Expresidente de CSJ a juicio por enriquecimiento ilícito

El exfuncionario le compró un vehículo al cuñado de “Medio Millón” y declaró menos dinero en sus cuentas.
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A juicio civil.  Desde diciembre de 2016 estaba listo el informe de Probidad sobre el enriquecimiento patrimonial de Calderón.

A juicio civil. Desde diciembre de 2016 estaba listo el informe de Probidad sobre el enriquecimiento patrimonial de Calderón.

Foto archivo/LPG.

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Expresidente de CSJ a juicio por enriquecimiento ilícito

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Ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avalaron ayer el informe de la Sección de Probidad que señala que Agustín García Calderón, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia (2000-2009), no logró justificar la procedencia lícita de $165,000.

Los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, María Luz Regalado, Paula Velásquez, Dafne Sánchez, Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sidney Blanco y el presidente de la Corte, Armando Pineda Navas, dieron sus votos para que García Calderón enfrente juicio en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador por el delito de enriquecimiento ilícito.

Una de las inconsistencias que encontró Probidad en la declaración de patrimonio de Agustín García Calderón es que en los registros bancarios no hay evidencia de que el exfuncionario retiró $10,000 para comprarle un vehículo a Rafael Eduardo Ardón Romero, cuñado de José Misael Cisneros Rodríguez, conocido como “Medio Millón” y quien fue designado como criminal transnacional por Estados Unidos.

El documento, además, detalla que el cuñado de “Medio Millón” compró este vehículo por $22,900 en un plazo de 36 meses el 20 de junio de 2009. Después de un año, lo vendió libre de impuesto a la esposa del exmagistrado por $10,000. Además de ese vehículo, también está otro a nombre de García Calderón, que fue comprado el 15 de junio de 2010 por $12,000.

“Por estas compras no se identificó ningún retiro en las cuentas bancarias que se relacione con dicho valor”, señala el informe de Probidad.

Probidad cuestiona por qué García Calderón no incluyó el saldo de varias cuentas bancarias en su declaración de patrimonio. Por ejemplo, en 2000, cuando tomó la posesión de la presidencia de la CSJ, no incluyó que en una cuenta tenía ahorrados $30,925.4 y solo declaró $22,857.14.

Lo mismo ocurrió el 30 de julio de 2003 para el cese de funciones. En otra cuenta de ahorro tenía $70,539.98 y solo declaró $46,925.4, es decir, una diferencia de $23,614.58. “Como resultado de la comparación entre la información vertida en las declaraciones juradas de patrimonio, concerniente a la disponibilidad de efectivo en caja y bancos, y los estados de cuenta proporcionados por las diferentes instituciones financieras, se determinó que en total $78,808.32 de saldos de cuentas bancarias no fueron incluidos en las declaraciones juradas de patrimonio... En tal sentido la información del estado patrimonial declarado no fue veraz”, reza el documento.

Otra irregularidad que cuestionó Probidad fue que 56 días después de que abandonó su cargo como presidente de la CSJ, detalló que solo recibió el monto de su pensión, que es de $3,100.89; sin embargo, él realizó a su cuenta un depósito por $25,688.13, lo cual corresponde a un giro del exterior, pero la Sección de Probidad desconoce la procedencia del ese dinero.

De igual forma, realizó depósitos anuales superiores a los percibidos en concepto de pensión, correspondiente a 2010 ($12,312.42), 2011 ($29,908.10) y 2012 ($13,098.11), que suman $55,318.63. Un último depósito fue el de $28,283.64, el cual corresponde al pago de “Bonificación por retiro de la carrera judicial”, de acuerdo con la información proporcionada por la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Probidad solicitó que el dinero regrese a las manos de la institución porque “ya este rescate deberá ser depositado a diferentes cuentas, ya que es ella (CSJ) la que pagó la prima de los seguros”.

El informe de Probidad estaba listo desde finales de diciembre del año pasado. En enero, los magistrados prefirieron no discutir el tema por varias semanas, hasta ayer en la sesión de Corte Plena, donde el caso alcanzó la votación mínima para ser enviado a juicio civil.

Este periódico buscó la opinión del expresidente de la CSJ ayer, pero no atendió su teléfono. En diciembre de 2016, dijo a LA PRENSA GRÁFICA: “Pues prácticamente se me pidieron algunos elementos de movimientos bancarios y se hizo la relación de la entrada y salida de los tres períodos de mi historial dentro de la función pública en el Órgano Judicial”.

En la administración de García Calderón la Corte cercenó las funciones de Probidad, lo que impidió a esa oficina solicitar más información bancaria para continuar investigando la administración del expresidente del país Francisco Flores.

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