vio involucrado".
 

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