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Exministro del FMLN abandona el país entre acusaciones

Fiscalía vincula a Arístides Valencia con negociaciones entre políticos y pandilleros para incidir en elecciones de 2014. Seis acusados enviaron a abogados ayer al juzgado de Paz para enfrentar el proceso.

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Escape. Arístides Valencia dejó el país el mismo día que la Fiscalía pidió el desafuero de Norman Quijano por negociar con pandillas en 2014. Valencia quería dirigir el FMLN

Escape. Arístides Valencia dejó el país el mismo día que la Fiscalía pidió el desafuero de Norman Quijano por negociar con pandillas en 2014. Valencia quería dirigir el FMLN

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Escapó. Arístides Valencia, exministro de Gobernación durante la pasada administración del FMLN,  abandonó el país el 27 de enero pasado, según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. El exfuncionario es uno de los siete políticos y colaboradores que están acusados de negociar con pandilleros para obtener beneficios electorales en 2014.

Rivas dijo que el registro de Migración da cuenta de que el exministro viajó hacia Guatemala, sin embargo,  las autoridades sospechan que podría estar en Nicaragua, país donde el expresidente de la república, Mauricio Funes, pidió asilo y posteriormente se nacionalizó para evadir cinco órdenes  de captura por delitos vinculados con la corrupción.
“Estamos viendo si hubo más destinos, pero es el único que ha salido del país. Al igual que Sigfrido Reyes, seguramente estarán en Nicaragua”, dijo el ministro Rivas  en una entrevista televisiva.
Minutos antes de que Valencia abandonara el país, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a los diputados que quiten la inmunidad del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, para que también  enfrente un proceso penal por asociarse con pandillas para cometer fraude electoral.
Ese mismo día, la Fiscalía dejó claro que mantenía abierta una investigación contra otros políticos que aparecían en videos negociando con pandilleros. Esas imágenes fueron parte del expediente de casos judiciales contra cabecillas de esas estructuras relacionados con la tregua entre pandillas, que fue avalada por el gobierno de Funes (marzo de 2012).

Seis días después de que Valencia abandonó el país, un grupo de fiscales llegó al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para acusarlo de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, junto con otros seis vinculados a las negociaciones políticas de las pandillas. En los videos  que aparece el exministro Valencia  queda en evidencia que negoció el ingreso del FMLN en algunos territorios del país como San Luis La Herradura (departamento La Paz).

Otras de las evidencias que la FGR tiene para certificar las participación de Valencia son las declaraciones de los  testigos Noé y Salomón, quienes testificaron contra sus compañeros de pandillas a cambio de beneficios judiciales. Noé contó que el exministro de Gobernación les ofreció capacitar a los pandilleros para que establecieran maquilas, zapaterías, venta de ropa, entre otros negocios, que les permitieran generar  unos $100 millones de ganancias en dos años.

Las supuestas negociaciones de Valencia y cabecillas de pandillas, donde hubo un ofrecimiento de hasta $10 millones en créditos, ocurrieron cuando  era diputado, en el marco de la campaña electoral de 2014. La Fiscalía también tiene escuchas telefónicas en las que los pandilleros hablan sobre negociaciones y mencionan con nombre y apellido a los políticos.

Los otros imputados

Los otros acusados son Benito Lara, exdiputado y exministro de Seguridad con el FMLN; Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador; Paolo Luers, experiodista y columnista; Wilson Alvarado, dirigente de la organización Grupo Náhuatl; y Raúl Mijango, exmediador de la tregua entre pandillas. Hay un séptimo imputado, el exalcalde de Ilopango Salvador Ruano, para quien la FGR pide exoneración de cargos porque murió en julio de 2017.
El juzgado recibió ayer a los representantes legales de los seis procesados que están con vida, quienes llegaron para mostrar que sus defendidos están dispuestos a someterse al proceso judicial. El único que acudió personalmente fue Benito Lara.

El exministro Lara solicitó  a la sede judicial que le dé una copia de la acusación fiscal y que señale fecha para la audiencia inicial. En esa audiencia la jueza debe determinar si existen indicios de que los políticos cometieron delitos por negociar con las pandillas, para que el caso avance a la etapa de ampliación de pruebas, denominada Instrucción.

“Nosotros vamos a estudiar el requerimiento (acusación) y en su momento vamos a presentar todas las pruebas de descargo. En la audiencia vamos a decir todo. Me considero completamente inocente”, dijo Lara, que al ser cuestionado por la prensa no quiso negar las reuniones con pandilleros que le acusa la Fiscalía. “Es un golpe político al partido”, agregó.

La FGR está convencida de que Lara lideró, junto con Arístides Valencia, las negociaciones del FMLN con la Mara Salvatrucha (MS-13) y las facciones sureña y revolucionaria del Barrio 18 para que Sánchez Cerén ganara la presidencia en 2014. Los fiscales dijeron el sábado pasado que el FMLN dio $150,000 a las pandillas en la primera vuelta electoral y volvió a dar fondos en la segunda ronda, sin aclarar el monto.
“En la audiencia vamos a confrontar las declaraciones de un delincuente (testigos Noé y Salomón) versus la conducta mía en materia de combate a la delincuencia”, respondió ayer Lara. “Habrá que ver si lo que ha expresado ese delincuente confeso es congruente”, amplió su abogado, Marvin Flores.

Ernesto Muyshondt publicó en Twitter que hizo una petición similar a la jueza Marta Villatoro para que señale las fechas de notificación de cargos y audiencia inicial. “Expresando a la juez mi compromiso de comparecer y colaborar con la investigación en la búsqueda de la verdad”, reiteró el alcalde, que el domingo volvió al país tras una gira internacional.

La Fiscalía sospecha que Ernesto Muyshondt fue parte de las negociaciones que llevaron al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a pagar $100,000 a las pandillas para intentar que Norman Quijano ganara las elecciones de 2014.  Quijano está a la espera de conocer si la Asamblea le quita la inmunidad judicial (fuero) para enfrentar el proceso al igual que los demás imputados.

Las pesquisas agregan que Paolo Luers entregó los $100,000 a las pandillas en nombre de ARENA. El partido de derecha supuestamente pagó a las pandillas hasta la segunda vuelta electoral que perdió contra el FMLN, aunque los fiscales dicen que en la primera vuelta tuvo acercamientos con pandilleros, sin lograr acuerdos. Wilson Alvarado y Raúl Mijango, condenado a 13 años de cárcel por extorsión, también son señalados por los investigadores como enlaces entre pandilleros y políticos. 

El juzgado convocó esta mañana a todos los procesados para notificarles los delitos que la Fiscalía les imputa. El ministerio público solicitó a la jueza que ninguno  vaya a prisión provisional mientras avanza el proceso judicial: pidió que cumplan ciertas restricciones y el pago de una fianza de $100,000 para cada uno. 

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