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FAES alteró evidencia en caso Benítez: Fiscalía

FGR asegura que Fuerza Armada omitió informar armas matriculadas a nombre del exministro en expediente que remitió al inicio de la investigación. Además, cambiaron la viñeta a un fusil enviado a Fiscalía.
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La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) intentó burlar los controles del Estado en el marco de la investigación contra el exministro de la Defensa Atilio Benítez, según el asesor del despacho del fiscal general, Rodolfo Delgado. La Fiscalía General de la República (FGR) detectó que un fusil que había sido vendido bajo las órdenes del general Benítez tenía la aguja percutora de un arma que fue incautada y colocada bajo resguardo de un tribunal hace más de 10 años por la Unidad de Crimen Organizado, en un procedimiento en el que se liberó a dos víctimas de secuestro en Soyapango. Después de este hallazgo solicitaron a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que les enviara el fusil al que se le había quitado la aguja percutora.

La FAES, antes de enviar el arma, retiró la viñeta de identificación que tenía el fusil resguardado y, según Delgado, se la colocó a otro que se utilizó en la masacre de siete ciudadanos estadounidenses ocurrida en la Zona Rosa a manos de la guerrilla en 1985, el mismo que posteriormente fue decomisado a una banda de asaltabancos en Cojutepeque en 1999.

“Ese hecho en particular fue la guía de que algo no estaba bien en el interior de los depósitos de armas... Existió un indicio que nos señalaba que estaban alterando las armas que se encontraban en los depósitos. Una cosa fue lo que poco a poco nos llevó a otra”, explicó el asesor del fiscal.

Hubo más irregularidades. La Fiscalía solicitó a la Fuerza Armada el expediente en físico de las armas que estaban a nombre del general Benítez. La FAES, según la Fiscalía, omitió incluir al menos tres armas que aparecían a nombre del funcionario en la base de datos de la División de Armas y Explosivos.

“Por ejemplo, hay un Dragunov (un fusil de francotirador) que tenemos la evidencia que muestra que Benítez sacó de los depósitos de la Fuerza Armada y lo inscribió a su nombre. Este fusil no estaba en el expediente. Fue sustraído del expediente de armas de él, pero sí estaba en la base de datos de la División de Armas y Explosivos como matriculado a su nombre”, aseguró Xenia Linares, fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado.

Los fiscales señalaron que requerir información a una institución que están investigando ha representado serios inconvenientes para la investigación. “Nosotros estamos investigando indirectamente una institución, porque estamos investigando a X o Y persona que pertenecen a una institución, pero la colaboración de información se la estamos pidiendo a la misma institución. Eso es una limitante”, comentó la fiscal encargada del caso.

Una muestra de estos obstáculos es que la Fiscalía tuvo que pedir órdenes de allanamiento para poder ingresar a algunas guarniciones militares. Delgado aseguró que estos procedimientos se hicieron para tratar de obtener elementos de prueba que no querían proporcionar. El 30 de mayo de 2014, militares bloquearon los allanamientos que la FGR pretendía hacer en cinco instalaciones de la FAES, con órdenes de registro emitidas por el Juzgado Decimocuarto de Paz. “Nos explicaron que, si nosotros hacíamos ciertos registros, vulnerábamos la seguridad nacional, por el armamento”, dijo la fiscal Linares.

Benítez fue viceministro de la Defensa entre 2009 y 2011; y luego fue ministro de la Defensa entre 2011 y 2013. Los fiscales afirmaron que notaron ciertas “coincidencias” que deberán ser explicadas por la cancillería, con respecto a la fecha en la que Benítez fue nombrado embajador de España y el inicio de algunas diligencias de investigación en su contra. Sin embargo, no se atreven a afirmar que pudo haber existido algún tipo de “fuga de información”.

Los representantes del fiscal general dijeron que la investigación contra Benítez es la continuación de las averiguaciones que se hicieron sobre el comercio ilegal de armas realizado por el teniente José Arístides Figueroa, quien trabajó en la Dirección de Logística de la FAES. El Tribunal Quinto de Sentencia le ratificó recientemente la condena de siete años de prisión.

Un tour por el museo

A petición de los abogados defensores de Benítez, los diputados de la comisión especial de antejuicio participaron ayer en un recorrido por el Museo de la Fuerza Armada contiguo al despacho del ministro de la Defensa. Según la defensa de Benítez, con dicho recorrido buscan evidenciar que las armas que la Fiscalía asegura fueron sustraídas están en dichos lugares.

La fiscal del caso aseguró que, efectivamente, en el expediente de armas vinculadas a Benítez se muestra que el general entregó dos armas para que volvieran al resguardo del entonces secretario ejecutivo del Ministerio de la Defensa, Antonio Pérez Aguirre. La versión fiscal apunta a que entre estas armas devueltas está el Dragunov que la FAES omitió notificar. “Hay dos armas dentro del mismo expediente, dentro de la misma escritura que tenemos de transmisión de dominio de estas armas, que en efecto él las entregó. Probablemente está hablando de estas armas que antes de irse entregó al museo”, aseguró Linares.

El general Benítez alegó ayer que él tiene los permisos de las armas, y que pareciera que hay mala intensión de inculpar a alguien, y que “han querido inflar el caso y hacer una gran noticia de algo normal”.

Los fiscales valoran evaluar más adelante si existe responsabilidad penal por parte de los demás funcionarios vinculados a Benítez, como parte de una red de sustracción y comercio de armas dentro de la Fuerza Armada. Hasta el momento, la Fiscalía no tiene indicios de que el actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés, esté involucrado en los casos imputados a Benítez. El ministro dijo la semana pasada que daría todas las facilidades para la investigación.

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