FGR no reconoce petición de antejuicio contra Munguía Payés

El documento, relacionado con la tregua entre pandillas, fue publicado por el periódico español El País. La FGR aseguró que indagará si ha sido falseado.
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La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó, a través de su unidad de comunicaciones, que indagará la existencia de un documento con una petición de antejuicio contra el ministro de Defensa, David Munguía Payés, por actos arbitrarios y agrupaciones ilícitas durante la tregua de pandillas. El documento fue publicado por el periódico español El País, pero la FGR no se responsabilizó de su autoría.

El periódico español publicó este miércoles una nota acerca de la acusación contra los mediadores de la tregua entre pandillas, empleados de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), entre otros; así como una petición oficial de antejuicio contra Munguía Payés, supuestamente promovida por el actual fiscal general, Douglas Meléndez.

La unidad de comunicaciones de la FGR explicó que el documento podría haber sido preparado en la administración anterior, pero que también algunos detalles podrían haber sido falseados. El documento contiene dos escudos en la primera página.

Sin embargo, la FGR planteó el pasado 6 de mayo, en su acusación contra 21 personas, un relato de supuestos delitos en los que identifica a Munguía Payés como parte fundamental de la supuesta estructura que participó de la tregua.

Ese requerimiento plantea literalmente: “De todos los elementos y argumentos antes expuestos, considera la representación fiscal que se tienen los elementos necesarios, idóneos y suficientes para imputar a David Victoriano Munguía Payés...”.

Consultados al respecto, la FGR negó que hubiera decidido no acusar al funcionario a último momento, aunque en otras partes del requerimiento también lo identifica como parte de los acusados.

La tregua entre pandillas se oficializó luego de que 30 cabecillas fueron trasladados del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca (La Paz), el 8 y 9 de marzo de 2012, hacia otros de controles menos severos. Luego de los traslados, el índice diario de homicidios pasó de 13 a cinco víctimas. El proceso se dio por roto ya para diciembre de 2013.

La acusación fiscal apunta a que los mediadores, los oficiales de la PNC y otros acusados cometieron delitos de introducción de objetos ilícitos a prisiones, y alteraron documentación penitenciaria para permitir los traslados.

Aunque la FGR insistió en que Munguía Payés no formaba parte de los acusados, cambió su postura luego de que se conocieron los detalles del requerimiento. Para el pasado 11 de mayo, día en que el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador efectuó la audiencia contra los acusados ausentes, la Fiscalía decidió pedir la reserva total del caso.

El trámite implica que ya no podrán conocerse públicamente los detalles del proceso judicial.

El documento publicado por el periódico El País está dirigido hacia la Asamblea Legislativa, organismo encargado de desaforar a los funcionarios y plantea un relato casi igual de supuestos delitos ya expuestos en el requerimiento contra las 21 personas ya procesadas judicialmente.

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