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FAES oculta evidencia sobre venta de armas

Militares impidieron que fiscales se llevaran documentos de cinco guarniciones militares.
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El Ministerio de la Defensa Nacional impidió ayer que la Fiscalía General de la República (FGR) incautara documentación relacionada con una investigación contra altos oficiales del Ejército indagados por comerciar armas que estaban destinadas a ser destruidas, según denunció anoche el jefe fiscal contra Crimen Organizado, Rodolfo Delgado.

Los allanamientos iniciaron a las 11 de la mañana con órdenes de registro, con prevención de allanamiento, giradas por el Juzgado 14 de Paz de San Salvador. La fiscalía investiga a altos oficiales militares, de quienes no reveló la identidad, por actos arbitrarios y comercio de armas, delitos supuestamente cometidos entre 2009 y 2013.

La fiscalía ingresó al Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA), a la Oficina de Registro y Control de Armas, al Estado Mayor, al Comando de Fuerzas Especiales y a la Inspectoría General de la Fuerza Armada. Sin embargo, una vez que localizaron la documentación que buscaban, el personal militar impidió que la sacaran de las instalaciones militares. Según Delgado, los fiscales fueron expulsados por los militares a cargo.

De acuerdo con Delgado, fue el mismo ministro David Munguía Payés quien dio la orden de no entregar a los fiscales la documentación que serviría de evidencia para la investigación sobre tráfico de armamento militar. Este, a su vez, según la FGR, lo hizo por orden del presidente de la República, Mauricio Funes.

“El coronel Óscar Velásquez Escobar, entiendo que es el jefe de armas, aduce una orden del ministro de Defensa de no colaborar con la Fiscalía General de la República en la investigación. Él ha manifestado que el ministro Munguía Payés le transmitió órdenes de que no entregara la documentación de los expedientes que queremos incautar”, explicó Delgado.

Uno de los fiscales que realizaron el procedimiento explicó que se retirarían de los recintos, pero deducirán responsabilidades. La fiscalía llegó a las cinco guarniciones militares acompañada por agentes de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil. Los soldados instalaron una barricada afuera del Estado Mayor a eso de las 8 de la noche. “El problema está en que no vamos a entrar en una polémica en la cual sea necesario hacer uso de la fuerza”, comentó el fiscal Delgado.

LA PRENSA GRÁFICA se comunicó a las 9:15 de la noche con el ministro Munguía Payés, quien negó que la orden de no dejar entrar a los fiscales hubiera sido suya. El general también dijo que el presidente Funes tenía conocimiento de la situación, pero tampoco no quiso confirmar si fue el mandatario quien pidió prohibir el trabajo fiscal. “Hubo algunas cosas que comenzaron a reñir con el tema de la seguridad nacional en la forma en que ellos vinieron”, dijo escuetamente el ministro Munguía Payés. Más tarde, Defensa giró un comunicado donde denunciaba que los fiscales que participaron en el procedimiento actuaron de forma “prepotente y maliciosa”.

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