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Expuestos a la tormenta, en hacinamiento, insalubridad, más de un mes en cuarentena y sin pruebas de covid-19

A las personas confinadas en una cancha por haber llegado del extranjero no les han hecho pruebas de covid-19, pese a que ya tienen más de un mes en detención. Mientras tanto, el Gobierno asegura que ha realizado más de 20 mil pruebas en el país e incluso habla de cabinas móviles para quien quiera someterse a un examen.

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Expuestos a la tormenta, en hacinamiento, insalubridad, más de un mes en cuarentena y sin pruebas de covid-19

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Un grupo de personas que es mantenida por el Gobierno en confinamiento forzoso tras haber llegado a El Salvador deportados de Estados Unidos desde hace más de un mes denunciaron las condiciones que sufren en el Centro Recreativo Pedro Pablo Castillo ubicado entre la octava y décima avenida sur en el bulevar Venezuela, en el barrio La Vega de San Salvador.

Foto: cortesía

Cristosal recibió las denuncias y entrevistó a 12 de los afectados. Todos manifestaron que llegaron el 24 de marzo y desde entonces no les han hecho ninguna prueba de covid-19. Ya tienen más de un mes, el período que les dijeron tenían que permanecer en el lugar, por lo que exigen su libertad.

Foto: cortesía

A las malas condiciones en que han tenido que vivir el último mes se sumó la fuerte tormenta de anoche.

Afectados esperan que el sol seque un poco sus pertenencias y colchonetas donde duermen. Foto: cortesía

Las personas son mantenidas en camarotes en una cancha y por el tipo de instalación el techo se encuentra a varios metros de altura con un buen espacio al descubierto, por lo que el agua anegó el lugar, mojó sus pocas pertenencias y las colchonetas.

Foto: cortesía

Un video en el que se ve cómo los azota la tormenta se observa a un grupo de personas intentando buscar ayuda con los policías que cuidan el lugar, pero no tuvieron éxito.

Foto: cortesía

Celia Medrano, representante de Cristosal, dijo que este es uno de los 13 centros de contención habilitados por el Gobierno en coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería en instalaciones municipales.

Afectados esperan que el sol seque un poco sus pertenencias y colchonetas donde duermen. Foto: cortesía

"Era imposible permanecer ahí. La PNC no lo dejaba salir, pese a las circunstancias", dijo Medrano. Mencionó que la forma en que están siendo tratados se asemeja a las de un centro penal.

"Consideramos que eso evidencia que se ha desbordado la capacidad institucional en el Ejecutivo de atender de manera adecuada las medidas adecuadas de contención de propagación del covid-19", dijo Medrano.

"Lejos de el discurso oficial de que las personas deportadas desde Estados Unidos estaban recibiendo un trato salubre, digno, adecuado, para estar en un perìodo de cuarentena que permitiera prevenir en caso de que hubiese personas que viniesen afectadas por covid-19, las imágenes que hemos visto en el centro Pedro Pablo Castillo dejan en evidencia que no ha sido así", denunció.

Agregó que Cristosal está intentando contactar a funcionarios públicos o instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que tomen acción.

También dijo que han intentado establecer comunicación con la persona encargada del centro de contención pero no está devolviendo las llamadas.

"Tenemos preocupación, dado que las personas están enojadas exigiendo salir del centro de contención y que la respuesta oficial sea una respuesta opresiva y no de manera digna y eficiente", manifestó Medrano.

En total, en el país hay 92 centros de cuarentena con 3,989 personas en confinamiento sanitario forzoso. Las denuncias recurrentes son que no les hacen pruebas de covid-19 o si las hacen no les comunican los resultados, y que no los liberan pese a haber cumplido el plazo de treinta días, pese a que el presidente Nayib Bukele dijo en Twitter que en la mayoría de casos  el virus se manifiesta en un período de cinco días.

Otras personas que exigieron su liberación al haber cumplido su tiempo en cuarentena y pidieron ayuda por mensajes en las ventanas del hotel Beverly Hills fueron llevados por el Gobierno fuera de la capital, lejos de las cámaras, al Hotel El Pacífico en el puerto de La Libertad que coincidió con la imposición de un estado de sitio en el que solo fuerzas de Seguridad y personal de Salud tenía permitido circular.

Un hombre de la tercera edad que estuvo más de 40 días en un centro de contención se convirtió en la octava víctima de covid-19 en El Salvador; la PDDH dijo que investiga su muerte pues pudo haberse contagiado en el lugar.

El Gobierno ha reportado ocho muertes por covid-19 pero mantiene silencio sobre otras personas que fallecieron bajo su tutela en centros de contención, por causas que no han sido esclarecidas públicamente.

La PDDH también investiga otro caso en el que el gobierno envió a su vivienda a una persona que rebasó el tiempo de cuarentena y luego le informaron que estaba contagiada, y la regresaron a un centro.

Hace un par de semanas, el ministro de Seguridad y Justicia Rogelio Rivas dijo que los centros de contención eran lugares donde los que violaran la cuarentena podían ser llevados con riesgo de contagiarse del covid-19.

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