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Expresidente de asamblea se avaló viáticos por $106,000

La Fiscalía acusa a Reyes de estar al frente de una estructura que se encargó de lavar dinero y estafar al Estado con el cobro de viáticos de la Asamblea. Además, considera que empleados del IPSFA y la CCR colaboraron con el exdiputado.

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28/noviembre/2014revelación  Una investigación de LA PRENSA GRÁFICA reveló que el IPSFA benefició al expresidente de la Asamblea Legislativa al venderle lotes a bajo precio.

28/noviembre/2014revelación Una investigación de LA PRENSA GRÁFICA reveló que el IPSFA benefició al expresidente de la Asamblea Legislativa al venderle lotes a bajo precio.

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La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado certificar que el expresidente de la Asamblea Legislativa (2011 - 2015), Othon Sigfrido Reyes Morales, modificó el reglamento del primer órgano del Estado para beneficiarse del cobro de viáticos que él mismo se autorizó en al menos 56 viajes que realizó fuera del país.

Según la Fiscalía, Reyes se avaló salidas fuera del país en donde se quedaba más tiempo de lo que duraba la misión. Por ejemplo, si el viaje estaba establecido para que durara tres días, la comitiva presidida por el exdiputado se quedaba hasta 10 días, por lo que el monto de los viáticos que cobraban era equivalente al tiempo que permanecía en el extranjero.

German Arriaza, director Anticorrupción y Unidades Especializadas de la FGR, dijo que la investigación contra el expresidente de la Asamblea, que duró desde 2006 a 2019, determinó que pudo haberse beneficiado hasta por un poco más de $106,000, utilizando ese sistema de cobro de viáticos.

El fiscal general de la república, Raúl Melara, agregó que Sigfrido Reyes, prófugo de la justicia desde el 9 de enero pasado, realizó los viajes cuando era presidente de la Asamblea Legislativa. Aunque la Fiscalía no cuestiona la legalidad de esas salidas del país, sí tiene reparos sobre el beneficio de los viáticos.

"Hay viajes que él pudo haber realizado apegado a la ley, lo que no es viable es la manera en cómo se adjudicaba sus viáticos, inclusive agarrando por más días de lo que la misión oficial incluía", dijo el fiscal general.

El jefe fiscal Arriaza explicó que además de la modificación al reglamento de la Asamblea para beneficiarse con los viáticos, también consideran ilegal la compra de cinco terrenos, ubicados en la residencial Greenside, de Santa Elena, en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, que negoció la empresa TERREIN, S.A. de C.V., propiedad de Sigfrido Reyes y su exsocio entonces Byron Larrazábal, con el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), en febrero de 2014.

Por esas dos actividades, la Fiscalía ordenó la captura el jueves pasado del expresidente de la Asamblea Legislativa y otras 13 personas, entre ellas su esposa Susy Melba Rodríguez, su exsocio Larrazábal y su hermano Earle René Reyes Morales. Además de otros dos parientes del exsocio, cuatro empleados del IPSFA y tres de la Corte de Cuentas.

Cuatro de la supuesta banda lograron evadir el operativo de captura que las autoridades realizaron el jueves pasado: el expresidente de la Asamblea, su exsocio Larrazábal, su hermano Earle y Karla Beatriz Recinos Ramírez, su exasistente cuando Reyes estaba al frente del parlamento.

A Reyes le imputan los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa, por ser considerado el cabecilla de la estructura dedicada a lavar el dinero ilegal.

Según la Fiscalía, la esposa del exdiputado "movió dinero, lo estratificó y lo metió a cuentas bancarias, ya sea de manera consciente o inconsciente", por lo que le imputan el delito de lavado de dinero y activos.

Entre los detenidos hay tres empleados IPSFA: el gerente general, René Antonio Díaz Argueta; la jefa del departamento de inmuebles, Delmy Beatriz Vela Jiménez; y la coordinadora de ventas, Jenny Elibeth Guadalupe . Ellos tres son acusados de incumplimiento de deberes y estafa.

Además, hay tres empleados de la CCR: la subdirectora de auditoría I, Noemi Candelaria Rodríguez; la auditora, Rosa Yanira Ruiz de Reyes; y el auditor, Atilio Castro Guevara. Los últimos dos son imputados por incumplimiento de deberes y la primera, además, por falsedad documental agravada.

El caso contra el exdiputado Reyes inició nueve meses después de aquella compraventa entre TERREÍN y el IPSFA, cuando LA PRENSA GRÁFICA publicó una investigación que reveló que el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada vendió los inmuebles al entonces presidente de la Asamblea Legislativa a un precio mucho menor del que tenían en el mercado inmobiliario. El descuento fue de $105,348.86 al precio total de cinco lotes sin ninguna justificación.

A pesar de esa rebaja, el exdiputado Reyes y su socio Larrazábal cancelaron $440,500 al contado por el inmueble.

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