FGR pide cárcel por acuerdos con pandillas

Fiscal general dijo que actualmente no puede procesar a nadie por arreglos con pandillas. Aunque sí pueden procesarlos por otros delitos. Hay acuerdo en la Asamblea para aprobar tres reformas penales esta semana.
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La comisión legislativa de seguridad discutirá, en los próximos días, una propuesta de reforma penal para establecer penas de prisión para quienes hagan tratos, o lleguen a acuerdos, con pandilleros para conseguir beneficios, según dijo ayer el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, luego de una reunión con diputados.

“Esa no era una de las propuestas originales de la Fiscalía, pero luego de ser consensuada con el equipo de Casa Presidencial, estamos proponiendo que todas aquellas personas y agrupaciones que estén aprovechándose de la situación para promover y ayudar a las pandillas sean procesadas por haber cometido el delito de asociación y acuerdos con pandillas, porque eso además es recíproco: hacen un acuerdo para también obtener algún tipo de beneficio”, declaró el fiscal.

En la reunión que sostuvo ayer con la comisión, según explicó Meléndez, no les alcanzó el tiempo para discutir la propuesta, por lo que probablemente será abordada el viernes.

El jefe del ministerio público también dijo que la cantidad de años de prisión a imponer aún debe ser discutida en la comisión de seguridad. La propuesta, para incluir ese nuevo delito en el Código Penal, supone una reforma al artículo 345, que habla sobre agrupaciones ilícitas. Actualmente, ese artículo no especifica que sea delito reunirse con el propósito para llegar a acuerdos con pandillas.

Como actualmente no existe una figura delictiva por acuerdos con pandillas, ninguna de las personas que gestaron, promovieron y fungieron como mediadores de la tregua entre pandillas en 2012 puede se procesada, según aseguró el fiscal. No obstante, matizó, podrían ser llevados a tribunales por otros delitos relacionados con agrupaciones ilícitas.

“Ha ocurrido que, llevando esto a la tregua entre pandillas que todos conocimos, no hay propiamente un delito, pero lo que sí existen son situaciones y delitos que se puedan dar en ese marco de una posible negociación y que es la razón por la que sigue abierta una investigación por la tregua”, explicó el funcionario.

La Fiscalía General de la República tiene abierta una investigación en contra de varios alcaldes por supuestamente haber negociado y llegado a acuerdos con pandilleros. El fiscal general no detalló cuántos son los alcaldes investigados ni reveló los nombres; aunque confirmó que el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, y el diputado Ernesto Muyshondt están entre los investigados por haber sostenido una reunión con pandilleros durante la campaña presidencial 2014.

Supuestos voceros de pandillas difundieron este lunes un comunicado donde sostienen que dirigentes del FMLN también se reunieron con pandilleros durante esa misma época electoral para acordar beneficios entre ambas partes si el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, ganaba las elecciones. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, rechazó ayer esa afirmación.

“Se han equivocado en el sentido de querer creer que este gobierno vamos a dar marcha atrás de la estrategia que hemos adoptado de combatir, de perseguir sin tregua a los grupos criminales; las acciones de este gobierno no están motivadas en cálculos electorales, la acción firme del presidente Salvador Sánchez Cerén, como ha expresado, es que no vamos a negociar, no vamos a pactar con criminales”, declaró Chicas en una entrevista de la televisión estatal.

Reformas aprobadas en comisión

La comisión legislativa de seguridad aprobó ayer un dictamen para que en la plenaria de este próximo jueves sean aprobadas tres reformas propuestas por la Fiscalía. La primera tiene que ver con el artículo 337 del Código Penal, que se refiere a la resistencia de que un funcionario público o agente de seguridad ejecute su trabajo. La reforma será ampliar la pena e incluir que se penalice la obstrucción con arma de fuego.

“Visité a los fiscales de la oficina fiscal de Usulután y solicitaron chalecos antibalas, porque se siente con temor cuando realizan procedimientos como levantamientos de cadáveres o procedimientos de investigación y por eso es necesario que se reforme este artículo”, comentó el fiscal Meléndez.

La segunda reforma tiene que ver con la ampliación de la definición de terrorismo, recogida por la Ley contra Actos de Terrorismo (LECAT). “Lo que queremos es que las actividades delictivas que cometen los pandilleros sean consideras como actividades terroristas, pero así como está la definición actual no se puede procesar por terrorismo, y si en algún momento las pandillas sufren rupturas, no queremos que esas nuevas pandillas queden fuera de la ley contra actos de terrorismo”, explicó Meléndez.

La tercera reforma que podrían aprobar los diputados el próximo jueves tiene que ver con concederla la facultad a la Fiscalía de ordenar capturas en contra de menores infractores, algo que actualmente no es posible.

“Así como está la ley, que en realidad fue concebida cuando la Fiscalía era la quinta rueda de un carro y no tenía atribuciones, no podemos girar órdenes administrativas de capturas en contra de menores que infringen la ley”, recordó el fiscal Rodolfo Delgado, quien acompañó al fiscal general a la reunión de la comisión.

El fiscal general consideró, además, que están “atados de manos para poder ordenar capturas en contra de menores, y hay que respetar los derechos de los menores, pero ya tenemos una buena cantidad de menores que infringen la ley y hay que capturarlos”, dijo.

La propuesta de la FGR es reformar los artículos 52 y 54 de la Ley Penal Juvenil actualmente le otorgan únicamente la potestad de ordenar capturas de menores a jueces o, si es el caso, a la Policía Nacional Civil (PNC) cuando sorprende a un menor cometiendo una infracción a la ley.

El viernes, si la comisión se reúne, también discutirá la reforma sobre procesar a menores infractores como adultos ante la ley.

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